El Gobierno culminará en los próximos días la elaboración del anticipo del Presupuesto 2026 que debe ser enviado al Congreso, detallando los lineamientos centrales. Para este año, el equipo económico deberá incluir un adelanto que explique cómo se continuará en el sendero fiscal para garantizar el superávit, un compromiso establecido en el programa con el FMI.
Mientras los técnicos del organismo mantienen reuniones cerradas con miembros del Banco Central y el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo finalizará una primera versión de la ley de ingresos y gastos para el próximo año. Durante los dos primeros años de gestión libertaria, el Gobierno no logró que el parlamento aprobara un presupuesto.
El año pasado se presentó una propuesta que no fue debatida durante el período de sesiones ordinarias ni incluida en el temario de extraordinarias, lo que llevó a que el presupuesto prorrogado de 2023 se extendiera nuevamente durante 2024.
De acuerdo con el cronograma de elaboración presupuestaria aprobado por el Poder Ejecutivo, se terminará el plazo para uno de los pasos clave: la “elaboración, revisión final y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Honorable Congreso de la Nación”, según lo establece el decreto publicado en abril pasado.
El adelanto se presentará al Congreso a comienzos de julio, momento en que se hará público. Típicamente, los gobiernos ofrecen solo indicios sobre proyecciones macroeconómicas para el año siguiente, como la recaudación y los lineamientos presupuestarios, reservando estimaciones más detalladas como la inflación y el tipo de cambio para el proyecto definitivo, que se presenta a mediados de septiembre.
La presentación del proyecto de Presupuesto 2026 forma parte de los compromisos asumidos en el programa con el FMI, no como metas formales sino consideradas medidas “estructurales”. Es habitual que el organismo exija a los Poderes Ejecutivos contar con leyes de ingresos y gastos aprobadas en los parlamentos nacionales. Sin embargo, en el caso de la administración libertaria, la ausencia de pautas sancionadas no ha obstaculizado la relación entre Washington y la Casa Rosada.
No obstante, el programa aprobado en abril establece la necesidad de contar con un presupuesto para 2026 y sostiene que este deberá incluir referencias al sendero fiscal a mediano plazo que asegure el superávit fiscal en los años venideros.
“Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, conforme a la regla de déficit presupuestario general cero, con un marco fiscal de mediano plazo y una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos”, establece el acuerdo con el Fondo Monetario.
“Para aportar mayor previsibilidad a la política fiscal, las autoridades elaborarán y publicarán un marco fiscal de mediano plazo que guíe la elaboración y ejecución del presupuesto, así como una declaración detallada de riesgos fiscales que identifique los riesgos clave y las estrategias de mitigación”, se detalla en otro segmento del acuerdo.
Existen pocas pistas sobre las expectativas del Gobierno para 2026 en términos macroeconómicos. Según la hoja de ruta plurianual elaborada por el personal del Fondo tras conversaciones con el equipo económico, se prevé un crecimiento del PBI del 4,5%, acompañado de una inflación proyectada entre el 10 y el 15% anual, y un superávit primario más exigente que el establecido para este año (1,6% del PBI), proyectándose que debería ascender a 2,2 puntos del Producto.
Asimismo, se estima que las reservas del Banco Central alcancen los 56.000 millones de dólares, unos 15.000 millones más que en la actualidad. Por otro lado, se anticipa que se mantendrá el déficit de cuenta corriente en un 0,3% del PBI (2.000 millones de dólares). Esta cifra podría variar, dado que hasta el primer trimestre el rojo externo alcanzó casi 5.200 millones de dólares.
Mientras tanto, el Gobierno y el FMI han continuado en las últimas horas con reuniones en el marco de la primera revisión del acuerdo firmado en abril. Los encuentros se llevan a cabo con la línea técnica del Palacio de Hacienda y del Banco Central, organizándose por temáticas, entre cuestiones macroeconómicas, regulatorias y reformas estructurales.
Se espera que la delegación del organismo, liderada por el economista nepalí Bikas Joshi, permanezca en Buenos Aires durante lo que resta de la semana. Aún no se ha confirmado si esta misión concluirá el primer examen trimestral o si se presentarán más instancias de negociación en las próximas semanas. En juego, en caso de aprobar la revisión, está un desembolso de 2.000 millones de dólares.
