En momentos en que el juzgado federal de La Plata, bajo la dirección de Néstor Kreplak, se prepara para analizar la calificación de los delitos vinculados a la fabricación y distribución de múltiples lotes contaminados de fentanilo de uso clínico y de los presuntos responsables asociados con la muerte de 53 pacientes en hospitales y clínicas, el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, ha solicitado al magistrado su aceptación como “querellante” en el expediente, fundamentando esta petición “en el interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.
Hasta el cierre de esta nota, Ernesto Kreplak no ha decidido si permitirá al Gobierno participar como parte querellante. El juez debe valorar si la intervención de la cartera sanitaria en el expediente como “víctima” podría crear un conflicto de intereses.
El Ministerio de Salud, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), bajo la dirección de Nélida Bisio, es responsable de autorizar medicamentos e insumos médicos que se comercializan y utilizan en el país, así como de inspeccionar los laboratorios que producen dichas sustancias.
Actualmente, el magistrado se encuentra en la etapa final de revisión de los 267 expedientes abiertos relacionados con HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo Laboratorios Ramallo. De este total, 117 están directamente vinculados a “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos médicos, lo que ha generado 133 “alertas” de diversas gravidades.
El juez ya ha admitido al Hospital Italiano de La Plata como parte querellante. Esta institución privada fue la primera en alertar a la ANMAT sobre la contaminación con dos tipos de bacterias, Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, detectadas en las ampollas de “FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml (presentación x 100 ampollas, según VMN); lote 31202, vencimiento 09/26; Certificado N° 53.100”.
En esta institución, se reportó que 18 pacientes se infectaron, de los cuales 15 fallecieron.
“La cartera sanitaria ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la investigación, mediante la coordinación de sus áreas competentes y el envío de informes técnicos y documentación relevante”, sostienen los abogados del equipo jurídico del Ministerio de Salud en su presentación ante el juzgado federal.
Según el texto, la solicitud de ser parte querellante “se basa en el interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”, añadiendo también que “la cartera sanitaria ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la investigación, mediante la coordinación de sus áreas competentes y el envío de informes técnicos y documentación relevante”.
Asimismo, indicaron ante el magistrado: “El Ministerio de Salud pone a disposición de la Justicia todos sus recursos técnicos, científicos y humanos para contribuir a la producción de pruebas, coadyuvar en la investigación de los hechos y colaborar en la identificación de responsabilidades”.
En torno a esas “responsabilidades” trabaja el juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, aunque hasta el momento no se han revelado nombres. La atención está centrada en los directores técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group.
La figura más visible de HLB Pharma es Ariel García Furfaro. El ex socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal de noticias IP viajó a Rusia con la delegación del ex presidente Alberto Fernández para gestionar la distribución de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. También visitaba a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Su último registro se data del 11 de abril de 2024.
De la documentación oficial se extraen los nombres de las principales autoridades de la sociedad investigada. Según el Boletín Oficial, el 27 de abril de 2020, Hugo Orlando Suarez Borello renunció a su cargo de director titular de HLB Pharma Group S.A., siendo reemplazado por Damián Roberto García (hermano de Ariel García). La presidencia de la sociedad recayó en Olga Luisa Arena, abuela de Ariel y Damián García. Nilda Furfaro, madre de Ariel y Damián, fue designada como vicepresidente, mientras que el abogado Ariel Fernando García fue nombrado síndico suplente. Todo en familia.
El 1 de julio, ante el juzgado de Kreplak, la madre de García, Nilda Furfaro, presentó un escrito en carácter de “ex presidenta de HLB Pharma Group S.A y de Laboratorios Ramallo S.A”.
Como fue informado en este medio, semanas antes, el empresario lo había hecho también, siendo responsable de la empresa agropecuaria 3Arroyos.
Ambos declaran ser víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por sus competidores, empleados desleales y la difusión de información falsa en los medios de comunicación. La madre de Ariel García Furfaro sostiene que los laboratorios en los que trabaja junto a sus dos hijos y la abuela de estos son “de los más controlados en el mercado por la ANMAT”.
