En la segunda jornada del juicio por el hallazgo de 500 kilos de explosivos en la caja de una camioneta en la ruta nacional 12, el imputado, Alberto Barnada, declaró que optó por realizar el viaje sin la documentación necesaria para ahorrar en costos de transporte. Explicó que su cliente, una importante empresa constructora, no contaba con el permiso para la compra del material, y restó importancia al peligro que suponía la carga que transportaba, incluso al atravesar un túnel subfluvial. Durante la audiencia, se presentaron cuatro testigos que atestiguaron el procedimiento en el que se descubrió el Gelamon.
El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido de manera unipersonal por la jueza Noemí Berros. El fiscal general José Ignacio Candioti se encarga de la acusación, mientras que Barnada es defendido por Andrés Bacigalupo y Ladislao Uzin Olleros.
Barnada, de 77 años y oriundo de Chajarí, aunque residenciado en Posadas, Misiones, se dedica al comercio de equipos para la construcción y posee un título terciario de piloto comercial. El 12 de junio del año pasado, su vehículo, una camioneta Toyota Hilux, fue detenido en un control de rutina por policías del puesto caminero Santa María, cerca de Cerrito. Se confirmó que transportaba 500 kilos de Gelamon V.F. 65% en 20 cajas de cartón, cada una conteniendo 15 panes del explosivo, ocultos bajo una lona.
Barnada explicó sobre el viaje, señalando que se habían generado muchas especulaciones y era importante aclarar el motivo. Relató que, tras llegar al polvorín de San Agustín de FATMAN, se enteró que la empresa Proobra no había obtenido el certificado necesario, lo que complicaba la entrega del material. Como proveedor de Proobra durante casi 40 años y con una relación amistosa, decidió continuar con el viaje a pesar de las irregularidades.
Contextualizando su decisión, Barnada afirmó que realizar el viaje en camioneta le representaba un ahorro significativo. Un camión de 6,000 kilos costaba alrededor de 3,500 dólares, mientras que el transporte en su camioneta le costaba solo 300 dólares. También destacó que el transporte generaría una ganancia, dependiendo de para quién fuera el material.
Sobre su relación con FATMAN, comentó que ha mantenido un vínculo de confianza durante más de una década. Sin embargo, cuando decidió llevar el material explosivo, la situación se volvió compleja. Al ser interrogado sobre por qué transportó los explosivos sin la documentación, Barnada argumentó que creía que se exponía a un delito administrativo debido a la falta de ciertos requisitos, pero minimizó el riesgo involucrado, sosteniendo que no existían antecedentes de explosiones en camionetas y que la estructura de su vehículo mitigaba el contacto del material explosivo con superficies peligrosas.
El juicio incluye testimonios de testigos civiles, como un hombre de apellido Miño, quien describió haber observado la camioneta durante el procedimiento y notó que no había señalización que indicara la carga de explosivos. Otro testigo, Hernán Reichel, también declaró sobre las condiciones en que se encontraba la carga en la camioneta, resaltando que estaba ocultada cuidadosamente y rodeada de artículos diversos.
Los policías que intervinieron en el procedimiento también testificaron, recordando cómo, tras una actitud nerviosa de Barnada, se levantó la lona y se descubrieron las cajas de explosivos. Aseguraron que la situación fue manejada con mucha cautela y protocolos de seguridad.
El juicio sigue en desarrollo, y se espera que las evidencias y testimonios aporten claridad sobre la complejidad del caso y las implicaciones legales para Barnada.
