En el partido de Carlos Casares se libra una batalla silenciosa e desigual —casi conocida como la “guerra del agua”— en la que advierten que el enemigo no es la naturaleza, sino la acción deliberada del hombre. Allí, Julián Carlos, productor agropecuario de 450 hectáreas, de las cuales solo 50 están fuera del agua, denuncia que la Municipalidad está sacrificando sus campos para evitar que el casco urbano se inunde. Su familia está arraigada en esa tierra desde hace varias generaciones y asegura que el Municipio, en lugar de canalizar, tapa los pasos de agua. LA NACION habló con el intendente Daniel Stadnik, quien negó las acusaciones y lo invitó a presentar una denuncia formal.
Para el productor, la raíz del problema es una mezcla de geografía y negligencia histórica. La zona es una planicie salpicada de lomas y hondonadas naturales por donde el agua debería escurrir; sin embargo, la Ruta Nacional 5 actúa como una gigantesca represa que contiene el flujo que baja desde el sur. Desde marzo no puede entrar ni salir de su campo y acusa al municipio y a un presunto acuerdo con un reconocido empresario rural por mantener cerradas las alcantarillas que permitirían el drenaje.
“Nunca hicieron nada para que el agua fuera y fluyera. Soy el tapón de Casares”, resumió el productor, que advierte que la situación remite a la vivida en el 2000. La falla de infraestructura original se agravó con el tiempo por “sucesivas obras municipales mal hechas o directamente inexistentes”, lo que generó un “tapón” que deja a 19 estancias, entre ellas la de Julián Carlos, atrapadas en un mar interior cada vez que llueve con intensidad.
Contó que llevan tiempo dialogando con el intendente Stadnik para buscar una solución que no llegó. “El 65% del problema que tenemos acá es inacción humana o mala acción; solo el 35% se debe a los 1500 milímetros que llovieron en este tiempo. Cada vez que llueve, esto se transforma en un mar. La ruta actúa como una represa porque nunca hicieron los desagües para que el agua corra“, dimensionó.
La solución técnica, según el productor afectado, sería reencauzar el agua bordeando la Ruta 5 hasta un canal existente en la estancia “El Broquel”. Esa estancia, sostiene, controlaría arbitrariamente el paso del agua al contar con el canal aprobado y decidir cuándo abrir o cerrar las alcantarillas. Según el productor, la estancia pertenecería a la familia del expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati.
Según afirmó, “existe un convenio entre el Municipio y Biolcati que solo autoriza el paso del agua hasta el kilómetro 313,5 de la ruta”, actuando como un cuello de botella. “Y vos, ¿qué convenio hiciste conmigo para dejarme el agua a mí y a los productores que estamos de este lado?”, contó que fue la recriminación que le dirigió al intendente.
LA NACION se comunicó con el intendente de Casares, quien respondió que “no existe ningún convenio con Biolcati” ni con ningún otro privado, y aseguró que el municipio está ejecutando las tareas pertinentes en la zona. “No me consta a mí que El Broquel o La Dorita hayan hecho algo. No digo que no lo hayan hecho, pero no me consta. El productor debería hacer la denuncia si detecta que hay algún problema con estas dos estancias, tanto El Broquel como La Dorita, que son las dos de Biocalti”, dijo el intendente.
El intendente de Carlos Casares Daniel Stadnik
LA NACION también se comunicó con Biocalti, quien negó ser el dueño de El Broquel. “La mía se llama La Dorita, El Broquel es un vecino”, remarcó, y agregó: “Nosotros recibimos agua, nunca taparíamos, queremos que siga su curso”.
De acuerdo con una empresa argentina que proporciona información comercial y financiera a través de informes, el presidente de la Estancia El Broquel era Héctor Esteban Biolcati [fallecido], mientras que su vicepresidente es Diego Héctor Biolcati, y María de los Ángeles Biolcati figura como directora. Hugo Luis Biolcati, en efecto, aparece como presidente de La Dorita.
Según el intendente Stadnik, desconoce qué sucede con el paso del agua en el kilómetro 313,5 de la ruta: “No tengo ni idea. Se limpió un canal que está hecho sobre la Ruta 5, hasta el kilómetro 313-500 porque es lo que estaba acordado, porque es el agua que pone en riesgo la planta urbana de Carlos Casares, con una máquina que contrató la provincia. Esa es una obra provincial y no sé absolutamente cómo está. Se hizo una expropiación en un momento dado dentro del campo La Dorita, justamente para cruzar este canal, pero esto es una obra provincial”.
Biolcati, por su parte, desmintió ser un obstáculo para el flujo del agua y dijo ser también un afectado por la crítica situación hídrica. “Yo cuando voy a la zona me tengo que quedar en hoteles porque no puedo acceder al campo”, afirmó. Negó asimismo la existencia de un pacto con el municipio para frenar el escurrimiento que inunda las zonas productivas: “No hay acuerdo o convenio en el medio. La Municipalidad está haciendo todos los trabajos que puede”, sostuvo.
El productor denuncia anegamientos por el mal manejo del agua y complicidad del municipio
Biolcati además atribuyó la inundación a un problema de mayor escala que excede su propiedad y que afecta a la provincia. “No es solo agua de lluvia. Es agua del oeste, son las obras sustanciales que hay que hacer como la zona del Salado”, argumentó, y añadió que esas obras “se fueron abandonando en distintos períodos y cada 10 años hay estas grandes inundaciones”. En ese marco, lo enmarcó como una “crisis histórica” que se agrava por la falta de infraestructura provincial.
Por último, Julián Carlos aseguró que ya perdió casi toda su producción —le quedan dos bolsones de comida— y dijo que “lucha por salvar sus 300 vacas con alimento para apenas dos meses”. Recordó que su padre vivió una situación similar, al igual que otros productores de la región, que siguen atrapados entre el agua y una disputa judicial que ya lleva 24 años con fallos favorables en primera y segunda instancia. Todos resisten mientras ven cómo su patrimonio y su historia se hunden, “esperando una solución que, después de más de 20 años”, aún no llega. “Soy el tapón de Casares: estoy hipotecando mi salud“, resumió finalmente.
El campo de la familia afectada
Coinciden en que la responsabilidad principal recae en la Dirección de Hidráulica, que no ejecutó ni controló las obras necesarias en los últimos 25 años.
Así está una parte del campo
