Este jueves a las 18:30, el legislador Gregorio Hernández Maqueda presentará un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. Esta propuesta tiene como objetivo reformar la Ley 10.326 y establecer una regulación uniforme, independientemente de la voluntad de cada Ejecutivo municipal.
El evento se llevará a cabo en la sala de actividades legislativas y contará con la participación de comerciantes, víctimas de delitos relacionados con esta práctica, concejales, legisladores de la oposición y funcionarios municipales. Entre los invitados se encuentran las legisladoras Alejandra Ferrero (UCR) y Patricia Botta (PRO), así como los concejales Jessica Rovetto Yapur y Javier Fabre.
Según Maqueda, el sistema actual permite la formación de redes informales que, en ocasiones, derivan en situaciones de amenaza, extorsión y delito. “No se puede lucrar con la amenaza de que tu auto podría sufrir daños. La seguridad debe ser responsabilidad del Estado y no de particulares”, advirtió Hernández Maqueda antes del evento.
Cambio de postura en el oficialismo
El legislador considera que ha surgido un nuevo contexto político para debatir la reforma, tras el reconocimiento público por parte del intendente Daniel Passerini de esta problemática y su anuncio de medidas para erradicar a los cuidacoches del Parque Sarmiento, con planes de extender estas acciones a Güemes y Nueva Córdoba. “Eliminarlos solo del Parque Sarmiento no es suficiente ni justo. Deben establecerse reglas claras e iguales para todos”, planteó Maqueda.
En 2024, una propuesta similar presentada por el mismo legislador fue rechazada por el oficialismo, que la consideró “racista y clasista”. No obstante, esa vez recibió el apoyo de veinte legisladores, y ahora busca ampliar consensos incorporando aportes de distintos bloques.
Tras el evento, el proyecto será oficialmente ingresado para su tratamiento en las comisiones correspondientes, con la expectativa de llegar al recinto en las próximas semanas. El debate anticipa cruzamientos de opiniones en torno a la seguridad, la regulación del espacio público y la informalidad laboral.
