
El reciente aumento de la Tasa de Protección Ambiental, dispuesto días atrás por el intendente de Pilar, Federico Achával, mediante una ordenanza municipal, volvió a centrar la atención del equipo económico en la presión impositiva a nivel subnacional, justo cuando buscan reducirla. Tras semanas de cruces en , el Ministerio de Economía presentó este miércoles un portal de Transparencia Tributaria Municipal que detalla qué tasas cobran los distintos distritos, cuánto cobran y a qué sectores económicos aplican.
“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, destacó Economía en su cuenta oficial de X.
El portal, construido sobre un mapa de la Argentina, identifica qué tasas se cobran en cada municipio, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y aporta información clave como bases imponibles y alícuotas aplicables. Además permite comparar jurisdicciones, “con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”.
Si bien desde Casa Rosada recomiendan a los ciudadanos no comprar en Pilar —o, por ejemplo, en Lanús el año pasado— y optar por municipios limítrofes donde resulte más barato, en el Palacio de Hacienda sostienen otro tono. Como contó Infobae, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, considera que hay que cobrar a las empresas los quebrantos impositivos actualizados por la inflación, aun cuando existe una ley que lo autoriza. Para las compañías, eso se traduce en un costo igual o superior al de una tasa ambiental.
El mapa de Caputo
En la provincia de Buenos Aires, el portal identifica los municipios que aplican la Tasa vial, las que alcanzan a entidades financieras, a actividades primarias, a industrias y a hipermercados. Además, utiliza un código de colores para mostrar las alícuotas: en el caso de los hipermercados, Pilar aplica un 4,5% y aparece en naranja, mientras que Lanús —donde gobierna Julián Álvarez— figura en rojo con un 6%.
Pese a ello, Caputo está atado de manos respecto de las tasas municipales: pertenecen al ámbito de los intendentes y él no tiene facultades para intervenir. Se espera, sin embargo, que la “reforma tributaria estructural” prometida para este año incluya una suerte de Pacto Fiscal, similar al que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que esta vez se cumpla.
La cuestión de Ingresos Brutos
Ese fue uno de los temas que el sector privado planteó al ministro durante su intervención en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). La consulta —provocada adrede por una de las cámaras vinculadas al consumo— buscaba poner el asunto sobre la mesa y también exponer a Caputo.
Le consultaron si la reforma tributaria incluiría un acuerdo con los gobernadores para reducir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el principal mecanismo de recaudación provincial que, sin embargo, afecta con dureza al sector privado por los saldos a favor que generan los regímenes de retención anticipada. Ante eso, el ministro terminó respondiendo que no.
Se trata de un impuesto sobre el que tienen potestad los gobernadores y que constituye su principal fuente de financiamiento. El equipo económico lo entiende así, y sus apuntes se concentran, sobre todo, en lo que se recauda por las operaciones bancarias.
La promesa de reforma tributaria
Al cierre de este año se habrán cumplido dos ejercicios sin que el Ejecutivo haya avanzado en un proyecto de reforma tributaria. La última vez que el presidente Javier Milei se refirió al tema fue durante una cadena nacional por el primer aniversario de gestión, cuando aseguró que los equipos técnicos estaban ajustando los últimos detalles de una propuesta que eliminaría la mayoría de los impuestos que tienen escasa incidencia en la recaudación total.
De cara a las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, se decidió priorizar en una primera etapa el presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal y la reforma laboral que, aunque incorpora cambios impositivos, no constituye una reforma tributaria integral. Expertos sostienen que las modificaciones previstas buscan reducir el costo para las grandes empresas. Desde el peronismo calculan que, con la baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias de Sociedades, solo se beneficiarían 144 empresas.
Por ahora se conoce poco sobre la reforma tributaria estructural que, según dicen, el Gobierno presentaría a fines del primer trimestre de 2026. Caputo, sin embargo, advirtió que no hay que hacerse demasiadas ilusiones porque no es posible afectar el superávit fiscal. “El impuesto al cheque, alrededor de 1,5% del PBI, las retenciones 1,2% (…). Son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo porque de corto plazo implica romper el ancla fiscal”, señaló el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires semanas atrás.
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