Este viernes, el Gobierno presentó la “Política de Inteligencia Nacional 2025”, un documento que redefine el funcionamiento de la side-en-mas-de-26000-millones-aseguran-que-la-mayor-parte-es-para-sueldos.phtml">Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y establece los lineamientos que regirán su actividad en los próximos años.
El pasado martes, el Ejecutivo nacional había señalado que “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del área de inteligencia y desplazó a Sergio Neiffert para colocar en su lugar a Cristian Auguadra.
El texto, ratificado por el Decreto 864/2025, surge de una revisión integral del sistema que, según sus autores, arrastraba “más de tres décadas de deterioro” y que hacía necesario ordenar su estructura, su conducción y su capacidad de anticipación ante riesgos emergentes.
La idea es que el organismo vuelva a funcionar bajo una lógica integrada, con capacidad para suministrar información estratégica en tiempo real y actuar de forma coordinada ante situaciones que pongan en riesgo intereses nacionales.
El nuevo entorno estratégico de la SIDE
El documento comienza con una caracterización del entorno estratégico que enfrenta la Argentina. Sostiene que la competencia entre grandes potencias, extendida al terreno económico, tecnológico y discursivo, “produce un escenario internacional fragmentado, donde la presión normativa, la influencia externa y la disputa por recursos se vuelven más frecuentes”.
En ese contexto, “América Latina aparece expuesta a fenómenos que combinan violencia del crimen organizado, expansión de economías ilícitas, debilidad institucional y presencia de actores extrarregionales” con capacidad para intervenir en procesos locales.
Según el texto, esa combinación genera “un clima de vulnerabilidad” que exige un sistema de inteligencia capaz de interpretar amenazas híbridas, detectar interferencias encubiertas y actuar en un escenario en el que “las operaciones informativas y cibernéticas se convirtieron en herramientas corrientes de proyección de poder”.
A partir de ese diagnóstico, la nueva Política de Inteligencia Nacional define un conjunto de intereses estratégicos que orientarán la actividad del sistema. El primero es la protección de la soberanía y la autonomía nacional, entendida no solo como defensa territorial clásica, sino como “la capacidad del país para tomar decisiones sin condicionamientos externos” derivados de presiones económicas, tecnológicas o discursivas.
Este enfoque implica identificar amenazas que puedan limitar la proyección argentina, detectar oportunidades para consolidar vínculos favorables y monitorear la presencia de actores cuyo accionar pueda reducir el margen de autonomía institucional. También supone “resguardar el conocimiento científico propio” y “observar los sectores en los que la dependencia tecnológica o la vulnerabilidad regulatoria puedan convertir a la Argentina en un actor previsible o manipulable”.
El texto incorpora además la necesidad de proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, un concepto que abarca desde “el control de eventuales dinámicas de fragmentación en zonas sensibles” hasta el “seguimiento de campañas de desinformación” que puedan minar la cohesión institucional.
La defensa del Estado, según esta lógica, no se limita a su dimensión física, sino que incluye la preservación de su autoridad frente a acciones encubiertas, interferencias externas o tensiones internas que puedan debilitar su capacidad de gobernar todo el territorio.
Otro eje central es “la protección de la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los habitantes”. Este punto se vincula con la necesidad de identificar debilidades estructurales que afecten la seguridad ciudadana, desde la actuación de redes delictivas hasta “la filtración de información estratégica” que ponga en riesgo sectores económicos clave.
También se relaciona con el seguimiento del crimen organizado, cuya capacidad para operar sobre circuitos financieros, logísticos y digitales lo convierte en un actor con potencial de alterar la estabilidad jurídica, económica y social.
El documento incluye, además, la preservación del sistema democrático, republicano y federal, entendido como “un espacio vulnerable a interferencias externas en procesos electorales, legislativos o de gobernanza territorial”.
Desde esa perspectiva, la inteligencia deberá “vigilar la presencia de operaciones destinadas a manipular debates, alterar percepciones o financiar estructuras políticas de manera encubierta”, así como “identificar patrones de erosión institucional” que puedan afectar la representatividad democrática o la transparencia en la toma de decisiones.
Otro punto central es la protección de los recursos estratégicos del país, que abarca desde minerales críticos y fuentes de energía hasta ecosistemas de alto valor ambiental. El texto advierte que “la presión global sobre estos bienes, en un escenario de creciente demanda tecnológica y energética, convierte a la Argentina en un espacio de interés para actores estatales y no estatales” que buscan asegurar acceso a esos recursos.
La defensa de esas áreas, según el documento, requiere un “monitoreo coordinado de la presencia externa en regiones como el Atlántico Sur”, la plataforma continental o zonas de frontera, además de una lectura que combine dimensiones “ecológicas, productivas y geopolíticas”.
