A través de los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno devolvió vigencia a las disposiciones que habían sido modificadas mediante cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Javier Milei en el marco de las facultades delegadas. Estas normativas, que el Congreso había rechazado el mes pasado, incluían cambios en Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.
El documento establece: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de ellos”.
Además, añade: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025, dictadas como consecuencia de la aplicación de los decretos 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025″.
Mediante otro documento, el Gobierno, con la firma de todos sus ministros, anunció la restitución de la vigencia de normativas derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto 340 del 20 de mayo de 2025.
Las disposiciones restituidas provienen de decretos que establecieron modificaciones en la conformación de organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como otros institutos considerados “ineficientes” por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, se argumentó que el rechazo en el Congreso generó un escenario de “incertidumbre jurídica” para la Administración Pública, que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales, en detrimento de la previsibilidad exigida por la sociedad en su conjunto.
“Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública, especialmente en situaciones que comprometen el ejercicio de funciones de notable relevancia, a través de decisiones que salvaguarden el orden jurídico y aseguren la continuidad operativa de sus instituciones en protección de dicho interés”, explicó, haciendo énfasis en la necesidad de clarificar el marco jurídico aplicable a los organismos afectados por los decretos, a fin de “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública y preservar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.
El Gobierno aseguró que la forma más “prudente” de alcanzar una situación de “certidumbre y estabilidad” respecto al marco jurídico aplicable es restablecer la vigencia de las disposiciones. “Es necesario para despejar cuestionamientos e interpretaciones contradictorias que pudieran afectar los actos dictados al amparo de la nueva normativa”, aclaró.
En el momento de la publicación de los decretos que implicaban transformaciones en los institutos, el gobierno nacional había justificado que continuaba trabajando para “optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado“.
