Francia dispone desde este lunes de los presupuestos estatales para 2026, un paso decisivo para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y del presidente Emmanuel Macron en la recta final del actual mandato. El Ejecutivo sorteó dos mociones de censura —impulsadas por bloques de izquierda, sin el respaldo socialista, y por la extrema derecha de Marine Le Pen— tras aprobar las cuentas sin votación parlamentaria mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución.
La primera moción, promovida por formaciones como La Francia Insumisa, Los Verdes y el GDR (Comunistas y de Ultramar), reunió 260 votos, lejos de los 289 necesarios para derrocar al Ejecutivo. Por su parte, la iniciativa de la Agrupación Nacional y sus aliados sumó solo 130 apoyos. La ausencia de mayoría parlamentaria obligó a Lecornu a recurrir a la medida excepcional, pese a su promesa inicial de no hacerlo, para evitar un nuevo adelanto electoral reclamado tanto por la ultraderecha como por la izquierda radical.
El Gobierno había negociado previamente con los socialistas, lo que permitió aprobar en diciembre el presupuesto de la Seguridad Social a cambio de suspender hasta después de las presidenciales de 2027 la emblemática reforma de las pensiones. Esta concesión se consideró una de las principales victorias del socialismo francés en el proceso, al postergar el aumento de la edad de jubilación a 64 años.
El presupuesto estatal adoptado fija un déficit público en torno al 5% del PIB para 2026, por debajo del 5,4% del año anterior, en línea con los compromisos asumidos por Francia ante la Unión Europea (UE), que prevén reducirlo por debajo del 3% en 2029. Entre las medidas incluidas figuran comidas a un euro para estudiantes universitarios, un aumento de la prima de empleo para trabajadores de bajos ingresos y un impuesto a las sociedades tenedoras de activos, señaladas por su uso en estrategias de evasión fiscal.
La aprobación del presupuesto representa un respiro para el Ejecutivo, que ha enfrentado casi dos años de negociaciones, crisis políticas y presión de los mercados de deuda tras las elecciones anticipadas de 2024, que dejaron al Parlamento sin mayoría clara. Las tensiones llegaron a provocar la salida de dos primeros ministros y despertaron inquietud entre los socios europeos sobre la estabilidad fiscal francesa. La prima de riesgo de la deuda pública regresó, tras la aprobación, a niveles previos al anuncio de elecciones anticipadas de junio de 2024.
Con el presupuesto resuelto, Lecornu podrá enfocar sus esfuerzos en los comicios municipales de marzo y en los desafíos legislativos pendientes. Entre ellos destacan un proyecto de ley agrícola de urgencia, orientado a responder a las recientes protestas del sector y a abordar temas como la depredación del ganado, la gestión del agua y los costes de producción; así como un plan para enfrentar la crisis inmobiliaria mediante la simplificación de normas urbanísticas y el impulso a la construcción.
El Gobierno también prevé revisar la Ley de Programación Militar antes de primavera, reexaminando partidas destinadas a munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal. Paralelamente, avanza una reforma de las prestaciones sociales que busca unificar ayudas y garantizar que los ingresos laborales superen siempre a los sociales, aunque su aplicación completa no se espera antes de 2030.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
