El Gobierno nacional ha comunicado que los empleados públicos que no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus posiciones a partir del segundo semestre de 2025. Esta medida busca incrementar la eficiencia en las contrataciones del personal estatal.
La nueva exigencia para ocupar un cargo en el ámbito estatal fue oficializada en el Boletín Oficial, mediante la publicación de la Resolución 48/2025. De acuerdo con lo dispuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la normativa entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.
Se establece que, a partir de esa fecha, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y efectuar renovaciones conforme al artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, según lo estipulado en la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24.
Esta modificación impactará en todo el Sector Público Nacional, abarcando a funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, así como fondos fiduciarios.
Por lo tanto, los empleados que no hayan superado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias no podrán ser contratados como funcionarios o colaboradores a partir del segundo semestre de 2025, conforme al artículo 93 de la Ley N° 20.744 de Contratos de Trabajo. Aquellos que cuenten con un documento vigente posterior al 30 de junio verán su validez anulada con la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Además, las autoridades han instado a los representantes del Estado en empresas, sociedades y organizaciones con participación mayoritaria del Gobierno a implementar medidas similares. Estas acciones buscan garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con la normativa vigente, promoviendo la profesionalización y eficiencia en el sector público y paraestatal.
La normativa tiene como objetivo alinear las contrataciones con un estándar de competencias, en un esfuerzo por optimizar el funcionamiento y transformación del Estado. Se considera que, con esta implementación, se asegurará que los empleados estén debidamente cualificados para desempeñarse en sus respectivos cargos.
Según información a la que accedió Infobae, alrededor de 40.000 trabajadores de la planta transitoria participaron en la evaluación de competencias a finales de 2024. Para mediados de diciembre, Sturzenegger había señalado que el 95% de los participantes había aprobado la prueba.
Con respecto a las evaluaciones restantes, el Gobierno decidió prorrogar todos los contratos vigentes hasta el 31 de marzo de este año, con el propósito de desvincular a los trabajadores que no cumplieron con los requisitos necesarios para los puestos que ocupaban.
Durante estos meses, se llevaron a cabo las evaluaciones restantes, impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, las cuales comprendían tres instancias: servicios generales, administrativos y profesionales. Es importante mencionar que los empleados disponían de un total de tres oportunidades para aprobar el examen.
La prueba tuvo una duración de una hora y consistió en preguntas de opción múltiple, realizadas a través de computadoras o tablets en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el centro de Buenos Aires. El material de estudio y ejemplos de exámenes se publicaron semanas antes del inicio del proceso en la página oficial del ministerio.
