El Gobierno argentino eliminó el asueto por el Día del Trabajador del Estado, conmemorándose el 27 de junio, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
Esta medida, que modifica la ley 26.876 sancionada en 2013, introduce una excepción administrativa que solo se aplicará este año, mientras los gremios estatales prevén resistencia y cuestionan la decisión.
El decreto 430/2025, dado a conocer en la madrugada de este jueves, implica un cambio significativo en la normativa que regulaba el Día del Trabajador del Estado en Argentina. Hasta ahora, la ley establecía que cada 27 de junio debía considerarse un “día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Con la nueva disposición, el Gobierno deroga el artículo 2 de la ley original, eliminando el carácter no laborable de la fecha. Así, el Día del Trabajador del Estado sigue existiendo en el calendario, pero deja de ser un día de asueto para los empleados públicos.
La decisión se formalizó un día antes de la conmemoración, generando incertidumbre y descontento entre los trabajadores estatales y sus representantes sindicales. Muchos esperaban que el 27 de junio conservara su condición de asueto, como había sucedido desde la sanción de la ley en 2013. La resolución fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa el miércoles, donde anunció la eliminación de la jornada no laborable “correspondiente al Día del Empleado Público”. Sin embargo, la denominación oficial de la fecha, de acuerdo con la ley, es “Día del Trabajador del Estado”, una diferencia que resalta la importancia simbólica del reconocimiento laboral.
Ante la inminente implementación de la medida y para evitar complicaciones administrativas, el decreto incorpora una excepción que únicamente regirá en 2025. El texto oficial establece: “Con el fin de no afectar el correcto desenvolvimiento de los trámites administrativos y de tutelar los derechos de los particulares frente a la Administración, corresponde establecer que, por el presente año y por única vez, la fecha no será considerada como día hábil administrativo a efectos del cómputo de los plazos legales”. Esto significa que, a pesar de que las oficinas públicas funcionarán con normalidad, el viernes 27 de junio no se contará en los plazos legales para trámites y procedimientos administrativos, buscando así evitar perjuicios para los ciudadanos y la gestión estatal.
Los argumentos de la medida
El Gobierno justificó la eliminación del asueto como parte de su política de revalorización del trabajo y ajuste del gasto público. En los considerandos del decreto, se argumenta que el trabajo constituye “la principal herramienta de crecimiento para una comunidad que busca la distribución equitativa de los bienes producidos, dado que sin producción no hay distribución posible”. Además, se afirma que “es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas”. Estas declaraciones reflejan la visión de la administración de Javier Milei, la cual, desde su asunción, ha promovido una agenda de reformas enfocadas en la reducción del Estado y la mejora de la eficiencia en la gestión pública.
El decreto no solo lleva la firma del presidente Javier Milei, sino también de figuras clave del gabinete, incluyendo al canciller Gerardo Werthein y los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, así como del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La amplitud de las firmas evidencia el respaldo institucional a la medida y su inserción en el programa de gobierno.
La eliminación del asueto forma parte del denominado “plan de motosierra” que caracteriza la gestión de Milei, orientado a la reducción del gasto estatal y la reestructuración de la administración pública. Desde enero de 2024, el Gobierno ha despedido a más de 50.000 empleados públicos, cifra que ilustra la magnitud de los recortes.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales, afirmando: “SIGUE LA MOTOSIERRA. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones (aproximadamente $1.840 millones de euros)”. Sturzenegger acompañó su mensaje con un desglose de los puestos de trabajo eliminados, reforzando el discurso oficial sobre la necesidad de austeridad y eficiencia.
La reacción sindical no tardó en llegar. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, criticó con energía el decreto y lanzó una advertencia pública. En un mensaje publicado en la red social X, Aguiar se dirigió a Sturzenegger acusándolo de utilizar el número 430 —el del decreto— como símbolo de recortes, recordando que en el año 2000 se empleó el mismo número para una medida que redujo un 13% las jubilaciones cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Aguiar expresó: “Tu Gobierno de ahora le está costando muchísimo más a los argentinos que lo que supuestamente quieren ahorrar eliminado el Día del Trabajador Estatal. Además, tu cálculo es ridículo. No sería descabellado que también nos quieras quitar los sábados y domingos que cuestan lo mismo”.
El dirigente sindical no se detuvo ahí y cuestionó el destino de los fondos que ahorra el Estado: “¿Qué harán con esa plata? ¿Seguirá yendo a sus bolsillos? Porque son los únicos que se están enriqueciendo en esta Argentina. Desde ATE vamos a resistir y veremos quién gana esta pulseada”. Aguiar cerró su mensaje con una declaración contundente: “PD: ¡Nadie nos quitará nuestro día!”. Estas afirmaciones reflejan el clima de tensión y confrontación entre el Gobierno y los gremios estatales, que consideran la eliminación del asueto como un nuevo ataque a los derechos laborales y una señal de endurecimiento en la política oficial.
La medida adoptada por el Gobierno argentino no solo altera el calendario laboral de la administración pública, sino que también se inscribe en un contexto más amplio de reformas y ajustes que han generado intensos debates en la sociedad. La eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado, sumada a los despidos masivos y la reducción del gasto, configura un escenario de creciente conflictividad entre el Ejecutivo y los sindicatos, que anticipan nuevas acciones de protesta y resistencia en defensa de sus derechos y conquistas históricas.
