El Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros, impuso una condena de tres años de prisión condicional a Alberto Nelson Barnada, de 77 años, por la tenencia ilegal de explosivos. El acusado fue sorprendido el año pasado en el control caminero de Cerrito con 500 kilos de Gelamon V.F. 65% ocultos en la caja de una camioneta Toyota Hilux.
Según información obtenida por ANÁLISIS, a solicitud del fiscal general José Ignacio Candioti, la magistrada también ordenó el decomiso tanto del vehículo como del material explosivo, y dispuso que el juzgado federal siga investigando el destino final del cargamento ilegal. Durante el juicio, Barnada fue defendido por los abogados Andrés Bacigalupo y Ladislao Uzin Olleros.
Barnada, oriundo de Chajarí pero residente en Posadas, Misiones, se dedica al comercio de equipos viales y mineros. Además, cuenta con un título terciario de piloto comercial de avión.
El operativo se llevó a cabo el 12 de junio de 2024, cuando policías del control de Santa María detuvieron la camioneta para realizar un control rutinario. Al ser interrogado, Barnada alegó que transportaba agroquímicos, pero la revisión reveló 20 cajas con explosivos de alto poder, sumando en total 500 kilos. La carga había sido adquirida en Córdoba, cerca de Alta Gracia, en la firma FATMAN, la cual está abastecida por Fabricaciones Militares. Sin embargo, el comerciante no tenía ninguna autorización, permiso ni habilitación para la compra o el traslado de dicha mercancía.
Este caso generó una fuerte repercusión a nivel nacional, siendo seguido de cerca por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Asimismo, los policías que descubrieron la carga recibieron un reconocimiento por parte del gobernador Rogelio Frigerio.
En el juicio, Barnada explicó que había optado por realizar el viaje de esa manera para evitar los costos de transporte. Argumentó que carecía de documentación porque su cliente, una importante empresa constructora, no contaba con el permiso necesario para la adquisición del material, y minimizó el peligro que representaba trasladar esa carga a través del túnel subfluvial.
Durante su declaración el 26 de agosto, Barnada detalló el origen de su viaje, señalando que habían surgido muchas especulaciones y que era importante aclarar ciertos puntos. Comentó que no era común tomar una decisión así y que se complicó por la falta de un certificado para la obra de su cliente.
Barnada explicó que, al llegar al polvorín de San Agustín de FATMAN, se enteró de que el certificado necesario para el traslado no había sido recibido y que, dependiendo de las circunstancias, podría recurrir a otros clientes para dirigir el material. Resaltó su relación de larga data con la empresa Proobra, para la cual había trabajado durante casi 40 años, y reiteró que había tomado la decisión de seguir adelante con el viaje.
Al ser interrogado por el fiscal Candioti sobre por qué transportaba los explosivos en esas condiciones, Barnada repitió que no tenía otra opción y que pensó que lo único que le faltaba eran los documentos específicos para el vehículo y el conductor. Afirmó que los riesgos asociados a la carga estaban exagerados, sosteniendo que el diseño de la camioneta limitada el contacto del material con los metales de la caja, aunque también reconoció la restricción en la cantidad de cajas que pueden ser apiladas por razones de resistencia.