La situación en ambas compañías es delicada, ya que la autoridad sanitaria las ha inhabilitado para producir medicamentos debido a potenciales problemas en su elaboración. La empresa se encuentra cerrada y sin producción, los propietarios han despedido empleados y existen atrasos en el pago de salarios. Esta circunstancia ha generado una elevada actividad en el “chat de empleados”.
En ese contexto, circularon vídeos sobre la supuesta “vandalización” sufrida en la sede de HLB Pharma Group S.A., situada en Avenida Tomkinson 2054, San Isidro.
El episodio, ya reseñado por Infobae, resulta peculiar. Sucedió de manera simultánea con la denuncia de las primeras tres muertes atribuidas al uso presunto de fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata. La denuncia se realizó el 11 de mayo, y tres días después, el juez Ernesto Kreplak llevó a cabo allanamientos en esas instalaciones y en las de Ramallo, además de en droguerías que comercializaban la sustancia adulterada.
Ese 11 de mayo, a las 17.30, según la denuncia policial, un empleado de seguridad del laboratorio notificó al 911 sobre el supuesto robo y vandalización en las instalaciones.
En detalle, según la reconstrucción de Infobae, los empleados ingresaron al segundo piso, donde se encuentra una de las oficinas de garantías de calidad, el lugar donde se resguarda la documentación que registra la producción.
Las imágenes difundidas por este medio muestran a una empleada, con su teléfono celular en mano, sorprendida por el desorden, con documentación esparcida tanto en el suelo como sobre los escritorios, formando una verdadera alfombra de papeles. También se pueden observar dos inscripciones en rojo sobre las paredes, que aluden a personal despedido de la empresa: “100 familias sin laburo”, denuncia.
Un segundo grafiti dice: “DT FORRO”. La referencia en este caso no es tan clara. ¿Podría estar aludiendo al director técnico del laboratorio, Antonio Mayorano? ¿O sería un mensaje de los responsables de HLB Pharma tras la divulgación de las muertes vinculadas a la supuesta contaminación?
Las imágenes resultan inquietantes. En lugar de asegurar los documentos, hay una bolsa de consorcio negra repleta de papeles, y una empleada vestida con un ambo celeste sostiene un escobillón en la mano.
Además, se causaron destrozos y se vaciaron carpetas y cajones en el área de informática y en el archivo de garantías.
La denuncia no prosperó. En este caso, no se debe a una demora judicial: los responsables de la empresa decidieron no impulsarla y aseguraron que no hubo robos.
Testigos que han accedido a hablar bajo anonimato afirman que, días antes del primer allanamiento —que fueron dos— a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre “tres y cuatro camiones de 3Arroyo” se habrían estacionado frente a los edificios de ambos laboratorios y cargaron documentos y productos elaborados en sus respectivas sedes.
Para el juez Kreplak y su equipo, es fundamental comprender el alcance de las medidas establecidas por la ANMAT y si se implementan ante las eventuales fallas que podrían haberse presentado en los lotes contaminados de fentanilo de HLB Pharma.
El Juzgado también espera el informe de dos peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación, un bioquímico y un farmacéutico, que deben ser designados por la Corte bonaerense para analizar el batch récord o registro de lote.
Este documento es esencial en la industria farmacéutica y biotecnológica, ya que detalla todo el proceso de fabricación de un lote específico de medicamento, vacuna u otro producto. Incluye datos como las materias primas utilizadas, cantidades, equipos, condiciones de operación, controles intermedios, resultados de pruebas de calidad, firmas de operarios y supervisores, y cualquier desviación o incidente sucedido durante la producción.
Algunos especulan sobre la supuesta vandalización en las oficinas de San Isidro o en los camiones observados frente a las instalaciones de Laboratorios Ramallo, en Ingeniero Agustín Rocca 530, en esa localidad bonaerense.
Sin embargo, esta sospecha tiene escasa base. Solo el juez Kreplak sabe si, entre la documentación secuestrada en los operativos realizados por la Policía Federal Argentina, se encontraron los libros batch récord, donde deberían estar registrados cada uno de los pasos y controles realizados sobre el lote de fentanilo señalado, así como el análisis microbiológico precomercialización del medicamento.
