Dos proyectos que inquietan al Gobierno quedarán mañana en condiciones de discutirse en el recinto de la Cámara de Diputados. Se trata de la declaración de emergencia en salud pediátrica y de una iniciativa para garantizar el financiamiento de las universidades públicas. La oposición buscará dictaminar y volverá a tensar la relación con Javier Milei, que ya avisó que vetará cualquier medida que comprometa el equilibrio fiscal.
Ambas propuestas apuntan a recomponer los salarios de médicos, docentes y personal auxiliar, además de actualizar los recursos para asegurar el funcionamiento de hospitales y universidades. Durante la última sesión, que terminó en escándalo, sólo los libertarios y un puñado de diputados de Pro se opusieron a forzar el debate en comisiones. Las iniciativas lograron 66 y 68 votos, lejos de los 87 necesarios para sostener un eventual veto presidencial.
El resto de los bloques -incluso aquellos que hasta ahora se mostraban cercanos al oficialismo- pidió habilitar la discusión. Entre ellos estuvieron Mariano Campero y Martín Arjol, dos de los seis radicales “con peluca” que rompieron con su bancada para respaldar a Milei. Los emplazamientos también revelaron ocho ausencias clave en Pro, decisivas para el objetivo oficialista de evitar que el Congreso se convierta en un frente abierto en plena campaña.
Este martes habrá dos plenarios para dictaminar los proyectos. El primero, a las 12, reunirá a las comisiones de Salud, Familia y Presupuesto para tratar la propuesta de Unión por la Patria (UP), impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, que declara la emergencia sanitaria pediátrica por dos años.
El proyecto contempla una recomposición salarial para el personal de salud que atiende a población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023. Además, exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, tanto en el ámbito público como privado. También autoriza la compra directa de insumos y medicamentos esenciales, y obliga al Poder Ejecutivo a cubrir los costos con fondos de contingencia sanitaria.
El segundo plenario será a las 16, con participación de las comisiones de Educación y Presupuesto. Allí se debatirán seis proyectos: cuatro sobre el financiamiento universitario, uno sobre la actualización salarial docente, y otro de la izquierda que propone declarar la emergencia presupuestaria de las universidades.
Las propuestas sobre financiamiento universitario incluyen dos de UP, uno consensuado por radicales, Coalición Cívica y Encuentro Federal, y otro elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y presentado por las diputadas Blanca Osuna (UP) y Danya Tavela (Democracia). Todas buscan asegurar recursos para el ejercicio fiscal 2025.
Coinciden en la necesidad de actualizar los gastos de funcionamiento, aunque difieren en la metodología. UP y el proyecto del CIN proponen ajustes automáticos desde el 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con actualizaciones bimestrales o mensuales. El proyecto opositor más moderado plantea un esquema combinado que incluye IPC, variación cambiaria y tarifas de servicios públicos.
En cuanto a los salarios docentes y no docentes, la mayoría establece que deben ajustarse según la inflación acumulada desde fines de 2023, con posteriores actualizaciones periódicas. La iniciativa Democracia, la CC y Encuentro Federal, en cambio, propone convocar a paritarias y fijar un piso equivalente al incremento del Índice de Salarios del sector público.
Todos los textos contemplan la ampliación y actualización por inflación de los programas de becas estudiantiles, así como el fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades, a través de partidas específicas.
El proyecto del CIN es el único que incluye un mecanismo de financiamiento: propone transferencias mensuales del Tesoro Nacional al programa de “Desarrollo de la Educación Superior”, a partir de la “Proporción Universitaria” de los fondos coparticipables, sin afectar la distribución provincial.
También se destaca por establecer una meta de largo plazo: alcanzar el 1,5% del PBI en inversión universitaria para 2031. Esa cláusula, que vincula el presupuesto al PBI, representa una línea roja para la política fiscal del Gobierno. El proyecto incluye además un fondo anual de $10.000 millones (actualizable por IPC) para promover carreras estratégicas, como Inteligencia Artificial.
Por su parte, el proyecto del Frente de Izquierda es el más ambicioso. Declara la “emergencia presupuestaria” de las universidades y propone una batería de medidas: cuadruplicar el presupuesto en ciencia y técnica; saldar salarios perdidos por inflación en un solo pago; destinar $3.000 millones iniciales y $10.000 millones mensuales a obras sociales universitarias; asignar $100.000 millones para infraestructura y $30.000 millones para tareas de extensión. Para financiarlo, plantea usar fondos del Tesoro, eliminar pagos de deuda “ilegal y fraudulenta” al FMI y aplicar impuestos extraordinarios al capital y a la renta financiera.
Por último, se debatirá una propuesta que apunta a recomponer el salario docente en los niveles obligatorios, formación técnica y docente. Obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias en un plazo de cinco días desde la sanción de la ley, y establece que el salario mínimo no podrá ser inferior a la inflación acumulada desde enero. También exige restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno. Según los fundamentos del proyecto de Osuna, el salario mínimo docente garantizado, hoy en $500.000, debería superar el millón de pesos para no quedar por debajo de la línea de pobreza.
