El Gobierno no mostró sorpresa ante la propuesta del senador kirchnerista José Mayans sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia a nueve miembros, sugiriendo que el oficialismo designe a tres y la oposición a otros tres.
Fuentes del oficialismo le comentaron al diario La Nación que están abiertos a dialogar tras las elecciones de octubre para completar el máximo tribunal, que actualmente cuenta solo con tres jueces, y trabajar en un acuerdo con el kirchnerismo para ampliar la Corte.
La reciente nota de Gustavo Ybarra, donde Mayans lanzó su oferta, no sorprendió al Gobierno. A lo largo del año pasado y este, se habían llevado a cabo negociaciones en secreto entre el kirchnerismo y el Gobierno, que estaban cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, estas conversaciones se frustraron el 5 de abril, cuando se cayeron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, y se detuvieron cuando, el 10 de junio, la Corte confirmó la condena a Cristina Kirchner, según reveló una fuente oficial al mismo diario.
Las fuentes consultadas afirmaron que se estaba considerando un acuerdo amplio que incluía la creación de un tribunal ampliado de entre siete y nueve integrantes, donde la oposición podría proponer dos o tres nombres, al igual que el oficialismo. Entre los posibles candidatos que se barajan hay muchas mujeres, aunque aún no se conocen quiénes lideran las listas de cada sector.
Las conversaciones también contemplaban que el kirchnerismo sugiriera el nombramiento del Defensor del Pueblo, un cargo vacante desde hace 16 años, y del Defensor General de la Nación, ante la inminente jubilación de Stella Maris Martínez, actual defensora general, que cumplirá 75 años el próximo año.
El acuerdo era tan extenso que también se habían acordado con la oposición las vacantes de los jueces de primera instancia y camaristas tanto de la justicia nacional como de la federal en el interior del país, con un 20% aún por definir. En la actualidad, existen 330 vacantes en la justicia nacional y federal, y el Poder Ejecutivo tiene en su poder 222 pliegos para elegir candidatos. El resto de las vacantes está en el Consejo de la Magistratura, según reportó La Nación.
Durante las anteriores negociaciones, las vacantes eran algo más de 150, pero los cargos siguen sin ser cubiertos. Además, quedó pendiente la designación del procurador general de la Nación, ya que las fuentes indicaron que los candidatos, como el camarista Mariano Borinsky y el fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques, no eran aceptables para el kirchnerismo. En cuanto al viceministro Sebastián Amerio, parece que no estaría dispuesto a un cambio.
Después del intento fallido de Lijo y García-Mansilla, funcionarios del Gobierno afirmaron a La Nación que continuaban en conversaciones con el kirchnerismo para un nuevo intento. Señalaron que tenían un plan para completar la Corte Suprema y aguardaban la aprobación del presidente Javier Milei para seguir adelante. Sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido ninguna acción al respecto.
Aunque no existen declaraciones oficiales, en las últimas semanas ha circulado el rumor de que se habían reanudado las comunicaciones entre Amerio, quien reporta al asesor presidencial Santiago Caputo, y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, representante de Cristina Kirchner.
Por ley, la Corte Suprema debe contar con cinco jueces, pero actualmente solo están en funciones Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Notablemente, la tensión entre Lorenzetti y sus colegas ha disminuido considerablemente este año en comparación con años anteriores.
Para dictar fallos, es necesario que haya unanimidad, dado que no puede haber una mayoría de dos jueces. En caso de disidencia, la Corte debe convocar por sorteo a conjueces, es decir, presidentes de Cámaras Federales, para que emitan su voto. La Corte sostiene que este sistema es ágil y eficiente, mientras que el Gobierno argumenta que el tribunal está incompleto, lo que dificulta su funcionamiento.
En diciembre del año pasado, el juez Juan Carlos Maqueda renunció al cumplir 75 años, sin que el Gobierno enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, generando así una vacante adicional. Anteriormente, en 2021, Elena Highton dejó el tribunal, un cargo que nunca fue cubierto.
Mayans reconoció que “siempre hay negociaciones” y expresó su confianza en que las conversaciones se reanudarán en agosto, aunque estarían interrumpidas debido al habitual receso invernal en ciertos sectores de la administración pública. Desde el Gobierno no desmienten estas conversaciones, aunque indican que se reanudarán después de las elecciones. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que, a pesar de que el oficialismo podría tener un buen desempeño en octubre, no alcanzará una mayoría de dos tercios en el Senado para imponer sus candidatos, lo que los obligará a negociar.
Incluso con sus aliados del Pro y la UCR, esto es complicado, y aunque el kirchnerismo perderá algunas bancas, mantendrá más de un tercio de los 72 senadores, lo que les permitirá bloquear cualquier designación que requiera el voto de dos tercios de los presentes sin su consentimiento. Esta mayoría agravada es la que establece la Constitución para nombrar a un juez de la Corte y al jefe de los fiscales.
Por ello, la oposición mantendrá el poder de veto, y el Gobierno necesitará su apoyo si quiere completar o ampliar la Corte Suprema de Justicia.
