Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad es la degradación de los recursos naturales, en particular la de los suelos cultivados. La erosión del suelo figura entre las principales amenazas señaladas en el Informe 2015 de la FAO sobre el Estado de los Recursos del Suelo en el Mundo. Se estima que el 33% de los suelos del planeta ya está degradado y que, si continúa la tendencia actual, más del 90% podría estarlo para 2050. Alrededor de 2.000 millones de hectáreas están deterioradas de forma irreversible y, de las 1.700 millones restantes, un 60% (1.000 millones de hectáreas) presenta procesos degradatorios de moderados a graves, que afectan anualmente entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra productiva. Aún no se comprende en toda su magnitud que la vida sobre la tierra depende en gran medida de la delgada capa de suelo, que garantiza la provisión de alimentos, el uso sustentable del agua, la conservación de la biodiversidad y el control del clima global.
Si bien la erosión del suelo es un proceso natural presente en todos los climas y continentes, la actividad humana lo incrementa y acelera entre 100 y 1.000 veces mediante prácticas agrícolas inadecuadas, la deforestación, el sobrepastoreo y cambios inapropiados en el uso del suelo. El suelo es un recurso finito: su pérdida y degradación no se recuperan a escala humana.
La erosión comienza en el predio del productor, pero genera efectos externos visibles en la sedimentación de las partículas arrastradas. El primer efecto reduce la productividad del suelo; el segundo perjudica a poblaciones urbanas y rurales y a la infraestructura, por la sedimentación en rutas, caminos, embalses, centrales hidroeléctricas, plantas potabilizadoras, puentes, alcantarillas y por la necesidad constante de dragar canales de navegación.
En Estados Unidos, los costos de la erosión del suelo se estiman en US$44.000 millones anuales, mientras que en la Unión Europea se destinan US$45.400 millones al año para compensar la pérdida de fertilidad del suelo y la sedimentación en los recursos hídricos. En nuestro país se calcula que alrededor de 100 millones de hectáreas están afectadas por erosión hídrica y eólica, lo que provoca en las zonas damnificadas de la Región Pampeana una pérdida anual aproximada del 22% de la producción, estimada en unos US$1500 millones, considerando sólo los cultivos de trigo, soja y maíz. Esa estimación parte de un predominio de grados de erosión ligeros y moderados en la mayor parte de la superficie afectada. Sin embargo, el proceso es dinámico y tiende a agravarse si no se adoptan prácticas correctivas. Si la erosión aumentara y pasara a grados moderado y severo, las pérdidas llegarían al 31% de la producción, lo que representaría unos US$4200 millones. Aunque no existe una evaluación exacta, se estima que el costo total de la erosión al menos triplica esas cifras si se consideran además los daños a la infraestructura ya mencionados.
El silencioso deterioro del “capital suelo” nos obliga a preguntarnos si los cálculos de rentabilidad de los sistemas de producción son acertados. Hay costos ocultos de producción —por ejemplo la disminución de la materia orgánica, de la dotación de nutrientes y del buen estado de la estructura del suelo— que, en general, no se consideran al estimar la rentabilidad de un cultivo o sistema de producción, y que se suman al proceso erosivo que va destruyendo paulatinamente el capital suelo. Por ello, gran parte de las exportaciones agroindustriales del país se realizan a expensas de la integridad y la salud del recurso suelo, sin que estos costos se reflejen ni en las cuentas empresariales ni en las nacionales.
Debe tenerse en cuenta que Argentina se ha convertido en un actor relevante para la seguridad alimentaria mundial, en un contexto de demanda creciente de alimentos en las próximas décadas. Eso representa una gran oportunidad, pero exige detener el deterioro continuo de los suelos y demás recursos naturales. En este sentido, como ejemplos a imitar, las provincias de Entre Ríos y Córdoba, con la colaboración del INTA y las universidades, aplican con éxito leyes provinciales de conservación de suelos que promueven prácticas y mecanismos para el cuidado del recurso y la lucha contra la erosión hídrica y eólica. La vigencia de esas normas sintetiza la importancia de las políticas públicas orientadas a la conservación del suelo.
El cuidado de los suelos y la gestión ambiental serán estratégicos para Argentina en los próximos años, por lo que la conservación del suelo debe incorporarse a la agenda nacional. Así se podrá velar por su integridad y salud, contribuyendo a que nuestra agricultura retome plenamente la senda de una producción sustentable, base del bienestar nacional.
El autor es director del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (Prosa–Fecic) y Académico de Número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
