En abril de 2003 quedó promulgada la ordenanza 8.393 que crea el sistema de Presupuesto Participativo para la ciudad de Paraná. Han pasado cinco años y jamás se hizo un solo movimiento para ponerlo en marcha. La ordenanza es letra muerta en un papel que amarillea en algún lugar del Concejo. Surgió en el último tramo de la gestión de Sergio Varisco, que finalizó sin ningún amague de aplicación. Atravesó los cuatro años de la gestión de Julio Solanas durmiendo el sueño de los justos, aunque hubo un intento de modificación “transitoria” que no prosperó: haberlo hecho hubiese significado destruir el espíritu de la norma. Ahora, con una nueva gestión que prometió “participación” en la campaña electoral, no hay tampoco noticias. Oficialmente, desde Hacienda se conjeturó que posiblemente a fin de año haya alguna novedad, pero en concreto no hay nada. Claro que si se pretende hacerlo efectivo para el año que viene, en este momento se debería estar determinando el monto sobre el cual discutirían los vecinos este año las obras a ejecutarse en 2009. Pero si el Gobierno pretende empezar a charlar el tema a fin de año, y siempre que haya decisión política, se trabajaría en los barrios durante todo 2009 y recién se incluirían los proyectos de los vecinos en el Presupuesto 2010.Tantos años han pasado, que hoy el Presupuesto Participativo parece casi una utopía. Sin embargo, no es un proyecto descabellado: la ciudad de Rosario (1 millón de habitantes) lo elabora exitosamente desde 2002 y hasta tiene voto electrónico; en Entre Ríos, La Paz venía poniendo en discusión el Presupuesto municipal completo; y Chajarí también había empezado a trabajar con un mecanismo similar.CÓMO ES. La ordenanza de Presupuesto Participativo (PP) de Paraná deja en manos de los vecinos el 8% del total de los recursos municipales, por lo que, si se aplicara, este año los ciudadanos deberían estar deliberando el destino de 21,8 millones de pesos (según el Presupuesto 2007, que quedó en $272,8 millones; aún no se aprobó el Presupuesto para 2008). La ordenanza de PP divide la ciudad en ocho regiones, en cada una de las cuales se debe realizar una asamblea regional de vecinos que establecerá las prioridades. La asamblea elegirá 10 delegados para la segunda instancia: el Plenario, que decidirá sobre la factibilidad de las propuestas. Este Plenario designará ocho delegados a la tercera instancia: la Mesa Ejecutiva. La Mesa estará conformada por ocho funcionarios y 8 vecinos y aquí se determinará el PP definitivo. Suponiendo que el PP se pusiera en marcha ahora y se elaborara durante todo 2008, los proyectos que se acuerden entrarán sí o sí en el Presupuesto general 2009. La ejecución de las obras y/o servicios que decidan los vecinos para sus barrios sería seguida de cerca por las asambleas regionales durante el ejercicio, según lo prevé la ordenanza 8.393. TRABAS La presente gestión municipal justifica la no aplicación en lo inmediato en que la ordenanza no está reglamentada. Es cierto: nadie, en todos estos años, ha intentado hacerlo. Todos, quien más quien menos, han aducido que el sistema que aprobaron los concejales en 2003 es “engorroso”, “de difícil, por no decir imposible, aplicación”, etcétera. Quizá, si a algún Intendente le hubiese preocupado la ejecución de la ordenanza y hubiera pensado que se complicaría el desarrollo de los debates y de la toma de decisiones, podría haber planteado modificaciones o hubiese sacado un decreto reglamentario con las aclaraciones pertinentes. Sólo uno de ellos, Julio Solanas, lo intentó (al inicio de su gestión) pero su proyecto de modificación destruía el significado de la norma: en abril 2004 elevó un proyecto de ordenanza que cambiaba “transitoriamente” la ordenanza de PP y determinaba que el Ejecutivo decidiera dónde y qué obras se harían según los montos por pago de Tasas que se recaudaran en cada barrio y con arreglo a “la colaboración de las comisiones vecinales respectivas en la elevación de los índices de cumplimiento de los contribuyentes”. Es decir, anulaba la participación en términos de toma de decisiones de los vecinos y -lo que es peor- propendía a que los barrios más opulentos tuvieran más mejoras que los más pobres.La implementación del PP no sólo facilita que un barrio que necesita asfaltar una calle lo logre, sino que tiene una función importantísima: la construcción de ciudadanía en el debate y en el desarrollo de consensos a partir de la diferencia.
