El número de jueces y la composición de la Corte Suprema se ha convertido en un tema complicado para la Casa Rosada, que no ha encontrado la misma facilidad para negociar estos aspectos como sí la tuvo para aprobar reformas significativas, como la Ley de Bases. A principios de abril, se evidenció esta dificultad: la oposición no dialoguista consiguió frenar los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La razón de esta situación radica en que La Libertad Avanza necesita dos tercios del Senado para nombrar a un ministro de la Corte. A la falta de senadores propios se suma la dificultad de que el peronismo kirchnerista posee más de un tercio de las bancas, lo que le otorga el poder de veto sobre cualquier iniciativa.
En las usinas libertarias se realizan cálculos sobre cómo podría conformarse el Senado tras las elecciones nacionales de octubre. Aunque hay pronósticos más optimistas que pesimistas, parece que el peronismo mantendría la capacidad de decidir el destino de los pliegos.
Este miércoles, se reanudaron las discusiones en el Senado sobre una ampliación de la Corte. En una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, se debatieron ocho proyectos destinados a aumentar el número de jueces en el máximo tribunal. El bloque libertario intentó postergar este encuentro, aunque sin éxito.
Desde la Casa Rosada son claros: “No vamos a hablar del tema hasta noviembre”, afirmó una fuente contundente a Infobae, refiriéndose a después de las elecciones generales del 26 de octubre.
El Gobierno no ha aceptado ninguno de los proyectos propuestos por la oposición, ya sea dialoguista o intransigente, argumentando que ninguno cuenta con el respaldo de los responsables de la estrategia política-judicial de Milei.
Un debate de esta índole parece poco probable dada la creciente proximidad de los cierres de alianzas y candidaturas en los 24 distritos del país. En estas épocas, la actividad legislativa suele reducirse significativamente, lo que lleva al oficialismo a no tomar en serio la presentación de proyectos, considerándola simplemente “una apurada”.
Al mismo tiempo, los libertarios sostienen que “no puede seguir existiendo una Corte de tres miembros” y prefieren discutir “una ampliación antes que operar con conjueces”. Esta última situación se debe a la vacancia de dos puestos aún no designados. Cuando no hay una mayoría de tres votos en las decisiones, se asegura dicho quorum mediante la designación aleatoria de jueces federales.
De este modo, el Gobierno reconoce la urgencia de nombrar jueces, pero no puede hacerlo con base en cinco miembros, ya que eso implicaría ceder uno de esos pliegos al peronismo kirchnerista para que avance en las votaciones del Senado.
“Desde el inicio de las negociaciones por la Corte, todos los partidos expresaron su intención de ampliar su composición. La actual es evidentemente pequeña, la más reducida de Latinoamérica”, reconocen desde el oficialismo. Este miércoles se iban a informar en las comisiones sobre propuestas para elevar el número de ministros a siete, nueve o quince.
¿Qué números son aceptables para el oficialismo? Consideran favorable que la Corte pase a contar con 7 o 9 integrantes, aunque aún no se han hecho estimaciones al respecto para facilitar la discusión de los pliegos. “Cualquiera de estas opciones podría ser más representativa de la sociedad y, por qué no, de los partidos”, afirmaron a este medio.
No se contempla que el número de una futura ampliación sea superior a nueve, ya que esto podría llevar a una mayor lentitud en el tratamiento de expedientes, dependiente de la coordinación de múltiples miembros. “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus integrantes y no tanto de cuántos sean”, opina un operador libertario. Tampoco se considera viable dividir las funciones de la Corte por salas, pues eso sería justamente inconstitucional.
La Corte Suprema de Justicia no se involucrará en las discusiones políticas sobre su composición. Una fuente judicial cercana afirma que “los ministros no estarán ni a favor ni en contra de la ampliación y no influirán en estas discusiones”.
Las intenciones del Gobierno respecto a la Auditoría General de la Nación (AGN) son poco claras, aunque en ambas cámaras se debaten su composición. Hasta el momento, los libertarios han abogado por mantener el número de siete integrantes, pero no permiten las negociaciones para cubrir las seis vacantes existentes, correspondientes a tres representantes de la Cámara de Diputados y tres del Senado, permaneciendo solo su titular, el peronista porteño Juan Manuel Olmos.
Mientras tanto, el próximo desafío para el Ministerio de Justicia será implementar el Sistema Acusatorio en Comodoro Py, el principal ámbito de la justicia federal, a partir del 11 de agosto. Ayer se realizó una importante capacitación al respecto con todos los secretarios, jueces y camaristas de la justicia federal de CABA, incluido el juez Lijo, quien aún hace dos meses era considerado juez de la Corte designado por decreto.
En este contexto, se ha solicitado a la Cámara Federal de Apelaciones y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico información detallada sobre la dotación actual de Comodoro Py, para reasignarla al nuevo sistema acusatorio. Esta medida busca atender un reclamo histórico de las fiscalías, que actualmente enfrentan una discrepancia de personal de 1 a 5 con los juzgados, y bajo el nuevo sistema asumirán las investigaciones.
