En un claro guiño a los mercados, el Presidente eligió el escenario de la Bolsa de Comercio para anunciar el veto al aumento para jubilados que ayer el Senado convirtió en ley. Así, envió una señal contundente sobre el tema que mayor preocupación genera entre los inversores: el estricto mantenimiento del superávit fiscal. Ayer, el dólar oficial se mantuvo estable en $1.280 y las acciones tuvieron una jornada floja en Wall Street, con caídas de entre 2% y 3% en promedio.
Javier Milei criticó duramente a senadores y gobernadores, indicando que “lo más importante es que todos sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”. La interpretación del Gobierno es que no hay un interés genuino en mejorar la situación de los jubilados, sino en poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El paquete legislativo aprobado por el Senado, que contaba con media sanción de Diputados, implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excluyendo los regímenes especiales, además de elevar el bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación.
La principal objeción del oficialismo radica en que este bono se convierte en un derecho permanente. Además, la restitución de la moratoria previsional por dos años permitirá el acceso al beneficio previsional a quienes no hayan completado los 30 años de aportes.
Mantener el superávit fiscal es la piedra angular del programa económico. Según la perspectiva del Gobierno, esto permite controlar la emisión monetaria, cimentar la estabilidad cambiaria y, al mismo tiempo, es clave para reducir la inflación.
El aumento del gasto que propone la ley aprobada, junto a otras iniciativas impulsadas por el Senado a pedido de los gobernadores, implicaría que las cuentas públicas pasarían de un superávit primario a un déficit en cuestión de meses.
Según un cálculo realizado por la consultora Empiria, dirigida por el ex ministro Hernán Lacunza, solo el incremento de las jubilaciones del 7,2%, más el aumento del bono de $70.000 a $115.000 y el financiamiento del déficit de las cajas provinciales, representa el 0,9% del PBI en lo que resta del año. Sin embargo, para todo el 2026 representaría ya un 1,3%.
Si a esto se le suman las modificaciones de los Aportes del Tesoro Nacional, la coparticipación del impuesto a los combustibles, la moratoria previsional y los incrementos en la ayuda por discapacidad, el aumento del gasto representaría un 2,5% del PBI el próximo año.
Por lo tanto, estos proyectos, en conjunto, sin duda evaporarían el superávit fiscal, que este año el Gobierno se comprometió a mantener en niveles de 1,6% a nivel primario. La interpretación del oficialismo es que se trata, en todos los casos, de presiones para aumentar el gasto justo antes de las elecciones legislativas.
Sin la promesa del veto, la reacción de los mercados ante estas novedades del Congreso resultaría sumamente negativa. El peligro cierto es que se produzca una fuerte caída en el precio de los bonos y un aumento del riesgo país. Además, tal como advirtió el ministro de Economía, Luis Caputo, esto también podría generar mayor volatilidad cambiaria.
Por otra parte, la iniciativa legislativa genera nerviosismo entre muchos inversores que advierten que mantener el superávit fiscal no es un compromiso de todas las fuerzas políticas, sino únicamente del Gobierno.
La respuesta de los gobernadores y de los senadores que votan a favor de estas iniciativas es que, en realidad, el Gobierno tiene muchas opciones para reducir el gasto y no lo hace. Una de las opciones mencionadas se refiere a los gastos en inteligencia. Sin embargo, el oficialismo presiona a las provincias para que disminuyan el gasto y reduzcan impuestos. Será una de las grandes discusiones dentro de la reforma impositiva que el Gobierno desea encarar luego del 10 de diciembre, cuando el Congreso ya tenga una nueva conformación.
