El ex presidente de Enersa, Jorge González, amplió su declaración indagatoria este jueves en el Juzgado Federal de San Isidro. Según pudo confirmar ANÁLISIS, González rechazó las acusaciones que pesan sobre él y solicitó que se convoque a declarar a los miembros del directorio y los gerentes de la gestión anterior. Además, explicó su relación con los hermanos Tórtul, sugiriendo que los mensajes que lo incriminan “podrían estar sacados de contexto”.
González está acusado de recibir sobornos de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul, así como de llevar a cabo negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Enersa/Securitas.
En abril, fue detenido y trasladado al Escuadrón de Delitos Complejos de Gendarmería en Buenos Aires. Tres días después, fue presentado en el Juzgado Federal de San Isidro, donde optó por no declarar. En julio, decidió ampliar su declaración y este jueves presentó un escrito solicitando su sobreseimiento y la disposición para responder preguntas.
Durante la audiencia, estuvieron presentes la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, quien lidera la investigación. González llegó acompañado de sus nuevos abogados, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías. El ex funcionario explicó que en su primera comparecencia ante la jueza se sintió “aturdido y en estado de shock”, lo que le llevó a abstenerse de declarar. Ahora, con el respaldo de nuevos asesores legales, decidió hablar, convencido de no haber cometido delito alguno.
Al negar las acusaciones, González afirmó: “Si alguien habló demás, lo hizo a mis espaldas, no puedo responsabilizarme por eso”. Se refirió específicamente a la adjudicación del servicio de seguridad a la empresa Securitas, la prórroga del contrato y la posterior cesión del mismo a Segar SA, aspectos que constituyen el núcleo de la acusación y el supuesto motivo de los sobornos.
González enfatizó que el proceso de adjudicación del servicio comenzó antes de su toma de posesión. Subrayó que el directorio anterior aprobó los pliegos, convocó a la licitación y abrió las ofertas. Resaltó que el comité de adjudicación desechó la propuesta de Prosegur y dio el visto bueno a Securitas, por lo que su firma en la adjudicación fue simplemente formal. “Solo completé un trámite que ya estaba resuelto antes de que asumiera”, añadió, explicando que en el expediente no existían razones que justificaran no adjudicar a Securitas, una empresa que ya prestaba el servicio desde hacía años.
Con respecto a la prórroga, argumentó que debía entenderse como un trámite más: “Si las áreas correspondientes aconsejan tomar una decisión, el órgano directivo no debe oponerse. Rechazar la prórroga habría sido un comportamiento arbitrario”, se defendió. Asimismo, acerca de la transferencia del contrato, mencionó que las gerencias involucradas confirmaron que los trámites eran viables.
González pidió que se cite a declarar a todos los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora de su gestión anterior, destacando la importancia de que estos brindaran precisiones sobre su intervención y si constatan alguna irregularidad en su actuar. “Es fundamental escuchar a todos los gerentes y miembros de la comisión fiscalizadora, quienes eran responsables de asegurar la legitimidad de las acciones”, añadió.
En otro momento de su declaración, insistió en que, como presidente, “no podía estar al tanto de cuestiones resueltas en niveles inferiores” y que sus decisiones respecto a Securitas siempre se tomaron en reuniones del directorio, respaldadas por las instancias pertinentes.
González también se refirió a su vínculo con Claudio Tórtul, explicando que fue Laporte quien lo presentó y que solamente mantuvieron reuniones de carácter institucional. “Nunca tuve interacciones sociales con los Tórtul, ni siquiera un almuerzo”, aseguró, mencionando que, en una ocasión, Tórtul visitó su casa porque necesitaba seguridad, dado que Securitas proporcionaba un servicio en su barrio privado. “Esa visita es la que se refleja en un mensaje de texto”, precisó.
Negó haber recibido dinero en esos encuentros: “Si alguno dice lo contrario, lo niego. No recibí dinero de ellos ni de nadie”, expresó. En relación con otros mensajes del expediente, González argumentó que su defensa no tuvo acceso a todo el material, lo que le impide ofrecer una respuesta más completa. “Podrían estar sacados de contexto”, justificó.
Finalmente, recordó que al regresar a Paraná tras su gestión en Córdoba, Laporte le ofreció la presidencia de Enersa en nombre de Bordet y del secretario general de Luz y Fuerza, Gustavo Menéndez. Asumió el cargo el 20 de marzo de 2017 y se mantuvo hasta diciembre de 2021, momento en que Ballay le comunicó su reemplazo por el contador Ramiro Caminos. “No pedí explicaciones al asumir ni al ser reemplazado”, comentó, agregando que permaneció como subgerente general operativo hasta mayo de 2024, cuando dejó la empresa en busca de una indemnización.
