La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se aplicará un incremento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador nacional, que establece los aranceles para las instituciones, los profesionales y los servicios dedicados a la atención de personas con discapacidad. A iniciativa del jefe de Gabinete, gobierno-no-creo-que-este-en-posicion-de-ir-a-otro-lugar-en-el-estado.phtml">Guillermo Francos, la medida incorpora una partida presupuestaria destinada a cubrir los aumentos del último trimestre del año, a pocos días de las elecciones legislativas.
Según el comunicado oficial, el ajuste se implementará en tres etapas consecutivas entre octubre y diciembre de 2025, con el propósito de brindar previsibilidad al sistema y acompañar la suba de costos del sector. En ese marco, el detalle de los valores reajustados de cada prestación se oficializará y publicará mañana jueves en el Boletín Oficial.
La decisión fue acordada en forma conjunta entre la entidad gubernamental, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, durante la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Asimismo, desde ANDIS y el Ministerio de Salud señalaron que “se trata de una decisión concreta para acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.
La actualización de los valores del nomenclador para personas con discapacidad en Argentina repercutirá en distintos servicios esenciales, entre ellos internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
A raíz de la amplia victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones, con alrededor del 40,7% de los votos a nivel país y triunfos en distritos clave, el aumento llega tras varios meses de reclamos. Ese resultado facilitó la autorización del incremento escalonado en las prestaciones para personas con discapacidad, luego de un prolongado período sin actualizaciones significativas desde el 0,5% de diciembre de 2024, situación que había generado serias dificultades en el sector, como demoras en los pagos, suspensión de servicios y cierre de centros de atención.
Organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones se movilizaron en las últimas semanas, desde el Congreso hasta el Ministerio de Salud, exigiendo la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y un aumento del 70% en el nomenclador, muy por encima del 35,4% dispuesto por el Gobierno. Además denunciaron maltrato institucional, falta de diálogo con las autoridades y la crítica situación que atraviesa el sector.
El Gobierno nacional restituirá más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral por una orden judicial
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, acató una orden del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, y restablecerá las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Mediante la resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno comenzó a implementar la medida, que surgió a partir de una cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, defensor del Pueblo de Catamarca.
Si bien la medida había sido apelada por el interventor de la entidad gubernamental, Alejandro Alberto Vilches, la Justicia confirmó el fallo y ordenó “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país, y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que haya una sentencia definitiva”. Así se efectuarán según el calendario habitual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
A partir del fallo en la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, un grupo de personas con discapacidad que había perdido su pensión por discapacidad laboral recuperará el beneficio. El juez federal sostuvo que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva“, pero también “individuales”, vulnerados por una norma considerada inconstitucional y por una ejecución irregular del Estado.
MV
