Después de que el Senado impidiera ayer la promulgación del decreto del Gobierno que reestructura el INTA y otros organismos estatales como el Inase, y tras el fallo favorable de la Justicia a un amparo presentado por los gremios, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó hoy la “situación de disponibilidad” de un grupo de 286 trabajadores de planta permanente que gozaban de estabilidad laboral, en el contexto de la profunda modernización de estas entidades dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.
Esta resolución, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1240/2025, impacta directamente en empleados del exInstituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTA. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que se trata de un total de 343 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 286 del INTA, 49 del INV y 8 del exInase.
La decisión se basa en transformaciones y disoluciones previas de estos organismos, promovidas por el decreto 462 del 7 de julio pasado, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y delegó facultades al Poder Ejecutivo para optimizar el funcionamiento del Estado y reducir su estructura. El personal afectado se detalla en los Anexos I, II y III de la resolución, aunque el número exacto de empleados no se menciona en el texto público de la misma.
Tiempo atras, el personal de INTA Castelar se manifestó en defensa por el desmantelamiento del organismoGentileza
De acuerdo con lo explicando, la “situación de disponibilidad” es un régimen previsto en la ley 25.164 y el decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorias, reglamentado posteriormente por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este régimen establece que el personal afectado por reestructuraciones o supresión de funciones puede permanecer en disponibilidad por un plazo máximo de hasta doce (12) meses.
Los motivos que sustentan estas transformaciones y disoluciones son diversos y buscan mejorar la eficiencia y racionalizar el gasto público, tal como se expone en el decreto 462/2025. Según ha afirmado el Gobierno en múltiples ocasiones, la estructura de la Administración Pública Nacional es excesivamente onerosa y sobredimensionada.
En los considerandos de la normativa se recuerda que el decreto 462 del 7 de julio pasado dispuso la disolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase), la reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura, y la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado bajo la cartera agrícola.
Asimismo, se menciona que, por el decreto 585 del 14 de agosto, se incorporaron como unidades organizativas de primer nivel operativo el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Dirección Nacional de Semillas, ambas bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprobándose también las correspondientes estructuras organizativas de segundo nivel operativo.
En este contexto, se argumenta que en el artículo 11 del anexo a la Ley Nº 25.164 se establece que el personal con régimen de estabilidad afectado por medidas de reestructuración que impliquen la supresión de organismos o funciones, así como la reducción de dotación conforme a un informe del órgano competente sobre la dotación óptima necesaria, pasará automáticamente a la situación de disponibilidad por un período máximo de doce (12) meses, de acuerdo con lo que estipule la reglamentación. En este marco se establecen las normativas que regulan el régimen de disponibilidad aplicable al personal amparado por el régimen de estabilidad que sea alcanzado por reformas de reestructuración o por la reducción de la dotación óptima necesaria.
“El área competente de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía ha tomado las medidas correspondientes. El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía ha emitido un dictamen en el ámbito de sus competencias”, se destaca en el decreto que lleva la firma de Caputo.
