El Gobierno de Javier Milei ha derogado la Resolución N° 187/2025, que se había emitido con la finalidad de regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta determinación no indica que el Ejecutivo abandone el proceso de revisión, sino que utilizará este lapso para establecer un nuevo procedimiento.
La medida fue anunciada el 16 de enero con el objetivo de corregir las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones. La derogación se formalizó este martes a través de la publicación de la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el Boletín Oficial.
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluía entrevistas y verificaciones médicas para más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estos procesos fueron necesarios debido a hallazgos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y personas privadas de libertad que continuaban recibiendo los pagos.
En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las auditorías revelarían “un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, donde se detectó el desvío sistemático de fondos públicos. En su momento, las cifras alarmantes indicaron que aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para acceder a estos beneficios.
La decisión de derogar la resolución se produjo tras la identificación de varios puntos que resultaban poco claros en los procedimientos establecidos por dicha normativa.
Concretamente, técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica era inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad entre los beneficiarios.
Gracias a una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, sostuvo que la derogación de la resolución permitirá un enfoque más detallado y acorde con los estándares internacionales para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en relación con los baremos médicos utilizados en el sistema.
A raíz de la derogación de la Resolución N° 187/2025, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple la actualización de criterios y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.
En su lugar, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se encuentra elaborando un nuevo esquema de auditoría que permita corregir irregularidades, sin causar un impacto drástico en los beneficiarios que realmente requieren el apoyo del Estado.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso de asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
Denuncias de irregularidades
Una de las auditorías previas, llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto al Servicio Penitenciario Federal, identificó que 212 personas privadas de libertad percibían la pensión sin justificación. Además, una investigación adicional, realizada con el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, detectó a 331 prófugos que también recibían el beneficio; de estos, 33 fueron puestos a disposición de las autoridades y 14 resultaron detenidos.
Los operativos han revelado casos concretos que han generado preocupación en las autoridades. En La Matanza, un hombre obtuvo su pensión tres días después de presentar la solicitud, a pesar de que su evaluación médica fue negativa. En Quilmes, un beneficiario recibió el pago en solo seis días, aunque estaba cumpliendo prisión domiciliaria.
En otro caso, un hombre presentaba cuatro diagnósticos de salud diferentes y asistió a la citación para ser revisado por el médico auditor acompañado de un abogado. Este individuo no tenía ninguna incapacidad. Además, se detectaron beneficiarios con documentación incompleta o con diagnósticos clínicos falsos. En su presentación ante las autoridades, afirmaron que recibieron la pensión no contributiva porque estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita.
Según un informe accesible por Infobae a principios de febrero, en la provincia de Chaco, de los 2.689 beneficiarios citados, 1.796 (66,79%) no cumplían con los requisitos y serán dados de baja, mientras que 345 (12,83%) no comparecieron a la evaluación. Entre los casos detectados se encuentra el de una mujer que cobró la pensión alegando una amputación de brazo, aunque durante la revisión médica se constató que tenía ambos miembros en perfecto estado.
