De la redacción de INFORME DIGITAL
Un informe publicado esta semana por La Nación puso en agenda nacional la falta de independencia judicial en las provincias. Sostiene que seis de cada diez jueces superiores tienen vínculos con el poder político y que, en Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se negó a brindar información sobre los antecedentes privados de sus miembros antes de ser designados. A partir de esa nota, dos exfuncionarias judiciales entrerrianas destituidas —Cecilia Goyeneche y Josefina Etienot— reaparecieron en redes con fuertes críticas. Esta es la nota de La Nación:
“Esos jueces amigos, socios, novias de encumbrados políticos salpicados por investigaciones de corrupción alardean su poder destituyéndome, otorgando libertad a Urribarri en plena feria judicial”, escribió Goyeneche en su cuenta personal. “Hace años venimos marcando el problema que representa la falta de independencia del STJ entrerriano”, agregó.
Etienot, por su parte, citó en su publicación la respuesta oficial del STJ ante un pedido de acceso a la información pública: “No resulta procedente brindar información sobre hechos o circunstancias que incumben al ámbito privado”. Esa fue la contestación formal del máximo tribunal ante una consulta sobre si sus miembros tenían vínculos personales, familiares o políticos con dirigentes provinciales antes de asumir. Etienot expuso esa negativa como una muestra del hermetismo institucional del tribunal y cuestionó la falta de transparencia en los procesos de designación.
Ambas exfuncionarias alegan haber sido víctimas de persecución política. Sin embargo, los fallos que determinaron sus destituciones se basaron en hechos comprobados y no fueron revertidos judicialmente.
Cecilia Goyeneche fue destituida en 2022 por el Jury de Enjuiciamiento, tras la denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Ambos habían sido también denunciantes principales en las causas por corrupción contra Sergio Urribarri, por lo cual difícilmente puedan ser asociados al aparato político del exgobernador. En el caso Goyeneche, acreditaron que el contador Ignacio Opromola —uno de los implicados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura— era socio de Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal, y que compartían un estudio contable desde donde se habrían canalizado parte de esas contrataciones irregulares.
Aunque Goyeneche negó cualquier vínculo con Opromola, el Jury consideró probado que existía una relación directa entre su entorno familiar y un imputado clave, lo que vulneraba el principio de imparcialidad e independencia en su rol como fiscal anticorrupción. La documentación completa está detallada en informes como el publicado por Infobae.
En el caso de Josefina Etienot, su destitución fue dispuesta el 19 de junio de 2025 por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos. El fallo se basó en múltiples denuncias por violencia laboral, acreditadas por testimonios y documentación interna. Se le atribuyó “trato autoritario, humillaciones, gritos, maltrato emocional y desvalorización de tareas” hacia su equipo de trabajo. El fallo fue publicado por el Poder Judicial ver resolución oficial.
A pesar de los argumentos públicos que ambas intentan sostener, sus destituciones se resolvieron por motivos éticos y disciplinarios documentados, no por el contenido de sus investigaciones ni por interferencia directa del poder político.
No obstante, el debate sobre la independencia judicial en Entre Ríos sigue abierto. A diferencia de los jueces ordinarios, los miembros del STJ no acceden por concurso ni son evaluados por el Consejo de la Magistratura. Son designados directamente por el gobernador y aprobados por el Senado provincial, lo que convierte su nombramiento en una decisión 100% política. Aunque la Constitución establece que deben actuar con independencia, el origen partidario de sus cargos sigue generando cuestionamientos.
La nota de La Nación, reproducida por INFORME DIGITAL en su sección Entre Ríos en los medios nacionales, expone esa debilidad estructural: sin filtros institucionales ni concursos públicos, la legitimidad de los fallos queda condicionada por el origen político de sus autores.
