La Casa Rosada ha iniciado una “purga” en la Procuración del Tesoro tras identificar potenciales filtraciones relacionadas con la causa que enfrenta al Estado argentino y al fondo Burford por la estatización de YPF. Altas fuentes del Gobierno han indicado que se sospecha de “venta de información” desde el interior del organismo que representa jurídicamente al Estado en litigios fundamentales.
A pesar del hermetismo que rodea la situación, el Ejecutivo ha ordenado el despido de decenas de funcionarios y está preparando una reforma interna, según ha informado Infobae. El encargado de llevar a cabo estos cambios es el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, un funcionario cercano al círculo de Santiago Caputo.
La desconfianza se intensificó tras la detección de que estrategias judiciales comenzaron a circular sin autorización de los niveles superiores. Aunque no se ha confirmado qué información se ha filtrado ni a quiénes, en la Casa Rosada no descartan que pueda haber beneficiado a Burford Capital, fondo que obtuvo una sentencia por 16.000 millones de dólares en una corte de Nueva York. Además, según información publicada por La Nación, se estiman “más de 60 despidos”.
La reestructuración abarcaría la disolución de áreas internas y el rediseño del esquema de trabajo en la Procuración. Se anticipa que en los próximos días se difundirá un comunicado oficial con detalles sobre los cambios. “Estamos hablando de causas que implican sumas millonarias. Lo que ocurrió es de extrema gravedad”, afirmaron desde Balcarce 50 al medio mencionado. Este avance se produce simultáneamente con un nuevo respaldo del Gobierno de Estados Unidos a la estrategia legal argentina.
Washington advirtió que la entrega de acciones de YPF violaría la inmunidad soberana
Este lunes, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechazó el intento de Burford de apoderarse del 51% de las acciones estatales de YPF. El documento, firmado por el fiscal adjunto Damian Williams, advirtió que acceder a dicho pedido violación los principios de inmunidad soberana. En 2024, Washington ya había intervenido con una postura similar, aunque la jueza Loretta Preska no la tuvo en cuenta y autorizó igualmente el traspaso de acciones.
El conflicto se origina en la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, acto que Burford Capital considera ilegal. La causa se encuentra actualmente en etapa de apelación, y Argentina busca reforzar su apoyo internacional para impedir la ejecución del fallo. La Cancillería y la Procuración están intentando obtener presentaciones “amicus curiae” (realizadas por terceros ajenos al litigio, que aportan voluntariamente su opinión) de países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.
Analistas advierten que, a pesar de la importancia del respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no garantiza un fallo favorable. “La intervención de EE.UU. tiene como objetivo frenar la ejecución del fallo, no necesariamente revertirlo”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Según su análisis, el apoyo actual no se extiende al reclamo de los 16.100 millones de dólares ni a la orden específica de entregar las acciones. Aun así, representa un nuevo capítulo en una disputa que tiene un impacto económico y político considerable.
TC/ML
