En concordancia con la premisa oficial de reorganizar el Sistema de Salud, el Gobierno de Javier Milei canceló dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no habían mostrado avances en sus planes de normalización financiera y operativa. Con estas decisiones, en la última semana se han liquidado cinco obras sociales.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025, firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Estas resoluciones dieron de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos entidades: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Ambas entidades habían sido declaradas en crisis desde hace más de dos años. Durante ese tiempo, la Superintendencia formuló observaciones y pidió la regularización de las irregularidades existentes. Sin embargo, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación requerida, lo que llevó a la cancelación de su inscripción en el registro nacional.
“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a optar por otro Agente. En caso de no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura similar”, informaron fuentes gubernamentales.
Con estas acciones, ya son cinco las obras sociales eliminadas del RNAS en los últimos días. A la semana pasada se sumó la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se han iniciado trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión ha intensificado los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes incurrieron en irregularidades o no brindan servicios de calidad. Aquellos que no cumplan con las normas serán dados de baja”, señalaron desde la SSS. Por su parte, el titular del organismo, Gabriel Oriolo, afirmó que el objetivo es “velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir su cobertura preferida”.
La Superintendencia continúa realizando auditorías sobre el sistema, que cuenta con cerca de 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y la transparencia en la prestación de servicios de salud, así como evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.
Esta transformación se alinea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, particularmente aquellas entidades conocidas como “sellos de goma”, que solo se inscribían en el sistema para recibir subsidios o brindar servicios con escaso control. La falta de verificación permitía la manipulación de registros para aumentar el volumen de fondos públicos destinados a su favor.
Con la implementación de un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), muchas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Esta modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mediante un decreto, estableció que las transferencias de fondos estatales se basen en la cantidad real de afiliados y eliminaron la compensación extra que beneficiaba previamente a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De un total de 290 entidades, 201 se vieron perjudicadas por la nueva fórmula, sufriendo una reducción inmediata de 3.483 millones de pesos. Por el contrario, las obras sociales con mayor cantidad de afiliados se vieron beneficiadas en el nuevo sistema.
Esta reducción en los ingresos de las obras sociales sindicales ha significado una merma en los recursos para los gremios con estructuras menores. La situación es similar a la decisión tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud en febrero de este año, cuando se eliminó la intermediación entre las obras sociales y las empresas de medicina privada. Esta disposición también generó controversias públicas en el ámbito sindical, aunque varios referentes gremiales admitieron en privado que la medida impacta principalmente sobre las entidades consideradas “sellos de goma”.
