El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, ha desregulado el mercado de fletes agropecuarios al abrogar las resoluciones que establecían esquemas tarifarios de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y productos relacionados. Esta medida, formalizada mediante la resolución 48/2025 y publicada en el Boletín Oficial, aspira a “lograr una mayor claridad y eficacia en la desregulación, desburocratización y simplificación del Estado nacional”.
La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, se fundamenta en el marco legal que regula el transporte automotor de cargas, conforme a la ley 24.653. Esta norma confirió al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación, la responsabilidad de fijar políticas generales y específicas del sector.
Según lo indicado en la normativa, a lo largo de los años se establecieron mecanismos de referencia. La resolución 8 del 1° de abril de 2016, emitida por la exSecretaría de Gestión Transporte, había aprobado un Esquema Tarifario Referencial para el transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, productos, subproductos y derivados.
Esta resolución también instituyó la “Mesa de Negociación Participativa”, un mecanismo destinado a determinar la Tarifa de Referencia, compuesta por cámaras empresariales del sector, entidades agrarias y representantes de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del entonces Ministerio de Agroindustria.
La Tarifa de Referencia debía ser consignada por los sujetos obligados al completar el formulario de la Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos, siendo la Subsecretaría de Transporte Automotor la encargada de su actualización.
El procedimiento para la convocatoria y funcionamiento de esta Mesa de Negociación Participativa fue modificado posteriormente por la resolución 190 del 3 de diciembre de 2018 y la disposición 1 del 1° de febrero de 2019. Esta última estableció que la Subsecretaría de Transporte Automotor crearía su propia fórmula de cálculo para determinar y actualizar las tarifas referenciales, que serían utilizadas para el análisis de los Informes de Costos.
La DNTAC consideró “pertinente armonizar y actualizar la normativa vigente para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales del sector”, subrayando la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”.
Más recientemente, la resolución conjunta 1 del 21 de abril de 2023 creó una “Mesa de Trabajo” dentro de la exSecretaría de Gestión de Transporte y la exSecretaría de Planificación de Transporte, ambas del entonces Ministerio de Transporte. La composición de esta Mesa de Trabajo, que inicialmente incluía a Secretarios y representantes de cámaras como la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), fue ampliada por la resolución 83 del 6 de diciembre de 2023, incluyendo también a representantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos, además de funcionarios del Ministerio de Economía.
Sin embargo, esta estructura comenzó a mostrar fisuras, ya que varias entidades clave expresaron su deseo de no continuar participando. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) manifestó “su voluntad de no participar en lo sucesivo de la Mesa de Trabajo destinada a establecer Precios de Referencia”, argumentando que no cuenta con empresas asociadas dedicadas al transporte de cereales y oleaginosas.
Asimismo, la Fadeeac comunicó “su decisión de no participar de tal Mesa de Trabajo”, sosteniendo que la transparencia en los costos del transporte haría “mucho más dinámico y justo que todo el proceso actual se reúna y conforme en un Índice de Costos serio y bien elaborado, a ser trasladado a negociaciones de tarifa individuales entre transportistas y otros actores del mercado, sin intervención alguna de la Autoridad Pública”.
Por su parte, la SRA, que reúne a productores agropecuarios de todo el país, también expresó formalmente “su decisión de no participar en futuras reuniones para la determinación de tarifas indicativas o de referencia”. La SRA argumentó que la mejor política en este ámbito es aquella que “respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”.
Frente a esta situación, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas (DNTAC), que depende de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía, llevó a cabo un análisis. En su informe, señaló que, aunque el Estado no intervenía en la definición de acuerdos, los “valores de referencia” que surgieron de las Mesas de Trabajo habían sido “objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a situaciones en las que los acuerdos alcanzados resultaron divergentes respecto de las referencias establecidas, cuando el propósito fue brindar un marco orientador y no establecer un valor vinculante”.
Como resultado, la DNTAC consideró “pertinente armonizar y actualizar la normativa vigente para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales del sector”. Subrayó la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica” y recomendó explícitamente “derogar la resolución 8 del 1° de abril de 2016, así como la resolución conjunta 1 del 2 de abril de 2023”.
Además, se destacó que, paralelamente a estas discusiones, el sector privado ya había avanzado en sus propios acuerdos. El 10 de marzo de 2025, se celebró un “Acta Acuerdo” entre representantes del sector transportista y los dadores de carga, quienes acordaron “de común acuerdo un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional para el transporte automotor de carga de la producción agropecuaria”.
