
El Gobierno de Javier Milei envió este miércoles un mensaje directo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en plena disputa por el pedido de endeudamiento aprobado por la Legislatura provincial. Con un discurso enfocado en el equilibrio fiscal y la reducción del stock de deuda, la Casa Rosada adelantó que no avalará nuevas autorizaciones para la Provincia y descartó, además, una reunión política para bajar la tensión.
Durante una conferencia convocada para repasar los dos años de gestión libertaria, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “Hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convierte a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. No hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador que sin déficit, no hay nueva deuda”.
La frase fue una respuesta directa al pedido bonaerense, que necesita avales nacionales para acceder a los mercados financieros.
Adorni fue tajante al descartar un posible encuentro con Kicillof. “No tenemos mucho que conversar. Cuando no hay colaboración, cuando no se adhieren a leyes fundamentales como la antimafia, entendés que hay gobernadores que no van con lo que nos pide la gente”, afirmó.

El jefe de Gabinete añadió que incluir a Buenos Aires en la ronda de reuniones con mandatarios provinciales tampoco está en consideración: “A ellos solo les importa que al Gobierno le vaya mal y a los bonaerenses les vaya mal. No hay muestras de buena voluntad”.
La negativa se produce en un momento en que Kicillof y otros gobernadores peronistas reclamaron abrir canales de diálogo tras las elecciones del 26 de octubre. Aun así, la Casa Rosada sostiene que “no hay agenda compartida” con la administración bonaerense.
La Legislatura provincial aprobó la semana pasada una autorización de hasta US$ 3.685 millones, que incluye emisión de Letras del Tesoro y endeudamientos para la administración central, AUBASA y Buenos Aires Energía. Pero sin el aval de la Nación, la Provincia no puede avanzar.
En Balcarce 50 señalan como condición el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno bonaerense incrementó en un 2,1% real su gasto corriente en la primera mitad del año, por encima de la inflación: “No cumple con el requisito de mantener el gasto a raya. Las provincias tienen que acomodarse”.
El Ejecutivo nacional, sin embargo, muestra apertura para convalidar únicamente el rollover de deuda ya existente. Ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe recibieron autorizaciones para tomar nueva deuda; Buenos Aires, no.
Aunque Adorni aseguró que no hay diálogo político, hubo contactos entre los equipos de Hacienda y referentes del equipo económico nacional, incluido el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La coordinación técnica continúa, pero no alcanza al plano institucional donde se define el aval. Por ahora, el gobierno provincial no precisó cuándo solicitará formalmente la autorización para emitir deuda en pesos en el mercado local.
Obras paralizadas, recortes y reclamos
La relación entre ambas administraciones arrastra meses de conflicto. La Casa Rosada eliminó fondos específicos para la Provincia, frenó obras y excluyó a Buenos Aires del Pacto de Mayo, del que tampoco participaron La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió por carta una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar la restitución de fondos y reactivar las mil obras paralizadas. Santilli respondió por X: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”. Hasta ahora, no hubo avances.
Kicillof advirtió que sin autorización nacional la Provincia podría entrar en default. En su entorno rechazan que el endeudamiento busque cubrir gasto corriente: dicen que es para refinanciar pasivos e invertir en infraestructura. también afirman cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Bianco fue explícito: “Si el Gobierno nacional dice: ‘no autorizo el endeudamiento porque no me gusta lo que piensa el gobernador’, habrá que denunciarlo”.
Mientras tanto, la pulseada fiscal sigue abierta y profundiza el vínculo más tenso que mantiene hoy la Casa Rosada con una administración provincial.
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