El Gobierno volverá a insistir este año con el proyecto de Presupuesto 2026 que incluye una “regla fiscal”, la cual establece un mecanismo para prevenir incrementos en el gasto público mediante un ajustador automático ante una recaudación tributaria superior a la esperada, así como un conjunto de partidas presupuestarias que estarán a disposición de recortes en un contexto desfavorable.
Esta propuesta es una de las novedades planteadas por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2025, presentado en septiembre del año anterior, pero que no fue votado por el Congreso. El presidente Javier Milei ilustró esta idea con la imagen del “cepo al Estado”, lo que implicaría un límite estricto a la expansión de las erogaciones presupuestarias. Se espera que esta noción sea reiterada en el proyecto que el Ministerio de Economía concluirá de diseñar para mediados del próximo mes, según aseguraron fuentes oficiales a Infobae.
En términos generales, el presupuesto para este año, que no prosperó en el parlamento, contemplaba una regla fiscal que recortaría diversas partidas en caso de contingencias, dejando únicamente las jubilaciones fuera de la discrecionalidad, las cuales continuarán con una fórmula mensual indexada a la inflación. El Gobierno no tiene margen para aplicar variaciones a ese gasto según su conveniencia.
La esencia de esta propuesta es delinear un esquema de “reajuste” del gasto en función de la evolución de las circunstancias. En el caso del Presupuesto 2025, el Gobierno se basó en una estimación inicial de los intereses de deuda a pagar durante el año, y desde ese punto, el equipo económico determinó qué partidas tendrían actualización automática —las jubilaciones— y cuáles quedarían sujetas a discreción. En este marco, el equipo económico estableció “techos” de gasto como porcentaje del PBI, “de acuerdo a las prioridades de políticas públicas establecidas”, según se consigna en un documento oficial.
La argumentación central es que el presupuesto debe garantizar un equilibrio fiscal como única forma de mantener la estabilidad. “Siempre que el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal”, afirmaba el resumen del proyecto elaborado por el Ejecutivo el año pasado. “Si el crecimiento del nivel de actividad genera una recaudación superior a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la reducción de impuestos”, añade.
Para 2025, los recursos totales proyectados equivalían al 15,1% del PBI, más un 0,3% adicional correspondiente al resto del sector público. De esa cifra, el 6,3% se asignaba a jubilaciones, un 2,6% a asistencia social, un 1,8% a salarios, un 0,8% a subsidios, un 0,6% a gasto de capital, un 0,5% a universidades y un 1,2% a otras partidas. Asimismo, un 1,5% del PBI se destinó al pago de intereses de deuda, alcanzando así un balance equilibrado.
En este contexto, estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indican que el 78,1% de los recursos quedarían “intocables” bajo esta regla, mientras que el 21,9% restante, una categoría que incluye programas sociales, subsidios, transferencias a provincias y bienes y servicios, podrá ser ajustado.
El FMI estima que, en el futuro, el Gobierno deberá avanzar hacia un ajuste más amplio. En 2026, debido al incremento en los intereses de deuda, se requeriría un superávit primario del 2,2% del PBI para alcanzar el equilibrio financiero. Esta exigencia formó parte de las negociaciones recientes entre el Fondo y la Casa Rosada, que resultaron en varios acuerdos.
Uno de los puntos convenidos es que el Presupuesto 2026 deberá incluir un análisis integral de sostenibilidad y riesgos fiscales. También se incorpora como novedad un objetivo “estructural”: “institucionalizar” el déficit cero mediante una ley, norma que ya existe pero que requiere ser reformulada.
El Fondo subrayó que “será necesaria una disciplina fiscal rigurosa y continua, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación en los ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo”. Además, proyectó que el superávit primario deberá elevarse al 2,5% del PBI hacia 2027, a medida que aumenten los pagos de intereses tras la eliminación de las restricciones cambiarias y el retorno al financiamiento internacional.
En el adelanto enviado al Congreso a principios de julio, el Ministerio de Economía evitó realizar estimaciones centrales sobre la inflación o el valor del dólar oficial, aunque reafirmó que se continuará con el ajuste fiscal y proyectó ingresos impositivos con retenciones al agro. A la vez, omite la anticipación de reformas tributarias.
El documento destaca que “se continuará avanzando en el realineamiento de los precios relativos, la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado y la recuperación del crecimiento económico”.
Asimismo, enfatiza que “el equilibrio fiscal se mantendrá como un compromiso irrenunciable del gobierno”, con esquemas de asistencia “sin intermediarios”. También menciona, entre sus lineamientos, la profundización “del proceso de desregulación y transformación del Estado”, así como el “fortalecimiento de las áreas de defensa nacional y seguridad interior”.