Las nuevas áreas de vigilancia de la SIDE
Sobre esa base, el Gobierno trazó lineamientos estratégicos que orientarán la producción de inteligencia. El primero apunta a “la disputa de poder en el escenario internacional” y al rol de la comunicación estratégica.
El documento alerta que, “en el mundo actual, la influencia discursiva se convirtió en un instrumento de poder capaz de moldear percepciones, condicionar agendas y alterar la posición internacional” de un país.
En consecuencia, la inteligencia deberá interpretar narrativas, identificar actores que operan sobre ellas y evaluar “los efectos que esos mensajes puedan tener sobre la proyección externa de la Argentina”.
Otro eje remite a la superioridad de la información y al riesgo de influencia externa. Allí se señala que numerosas operaciones —muchas veces encubiertas— buscan alterar percepciones públicas, manipular debates o interferir en decisiones políticas mediante “la difusión de información falsa o engañosa”.
La inteligencia tendrá que analizar patrones discursivos, “mapear redes de influencia” y anticipar los efectos de campañas coordinadas destinadas a modificar el clima social o la orientación de políticas públicas.
El texto también desarrolla el concepto de “poder integral del Estado”, que abarca la capacidad del país para sostener su funcionamiento político, económico, social, científico y tecnológico en un entorno adverso.
En esa categoría se incluyen variables como “la estabilidad institucional, la proyección internacional, la solvencia económica, la seguridad ciudadana y la disponibilidad de infraestructura crítica”. La inteligencia deberá identificar vulnerabilidades en esos campos, prever escenarios de riesgo y detectar presiones externas que puedan condicionarlos.
Otro aspecto destacado es “la proyección antártica nacional”, un tema de creciente importancia global para los próximos años. Allí se explica que “la presencia argentina en el continente blanco”, sostenida por bases permanentes y actividad científica, “se volvió un componente estratégico” en un espacio donde confluyen intereses geopolíticos, logísticos y ambientales.
La Antártida aparece en el documento como un territorio cuya “proyección geoeconómica” futura exige un monitoreo constante” de actores que puedan disputar presencia o capacidad operativa en la zona.
El texto incorpora también la preocupación por “la presencia extranjera en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y los archipiélagos de Georgias y Sandwich del Sur”. En ese punto reconoce que “en esa región se combinan recursos de alto valor, rutas bioceánicas y áreas en disputa”, lo que hace necesario observar las actividades científicas, logísticas o militares de potencias extrarregionales con el fin de anticipar movimientos que puedan afectar los intereses argentinos.
El documento dedica un capítulo extenso a los recursos naturales estratégicos y a los efectos de su explotación sobre la biósfera. Allí se afirma que “la presión global sobre minerales críticos, agua, biodiversidad y fuentes energéticas genera un escenario donde actores estatales y corporativos buscan asegurar su acceso mediante distintos mecanismos”. En ese marco, el servicio de inteligencia debe interpretar los impactos ambientales, sociales y productivos de esas actividades para “preservar la disponibilidad futura de esos bienes”.
El abordaje de la SIDE sobre la tecnología e inteligencia artificial
El capítulo dedicado al ciberespacio describe ese ámbito como “un territorio donde pueden ejecutarse operaciones de sabotaje, espionaje, manipulación informativa o interferencia algorítmica”.
Dado que buena parte de las funciones del Estado y de la actividad privada dependen de infraestructura digital, el documento sostiene que la protección de esos sistemas se volvió “un componente esencial de la seguridad estratégica”.
Además, se explaya sobre “las tecnologías de frontera”, como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la biotecnología avanzada. El texto plantea que estas herramientas “redefinen capacidades de defensa, logística y decisión política”, por lo que la Argentina deberá anticipar disrupciones, reducir dependencias externas y proteger el talento científico que las hace posibles.
La política aborda también el terrorismo como una amenaza que combina redes transnacionales, flujos financieros y capacidad para operar tanto en el espacio físico como en el digital”. El objetivo es “identificar vectores de radicalización, detectar señales tempranas y prevenir la articulación de acciones” destinadas a generar desestabilización.
Finalmente, el documento incorpora la contrainteligencia como “un elemento clave para detectar infiltraciones, interferencias o acciones de espionaje” destinadas a erosionar la capacidad decisional del Estado.
Bajo esa óptica, la protección de información sensible y “la detección de operaciones encubiertas se vuelven herramientas centrales” para preservar la autonomía institucional.
En las consideraciones finales, el texto indica que la SIDE deberá coordinar al conjunto del sistema y asegurar que los organismos actúen con un criterio común en la producción de inteligencia nacional.
El documento presentado este viernes funcionará como “guía para ordenar el esfuerzo de las distintas áreas del Estado” en la identificación temprana de riesgos y en la protección de los intereses estratégicos del país.
NG
