El Gobierno de Javier Milei prorrogará hasta finales de año las concesiones actuales de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, situadas sobre el río Limay, que abarca las provincias de Neuquén y Río Negro. Esta medida se oficializará en las próximas horas a través del Boletín Oficial, antes del lunes 11 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario del vencimiento de los contratos originales establecidos en la década de 1990.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la licitación de las represas podría generar ingresos para el Tesoro de entre USD 400 y USD 500 millones; sin embargo, hasta el momento no se han dado novedades respecto al llamado a licitación ni a la publicación de los detalles de los pliegos.
Las represas en cuestión son Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Actualmente, están bajo la gestión de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. Estas privatizaciones representan parte de la entrada de dólares que el Gobierno espera captar para incrementar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según indicó Caputo.
Las concesiones vigentes serán prolongadas, al menos, hasta el 30 de noviembre, según confirmó a Infobae una fuente oficial. Este será un paso previo al llamado a licitación y a la publicación de los pliegos, movimientos que aún no tienen fecha establecida.
Se trata de la séptima extensión sucesiva desde el vencimiento de los contratos originales firmados durante la privatización de 1993. La primera prórroga fue otorgada por la entonces secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, mediante la resolución 574 del 10 de julio de 2023, y la última se realizó en agosto del año pasado, bajo la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo.
La iniciativa del Gobierno nacional ha enfrentado resistencia por parte de las provincias, que argumentan que las represas ubicadas en su territorio les otorgan derecho a una mayor participación en su futuro. Ambos gobiernos provinciales señalaron que no fueron consultados sobre el proceso licitatorio y buscaron establecer un nuevo marco de administración conjunto con la Nación.
La negociación entre la Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro se desbloqueó mediante un acuerdo político que, entre otros puntos, permitirá que ambas provincias perciban un canon del 1% por el uso del agua, según informa Econojournal.
Los mandatarios de ambas provincias subrayaron que el uso del agua con fines hidroeléctricos no debe quedar exclusivamente en manos del Gobierno nacional o de inversores privados. También pidieron que se considere el canon por uso del recurso, un aspecto que no está presente en las concesiones actuales y que constituye una de las principales demandas en las nuevas condiciones de adjudicación.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, se encuentra elaborando los pliegos licitatorios que definirán las condiciones de adjudicación de las represas por un período de 30 años. Según fuentes del Ministerio de Economía, se buscará mantener el carácter de concesión privada con control estatal, replicando modelos aplicados en los años noventa.
El nuevo esquema incluiría la venta de las acciones actualmente en manos de empresas privadas a nuevos operadores o consorcios, en un proceso de venta pública que se espera pueda concluir antes de que finalicen las concesiones vigentes. Esta transición requerirá de una coordinación técnica entre las operadoras actuales y futuras para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y la gestión de caudales.
Desde la Secretaría de Energía también están considerando la posibilidad de redefinir las condiciones ambientales y de control sobre las concesiones, integrando criterios de sostenibilidad en el nuevo marco regulatorio. Esto incluiría mecanismos para evaluar el impacto ambiental, regulación de los niveles de embalses y compensaciones a las provincias por posibles externalidades.
Las centrales fueron concesionadas por 30 años en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, hasta agosto de 2023, con la posibilidad de prorrogar los contratos por un año más. Desde entonces, hubo una prórroga transitoria para las operadoras que se extendió hasta un año más y vence este año.
En total, la potencia nominal instalada entre todas las centrales asciende a unos 4.170 megawatts (MW), lo que representa aproximadamente entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional. A partir de este año, comenzarán a vencer otras 15 represas concesionadas que, aunque generan menos, se espera que enfrenten la misma situación que las del Comahue.
