Los productores del partido bonaerense de San Vicente manifestaron que su paciencia ha llegado a un punto de quiebre. Desde hace cuatro años, aguardan la reparación o el reemplazo de un puente crucial para la producción, que permanece cerrado por decisión del municipio y, hasta la fecha, no ha tenido una solución definitiva. Esta situación impacta no solo en la logística agropecuaria, sino también en los vecinos, alumnos y familias que dependen de este camino rural fundamental para acceder a servicios esenciales.
El reclamo fue reiterado en julio pasado a través de una carta de la Sociedad Rural de San Vicente (SRSV) dirigida al intendente Nicolás Mantegazza, de Unión por la Patria (hoy Fuerza Patria), y al presidente del Concejo Deliberante, Paolo Raddavero. En la misiva, expresaron su “gran preocupación y desánimo” por la falta de avances.
“La problemática que nos preocupa son los caminos rurales”, inicia el documento, que describe un panorama alarmante: “Durante años hemos soportado el deterioro progresivo de estas vías, que se han vuelto intransitables y peligrosas para todos, afectando no solo a la producción, sino a toda la comunidad rural que depende de ellas para desplazarse”.
El puente en cuestión, conocido como “Puente Martínez”, se sitúa sobre el arroyo Samborombón Chico, a unos 12 kilómetros del núcleo urbano, en un camino municipal considerado fundamental para el transporte de la producción y el acceso a la escuela rural N°3.
Horacio Deciancio, presidente de la Sociedad Rural de San Vicente, explicó a LA NACION: “Este puente tiene más de 100 años. Hace cuatro años, la municipalidad lo clausuró porque se iba a construir uno nuevo, el cual fue licitado y adjudicado en 2023, pero nunca se concretó. Ignoramos qué ocurrió con el dinero de ese presupuesto.”
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Desde entonces, los vecinos y productores se han visto obligados a utilizar un paso improvisado por debajo de la estructura, compuesto por caños y tosca, que se torna intransitable con cada lluvia. “En la última tormenta, el agua pasó un metro por encima de ese paso, y no se pudo cruzar”, detalló Deciancio.
El dirigente recordó que ese camino no solo es esencial para la producción, sino también para la vida cotidiana: “Los alumnos que intentan cruzar ese puente no pueden asistir a la escuela cuando llueve. Es un problema enorme para la comunidad,” subrayó.
La carta enviada al municipio refleja este mismo malestar: “La situación es insostenible. Los pozos, las huellas anegadas, los puentes y alcantarillas en ruinas, la falta de limpieza de zanjas y caminos desatendidos durante años han convertido nuestras vías en un obstáculo para la vida diaria.”
Deciancio advirtió que, antes del cierre total del puente, los productores ya habían solicitado trabajos de mantenimiento. “Habíamos pedido al intendente que se realizara la nueva cinta asfáltica. Solo llegaron a colocar una carretilla en un pozo para evitar que los autos cayeran,” recordó.
Según un informe de la entidad, en 2024 San Vicente recibió $73.995.857 del Fondo Compensador para mantenimiento de caminos rurales.
A pesar de los compromisos verbales, no se han realizado acciones. “Hemos estado insistiendo ante el intendente; nos aseguró que se llevarían a cabo, se licitó, pero no se concretó,” añadió.
La entidad demandó que se asignen fondos locales para llevar a cabo al menos una reparación, previa evaluación técnica. “Si tienen fondos de la tasa vial para caminos rurales que no utilizan, que intenten arreglarlo con ese dinero. Que busquen a alguien de Vialidad que verifique el estado del puente, ya que tiene bases robustas que deberían soportar mucho peso. A simple vista, creemos que se puede reparar,” afirmó Deciancio.
En la carta institucional, los productores fueron más contundentes: “La ruralidad está harta de promesas incumplidas y de la inacción del municipio. Son escasas las medidas implementadas para el mantenimiento y mejora de los caminos rurales troncales y sus anexos.”
El deterioro se ha agravado este año con el regreso de las lluvias. “En los últimos años, hubo sequías, por lo que no se inundaba y se podía pasar por debajo. Sin embargo, la semana pasada cayeron 100 milímetros, y se anticipa que vendrán otros 100. Con esas lluvias, no hay paso posible,” relató el presidente de la Rural.
Uno de los aspectos más delicados para los productores es el destino de los fondos que contribuyen. “En el partido se recaudan más de $600 millones anuales con la tasa vial, y solo emplean $60 millones que coparticipa la provincia, así me informaron en el municipio. La tasa de guías y marcas también debería destinarse a caminos, pero no se aplica. Son fondos de libre disponibilidad,” denunció Deciancio.
En la carta, la Sociedad Rural destacó: “Los impuestos y tasas que aporta el sector rural no se traducen en acciones concretas ni en soluciones para mejorar la vida de los vecinos.”
Los productores también pusieron el foco en el uso de los fondos. “Cuando solicitamos información, nos dijeron que solo destinan lo que manda la provincia por el inmobiliario rural. El resto no se emplea en el mantenimiento de caminos ni en el puente,” explicó Deciancio.
En un informe de la entidad, se indicó que para esos 600 kilómetros, en 2024, de acuerdo a la ley provincial 13.010, el monto transferido al municipio para mantenimiento de caminos rurales, equivalente al 12% del impuesto inmobiliario, fue de $73.995.857.
En lo que respecta a las guías de traslado y permisos de marcación, se proyecta que para 2025 este esquema generará una recaudación superior a los $26.700 millones. “En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, este sistema se ha convertido en una mera herramienta recaudatoria, sin ofrecer contrapartida real de servicios. La guía de traslado no tiene una finalidad fiscal ni económica; su función, establecida por ley provincial, es registrar los movimientos de ganado para garantizar la seguridad de la propiedad durante el tránsito. Actualmente, este trámite se realiza a través de un sistema digital autogestionado directamente ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, sin intervención municipal. Sin embargo, numerosos municipios continúan cobrando tasas por este trámite, a pesar de no brindar ningún servicio relacionado, en clara violación del principio de legalidad tributaria. Aun así, las disparidades entre municipios son injustificables. Mientras algunos distritos no cobran tasa alguna, otros aplican valores que superan los $6000 por animal, generando una distorsión absurda para un trámite idéntico,” expresaron en la Sociedad Rural local.
“El intendente ya se encuentra en su segundo mandato y fue quien cerró el puente, pero no ha tomado ninguna medida al respecto. Seguimos esperando,” remarcó Deciancio.
En la carta, la SRSV insistió: “Solicitamos de buena fe un plan de acción concreto, mientras el clima lo permita, para la mejora de caminos troncales, el relleno de baches y la definición sobre la reparación o reconstrucción del puente sobre el arroyo Samborombón Chico.”
LA NACION se comunicó con el intendente Mantegazza, quien prometió dar una respuesta, algo que aún no ha sucedido.
