La organización ecologista Greenpeace expresó su preocupación respecto al Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este plan incluye el espionaje a organizaciones y activistas ambientales, quienes han enfrentado agresiones en redes sociales por parte de actores vinculados a Javier Milei.
Además, la vigilancia abarcará tanto al activismo ambiental como a los pueblos originarios, así como a aquellos que tengan la capacidad de incidir políticamente, puedan obstruir proyectos extractivos o promuevan energías renovables y temas relacionados con el cambio climático.
La organización calificó esta medida como un espionaje ilegal, ya denunciado ante la Justicia por organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. Declaró: “Denunciamos las agresiones en redes sociales hacia Greenpeace, otras organizaciones ecologistas, y sus integrantes y activistas, a manos de funcionarios o seguidores del gobierno. La libertad de expresión limita ideas que puedan cuestionar o ser contrarias a las políticas estatales”.
Asimismo, destacó que las manifestaciones públicas son “herramientas para visibilizar reclamos e interpelar a las autoridades” y alertó que cuando se amenaza o reprime esta libertad, “la calidad de la democracia se ve afectada en su práctica diaria”. Por ello, el ejercicio de la protesta pacífica es un derecho que el Estado debe garantizar. Tras revisar los documentos divulgados por LA NACION, se confirmó que el plan tiene como objetivo monitorear a “actores de interés” y “actores no estatales” que puedan influir en la opinión pública con ideas contrarias al gobierno.
Ante esta situación, surgió preocupación entre representantes del sector, quienes calificaron de “escalofriante” la decisión oficial. Ese jueves, procedieron a la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director del organismo, Sergio Neiffert, y su director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
El Plan de Inteligencia Nacional 2025 incluye seguimiento a activistas y grupos sociales
En octubre del año pasado, se llevó a cabo una reunión secreta entre la cúpula de la agencia de inteligencia y los miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. En ese encuentro, diputados y senadores cuestionaron la ambigüedad y los riesgos del Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN).
Lo que comenzó como un mero documento se materializó a finales de enero, cuando una directiva secreta firmada por Diego Kravetz, abogado especializado en derecho ambiental, ordenó “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pudiera “aprovechar la polarización política”. Aunque no se especificaron los grupos, el alcance incluye sectores con capacidades para obstruir proyectos o incidir en políticas.
La revista Crisis publicó una investigación que incluye fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional, revelando objetivos concretos, en su mayoría relacionados con el activismo ambientalista, después de que el Gobierno refutara en varias ocasiones lo divulgado en los medios. Según el documento, uno de los lineamientos estratégicos se centra en organizaciones ecologistas y en actores que puedan frenar la exploración y explotación de recursos naturales.
Del mismo modo, se prevé el seguimiento a quienes defiendan patrimonios culturales o sagrados para comunidades locales si eso implica frenar proyectos productivos. De manera general, no precisa qué recursos estratégicos abarca, aunque menciona los sectores de energía, petroquímica, producción agropecuaria y minerales como cobre, aluminio y acero.
Asimismo, se enfoca en minerales y tecnologías de la transición energética, así como en mercados y políticas de economías bajas en carbono. Además, propone recopilar información sobre procesos climáticos –como tormentas, sequías y olas de calor– y sobre contaminación que impacte la producción, la vida o el patrimonio.
Posteriormente, Sergio Neiffert se reunió nuevamente con la Comisión Bicameral, presidida por Martín Lousteau y con Leopoldo Moreau como vicepresidente. En ese encuentro, negó que la agencia tenga previsto espiar a organizaciones de la sociedad civil y se comprometió a revisar el PIN conforme a las sugerencias legislativas.
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