Los sindicatos aeronáuticos se alistan para intensificar su confrontación con el Gobierno, justo antes del receso invernal. A partir de este jueves, las organizaciones gremiales tienen la intención de definir medidas de fuerza y unirse en un plan de acción conjunto en oposición al “vaciamiento” de las empresas públicas y lo que consideran una política de “desregulación salvaje” promovida por el ministro Federico Sturzenegger.
Inicialmente, la conflictividad alcanzará un nuevo nivel a partir del viernes 11 de julio. En esa fecha, los controladores aéreos de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) planean iniciar, desde las 12, un cronograma de acciones sindicales que buscan incidir en el despegue de los vuelos en todos los aeropuertos del país. La organización ha denunciado que llevan “más de 10 meses sin respuesta” ante sus solicitudes de aumento salarial dirigidas a las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.
El pasado 4 de julio, Atepsa mantuvo una audiencia con su par, donde EANA y los otros organismos rechazaron el cronograma de medidas gremiales, advirtiendo que el esquema “no resulta viable conforme a la demanda estacional”. La discrepancia sobre el alcance de la protesta radica en que los controladores aéreos desempeñan una actividad esencial y, por lo tanto, su interrupción total podría acarrear riesgos para la vida y la seguridad de las personas. “La autoridad aeronáutica sigue presentando informes sesgados y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga”, denunciaron desde el sector sindical tras la última reunión ante la Secretaría de Trabajo.
No obstante, la atención se centrará en lo que suceda un día antes, el jueves 10, cuando los cinco gremios aeronáuticos (APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y ATEPSA) se reúnan en un plenario de delegados y dirigentes con el objetivo de analizar y coordinar acciones sindicales frente a las políticas actuales que “amenazan gravemente la sostenibilidad del sistema aeronáutico nacional”.
En un comunicado oficial, el frente de “sindicatos aeronáuticos unidos” denunciaron las políticas de desregulación, la extranjerización del mercado y la precarización de las condiciones laborales. Desde la perspectiva gremial, las nuevas disposiciones son un “proceso de entrega planificada” del sector aéreo que representa un nivel de gravedad “inédito” en cuanto a derechos laborales y estándares técnicos relacionados con la seguridad operacional de los vuelos. El “vaciamiento sistemático de empresas estratégicas” como Aerolíneas Argentinas, Optar y la posible privatización de Intercargo son ejemplos de las consecuencias de estas políticas.
El reagrupamiento gremial, programado para las 11 en la sede de APLA, coincide con una serie de advertencias previas de otros sindicatos de la actividad. Cada gremio enfrenta problemáticas específicas y aborda los conflictos de acuerdo a lo que considera mejor para su colectivo. “Sin embargo, estamos organizados e intentamos avanzar todos juntos hacia medidas de fuerza. Hasta ahora no tenemos fecha ni modalidad para una acción conjunta, pero lo estamos analizando y trabajando”, señalaron fuentes gremiales.
De entrada, el sindicato de pilotos APLA, encabezado por Pablo Biró, aprobó por unanimidad realizar un paro nacional de actividades en rechazo al Decreto 378/2025, que impone una reducción de los tiempos mínimos de descanso para el personal de vuelo y amplía los márgenes de horas máximas de vuelo permitidas. Aunque la fecha de la huelga aún no está confirmada, esta moción será considerada en el próximo plenario del jueves.
Para los pilotos, el cambio regulatorio representa un “ataque directo a la seguridad operacional y las condiciones laborales de las tripulaciones”. El sindicato ha subrayado que esta reducción afecta la capacidad de recuperación de las tripulaciones y expone a la aviación nacional a mayores riesgos de fatiga y posibles incidentes de vuelo críticos.
En este contexto, el Gobierno ha optado por suspender de manera temporal la aplicación de la normativa por 90 días, a pedido de las aerolíneas. Sin embargo, la resolución aún se encuentra vigente. Desde la cartera de Sturzenegger, se justificó la estrategia de desregulación del “régimen laboral aeronáutico” argumentando que permitiría mayor flexibilidad empresarial, alineándose con los estándares de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Según el enfoque oficial, con el esquema anterior se “aumentaban innecesariamente los costos operativos de las aerolíneas”.
El malestar sindical se mantiene activo. En junio, los sindicatos aeronáuticos presentaron ante el Comité de Libertad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el Gobierno por la violación de los principios del derecho de huelga. Entre los puntos rechazados, se destaca la declaración de la actividad aeronáutica como “servicio esencial”. Se prevé que la tensión con el Poder Ejecutivo aumente en torno a este tema, ante la convergencia y posible escalada de protestas en la previa de la temporada alta de vacaciones de invierno, una de las épocas de mayor tráfico aerocomercial.
En el comunicado conjunto previo al plenario, los gremios justificaron el conflicto por “la falta de inversión, la pérdida de profesionales y la improvisación en la gestión”. Están preparados para ofrecer una respuesta “colectiva, contundente y organizada” en “defensa de nuestra soberanía aérea, nuestras fuentes laborales y la seguridad operacional”. “No hay lugar para la indiferencia. Está en juego el futuro de la aviación argentina”, anticiparon.
Atepsa, con un paso adelante respecto a los demás sindicatos, ha ratificado un plan de acciones que contempla un total de diez días de movilizaciones durante julio. Las medidas incluirán no recibir ni transmitir los planes de vuelo en los horarios publicados y tienen como objetivo impactar en el despegue de aeronaves, salvo en operaciones sanitarias, humanitarias o de emergencia. Para este sindicato, se han “agotado todas las instancias administrativas” para resolver el conflicto.
