Alberto Nelson Barnada incurrió en una imprudencia al transportar 500 kilos de explosivos de alto voltaje en la caja de una camioneta, sin cumplir con los requisitos legales ni adoptar las medidas de seguridad adecuadas. Fue detenido el año pasado en la ruta 12, y este jueves comenzó el juicio en el cual se discute la gravedad de su conducta y el nivel de peligro generado. Declararon testigos expertos en explosivos de la Policía de Entre Ríos, y las audiencias continuarán la semana próxima.
Barnada, de 77 años, nació en Chajarí pero ha desarrollado su vida en Posadas, Misiones. Se dedica al comercio de equipos viales y mineros y posee un título terciario de piloto comercial de avión. El 12 de junio del año pasado, conducía su camioneta Toyota Hilux por la ruta nacional 12 cuando policías del puesto caminero Santa María, cerca de Cerrito, lo detuvieron para un control de rutina.
Al ser interrogado sobre la carga de la caja, indicó que transportaba agroquímicos. Sin embargo, al inspeccionar más detenidamente, los efectivos se dieron cuenta de que eran cajas de un material diferente. Posteriormente, se verificó que el hombre llevaba 500 kilos de Gelamon V.F. 65% distribuidos en 20 cajas de cartón, cada una con 15 panes del explosivo, que se encontraban bajo una lona. En total, el peso del contenido era de 500 kilos. Este procedimiento tuvo repercusión a nivel nacional, siendo presenciado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y los policías que descubrieron la carga fueron reconocidos por el gobernador Rogelio Frigerio.
Barnada provenía con la carga desde Córdoba, donde había adquirido el Gelamon en la empresa FATMAN (nombre clave que se dio a la bomba lanzada por Estados Unidos en Nagasaki, Fat Man). Esta empresa le vendió el material legalmente, proveniente de Fabricaciones Militares. No obstante, se desconoce cómo llegó a manos del misionero sin que se presentara ningún tipo de documentación, permiso, habilitación o cualquier otro requerimiento exigido por la normativa vigente para la compra o manipulación de este tipo de elementos.
El delito que se le imputa es la “tenencia simple de materiales explosivos sin la debida autorización o sin poder justificar su uso doméstico o industrial”, con una pena de tres a seis años de prisión.
El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Paraná, bajo la dirección unipersonal de Noemí Berros. El fiscal general a cargo de la acusación es José Ignacio Candioti, mientras que Barnada cuenta con la defensa de Andrés Bacigalupo. En la primera jornada del debate, Barnada participó mediante videoconferencia; aunque comenzó con su identificación, el proceso se retrasó debido a problemas de conexión. El acusado tenía la intención de declarar, pero lo hará en persona en la próxima audiencia.
A continuación, tres testigos pertenecientes a los Bomberos Zapadores, especializados en explosivos, prestaron declaración. El comisario Julio Godoy informó que Barnada no cumplía con ninguna de las normativas de seguridad al transportar el material, desde la señalética en el vehículo hasta la ausencia de una lona antichispa. Explicó que el Gelamon es uno de los explosivos de más alto voltaje y capacidad de destrucción, utilizado para volar rocas, minas y canteras.
Además, destacó la gravedad de haber cruzado el Túnel Subfluvial, lo cual está prohibido, y, al ser consultado por el fiscal, señaló que un accidente con derrame de combustible habría tenido consecuencias fatales tanto para el viaducto como para la vida humana.
Por otro lado, las 316 unidades de Gelamon secuestrado, clasificadas como “alto explosivo con Nitroglicerina”, fueron trasladadas a la sede del Ejército Argentino en Paraná, desde donde solicitaron su traslado al polvorín del Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, donde existen condiciones adecuadas para su almacenamiento.
