Mientras avanza la gobierno-retoma-las-negociaciones-en-busca-de-la-aprobacion.phtml">reforma laboral, el Gobierno nacional abre otro frente de debate: la modificación del régimen especializado para menores. La Ley Penal Juvenil, impulsada por el oficialismo y promovida por Patricia Bullrich desde su banca en el Senado, pretende reformar el actual Régimen Penal de la Minoridad y establecer un nuevo marco jurídico para adolescentes en conflicto con la ley penal.
El proyecto concentra su eje en la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal diferenciado que combine sanción con dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social, todo dentro de un esquema específico para menores de edad.
La iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo busca abrir el debate parlamentario en febrero, aunque en el propio bloque libertario admiten que los tiempos legislativos son acotados y que el tratamiento podría extenderse al período ordinario que comienza el 1° de marzo.
El objetivo es avanzar hacia un nuevo régimen penal juvenil que reemplace la Ley 22.278, vigente desde 1980, que el Ejecutivo considera “desactualizada” frente a los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El eje central: la baja de la edad de imputabilidad
Hoy, en Argentina la edad de imputabilidad penal es de 16 años. El proyecto oficial propone reducirla a los 13 años, incorporando a los adolescentes a un régimen penal especial. En la fundamentación, el Gobierno libertario sostiene que el sistema vigente “genera situaciones de impunidad” y que la legislación argentina quedó “desfasada” respecto del resto de la región, donde varios países fijaron edades más bajas de responsabilidad penal juvenil.
En la fundamentación del proyecto se citan casos de países vecinos como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú. Desde Casa Rosada sostienen que la reforma busca disminuir la criminalidad juvenil y ofrecer una respuesta institucional a delitos graves cometidos por menores.
El debate volvió a instalarse tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, caso que el oficialismo utilizó para reforzar la necesidad de la reforma. Patricia Bullrich reactivó públicamente la cuestión y la colocó entre las banderas centrales de la agenda de seguridad de La Libertad Avanza. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también adelantó que la baja de la edad de imputabilidad integra el núcleo de reformas estructurales que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso.
Qué cambia con la nueva ley
El nuevo régimen se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años. El texto legal establece que la finalidad del régimen es “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, pero también su educación, resocialización e integración social. En ese sentido, incorpora principios como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las penas, el tratamiento diferenciado por edad y una interpretación judicial especialmente protectora por tratarse de menores.
El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto a adultos y dispone que toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo.
El proyecto prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Además, prevé la posibilidad de sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas alternativos de cumplimiento, siempre sujetos a control judicial y evaluación técnica.
Según el Ejecutivo, el esquema busca consolidar un modelo de control estatal permanente que no se agote en la sanción penal, sino que articule intervención judicial, dispositivos educativos y políticas de reinserción social en un marco específico para menores de edad.
Con su inclusión en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo intenta convertir la Ley Penal Juvenil en uno de los pilares de su agenda legislativa de 2026, junto con la reforma laboral y otros proyectos estructurales. El debate vuelve a poner en discusión el modelo de política criminal del Estado, el papel del sistema penal frente a la adolescencia y el equilibrio entre seguridad pública, derechos y resocialización en un contexto de fuerte conflictividad social y polarización política.
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