El conflicto en el Hospital Garrahan se profundizó este martes después de que la dirección del establecimiento pidiera el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes para avanzar con sus despidos, en el marco del sumario abierto por la ocupación de oficinas administrativas que tuvo lugar en octubre de 2025. La protesta fue una medida de fuerza de los trabajadores en reclamo de recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales y más recursos para el hospital, en un contexto de ajuste sobre el sistema de salud pública.
La decisión fue hecha pública por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de que los trabajadores involucrados recibieran la notificación formal del dictamen elaborado por el área jurídica del hospital.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, afirmó ante PERFIL que “no se trata de un procedimiento administrativo normal, sino de una operación política que busca disciplinar a quienes defendimos el hospital” y advirtió que el sumario sigue abierto; los trabajadores ejercerán su derecho a la defensa en todas las instancias previstas.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Adorni afirmó que “el que las hace, las paga” y confirmó que el Hospital Garrahan había solicitado el desafuero de diez gremialistas para proceder con sus despidos, a quienes acusó de haber dirigido una “toma ilegal” de las oficinas de la dirección. En ese mismo mensaje, atribuyó el conflicto a un reclamo por el pago de días no trabajados, informó que otras 29 personas recibirán sanciones y enmarcó la medida en una ofensiva más amplia contra lo que definió como “la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien”.
Según detalló el Consejo de Administración del hospital, se resolvió aplicar sanciones diferenciadas a los 44 trabajadores sumariados. En la mayoría de los casos se dispusieron sanciones menores, pero en 11 situaciones se recomendó la cesantía por considerar acreditado un rol activo en la organización y conducción de la protesta. De ese grupo, 10 cuentan con tutela gremial, lo que impide ejecutar los despidos de forma inmediata sin autorización judicial previa.
Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Un anuncio político antes que una notificación formal
Desde APyT y la Junta Interna de ATE coincidieron en subrayar que el proceso administrativo continúa abierto y que, hasta ahora, no hay despidos firmes. El dictamen divulgado corresponde a una recomendación de la abogada sumariante del hospital, que deberá atravesar aún varias instancias: el descargo de los trabajadores, un dictamen final, la resolución del Consejo de Administración y las posteriores vías de apelación administrativa y judicial.
En ese marco, los gremios denunciaron como “grave e irregular” que el anuncio de las cesantías se hiciera públicamente antes de que los trabajadores recibieran la notificación formal. “Nuestros nombres quedaron expuestos con una suerte de sentencia previa, sin que se nos haya garantizado todavía el derecho a la defensa”, señaló Lezana, y agregó que esa secuencia refuerza la percepción de una intervención política directa en un trámite que debería circunscribirse al ámbito administrativo.
Los trabajadores del Garrahan enmarcan el conflicto en una disputa más amplia por salarios, condiciones laborales y recursos, en medio de un ajuste presupuestario en el sistema de salud pública. En ese sentido, denunciaron que desde la llegada del interventor Mariano Pirozzo, en julio de 2025, el hospital atraviesa una crisis en distintas áreas y especialidades.
Según los gremios, Pirozzo no accedió al cargo por antecedentes en pediatría, sino por su alineamiento con una política de recorte. Señalan además que fue designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, tras haber promovido sin éxito el cierre del Hospital Bonaparte y un intento de despido masivo de trabajadores en el ámbito de la salud mental. También cuestionan el carácter “cerrado y autoritario” de la gestión y la falta de instancias de diálogo institucional.
A ese panorama se suma la reciente denuncia por la rescisión de 70 contratos de profesionales de la Guardia Médica, muchos con más de una década de antigüedad en modalidades de empleo público temporario. Según la APyT, se les informó que para cobrar lo trabajado en enero debían suscribir contratos de locación de servicios, cambiando de forma unilateral sus condiciones laborales.
Frente a esta situación, los trabajadores anunciaron la realización de una conferencia de prensa en el hospital —con horario a confirmar— y ratificaron la convocatoria a un Cabildo Abierto para el miércoles 4 de febrero a las 16, con el objetivo de articular una respuesta unitaria frente a la precarización laboral, los sumarios y el avance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Desde los gremios sostienen que el avance contra dirigentes con tutela sindical no es un hecho aislado, sino un intento deliberado de disciplinar una de las luchas más visibles de 2025, la que logró frenar recortes en el hospital a partir de la organización interna y un fuerte respaldo social.
En esa línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, advirtió que el Garrahan vive “un estado de conmoción” y denunció que el dictamen, conocido por el Gobierno antes que por los propios trabajadores, confirma que se trata de una operación “100% política” para aleccionar a quienes reclamaron salarios, denunciaron el vaciamiento y defendieron el derecho a la protesta.
“Defender el Garrahan es defender la salud pública pediátrica”, repiten desde las organizaciones, que volvieron a pedir el acompañamiento de las familias y de la comunidad frente a un conflicto que, aseguran, excede lo laboral y pone en juego el futuro del hospital.
Un hospital de referencia regional
El Garrahan es el principal hospital pediátrico de alta complejidad de la Argentina y un emblema en América Latina. Cada año atiende alrededor de 610 mil consultas, realiza más de 12 mil cirugías, supera los 110 trasplantes, procesa 2,4 millones de análisis de laboratorio y concreta unas 180 mil prestaciones de imágenes, con más de 28 mil egresos anuales. Para sus trabajadores, lo que está en juego va más allá de un conflicto gremial: se discute el modelo de salud pública y el futuro de una institución estratégica del sistema sanitario.
ML
