El Gobierno tiene la determinación de avanzar sin retroceder en la reducción de aranceles a la importación de celulares, una medida que impacta directamente a los fabricantes de Tierra del Fuego. El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, ya ha comenzado a emitir las primeras advertencias hacia la Casa Rosada y no ha descartado la posibilidad de judicializar la medida, que podría ser publicada mañana mediante un decreto en el Boletín Oficial.
En las últimas horas, se han evidenciado las primeras manifestaciones de fuerza en la isla. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha iniciado un paro por tiempo indefinido que podría intensificarse, aunque desde Buenos Aires, los libertarios insisten en que la medida continuará su implementación.
“Es la medida más popular que podemos proponer”, afirmó un alto funcionario al hacer referencia al decreto que se dará a conocer mañana. Durante la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la reducción arancelaria, considerando “ridículo” que algunas personas deban pagar un avión y un hotel para adquirir un celular en el extranjero, que, a menudo, resulta más económico que comprarlo en Argentina.
El anuncio implica la eliminación del arancel del 16% a la importación de celulares, que se llevará a cabo en dos etapas. En la primera fase, se reducirá el arancel al 8%, comenzando este viernes, y en la segunda, se eliminará por completo, con efectos a partir del 15 de enero de 2026.
Además, se reducirán los impuestos internos que se aplican a la importación de celulares, televisores y aires acondicionados del 19% al 9,5%, mientras que para los productos fabricados en Tierra del Fuego, la reducción será del 9,5% al 0%.
Es la primera vez que la Casa Rosada implementa medidas que afectan de manera directa a la provincia de Tierra del Fuego y su industria tecnológica. Anteriormente, no se había abordado esta temática en el DNU 70/2023 de desregulación económica, en la Ley de Bases ni en proyectos de ley impulsados por La Libertad Avanza.
El Gobierno tiene la intención de iniciar una discusión sobre el régimen especial de Tierra del Fuego. “Es injusto que los argentinos paguen precios más altos por productos cuando no hay razón para subsidiar una zona del país con cuestiones que se debatieron hace 50 años”, expresó Adorni en una reciente entrevista televisiva.
Hasta el año pasado, la postura de las altas autoridades de la Casa Rosada era mantener el statu quo en torno al régimen fueguino, buscando estrategias de políticas públicas que mitigaran el posible impacto en el empleo. Sin embargo, en una entrevista reciente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que las medidas de reducción de aranceles podrían tener repercusiones negativas para el empleo en Tierra del Fuego, pero defendió la decisión como un avance importante para la economía nacional, subrayando que la provincia necesita diversificarse y no depender únicamente de beneficios fiscales. Aunque admitió que podría registrarse una pérdida de empleos en el corto plazo, enfatizó que estas decisiones son “un gran paso” hacia una economía más competitiva y abierta, citando el potencial de desarrollo del sector turístico.
El diputado nacional y referente libertario en la provincia, Santiago Pauli, sostuvo que las empresas del sector “se han beneficiado económicamente durante años”. “La discusión radica en cómo mantenemos la competitividad de las empresas en Tierra del Fuego. No somos responsables de las ganancias o pérdidas de Mirgor y Newsan,” declaró.
“Ya no tenemos nada más que discutir con la provincia sobre la baja de aranceles, ya que es una decisión que ha tomado el Gobierno de forma consciente,” manifestó una fuente de alto nivel libertaria a Infobae. Desde el Gobierno, el actual régimen es catalogado como un “curro”.
El último informe del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que las exenciones fiscales que benefician a Tierra del Fuego contribuyen a la inequidad en el sistema tributario argentino, instando a su desregulación. Según el think tank Fundar, el subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, tiene un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, lo que equivale al 0,22% del PBI.
Desde la Gobernación fueguina se asegura que el diálogo con el Gobierno está completamente roto. “No nos han consultado ni han hablado con nosotros sobre la medida que anunciaron. Tampoco responden a nuestras llamadas,” señalaron. “Lo que pedimos al Gobierno, más que una reunión puntual, es discutir el plan de desarrollo de la provincia, que ellos ni siquiera conocen. La provincia tiene este plan y queremos aplicar a fondos para la industria,” afirmaron allegados al gobernador.
Melella ha confirmado que se judicializará la medida si esta se publica en el Boletín Oficial tal como fue anunciado públicamente el pasado martes. “Sin argumentos, con violencia, la situación es realmente complicada. Nos enoja mucho, ya que se trata de puestos de trabajo. No caigamos en la ilusión de que esto será beneficioso; estos son empleos que se pierden, y ya lo hemos vivido en la época de Mauricio Macri, cuando se manejó de la misma manera con el famoso tema de las notebooks,” añadió en diálogo con Radio Provincia de Ushuaia.
