Ante cientos de empresarios y ejecutivos industriales, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó del cierre del Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint, y se mostró dura con el sector sindical al referirse al proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió este jueves al Congreso.
“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, disparó la legisladora al referirse a los bloqueos ocurridos este año en distintas fábricas, aunque muchos no hayan sido reflejados en los diarios. “Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, aclaró la ex ministra ante los empresarios y frente al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, con quien compartió el cierre del evento.
Al explicar una de las medidas del proyecto que genera mayor debate en el sindicalismo, Bullrich dijo que el nuevo texto pretende ordenar el tiempo dedicado a la representación gremial en las empresas y articular de forma directa la función sindical con el trabajo productivo cotidiano.
La senadora subrayó, entre aplausos, que la modificación busca que los delegados mantengan responsabilidades propias de su tarea y no se reduzcan exclusivamente a la actividad gremial. “Siguen siendo trabajadores y no solo delegados”, describió al precisar que la reforma acota los beneficios exclusivos a quienes ejerzan la representación en los lugares de trabajo. En su exposición, remarcó que la propuesta apunta a equilibrar derechos y obligaciones dentro de cada compañía, para mejorar la eficiencia y evitar distorsiones prolongadas en la gestión sindical.
Otra definición de Bullrich en el encuentro fue la política firme frente a bloqueos de plantas, cortes y tomas. Detalló que la reforma incorpora reglas estrictas y considera estas acciones infracciones graves en el Código Penal. Relató que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antibloqueos en ciento sesenta y cuatro ocasiones.
Tras escuchar el cierre de Rocca —quien enfatizó la preocupación de la industria por el avance chino y las reformas que impulsa el Gobierno— Bullrich repasó cada uno de los puntos centrales del proyecto recientemente enviado.
Planteó que la estructura actual debe modernizarse para que las empresas funcionen con previsibilidad y reglas estables. Recalcó que el Gobierno propone un esquema de indemnización por despido basado exclusivamente en “un mes por año trabajado” y calculado sobre el salario básico, excluyendo adicionales. Además, la reforma incorpora una actualización clara de montos residuales: IPC más tres por ciento anual para los casos en litigio, de modo que empresas y trabajadores puedan anticipar cuándo y cuánto corresponde abonar en cada decisión judicial.
Al referirse a la organización interna, la senadora adelantó cambios en la movilidad laboral y en el diseño de las vacaciones, con contratos más alineados a los ciclos reales de producción y a la demanda regional. Subrayó que la actualización de los convenios colectivos eliminará la ultraactividad de los acuerdos de 1975 y abrirá la posibilidad de pactos por empresa, rama o establecimiento.
“Queremos jueces laborales de la ley”
El proceso de reforma también incluye aspectos judiciales. Ante consultas de los asistentes, Bullrich explicó que la propuesta prevé la transferencia de competencias de la Justicia Nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Afirmó que la Corte Suprema de Justicia ya aprobó ese traspaso y que el objetivo final es incorporar jueces laborales que se rijan estrictamente “por la ley, no a favor de empresa o sindicato”, lo que, según sostuvo, mejorará la imparcialidad y el funcionamiento del sistema.
Bullrich aportó casos personales para ejemplificar las dificultades de la gestión estatal de los conflictos laborales. Mencionó su paso por el Ministerio de Trabajo y señaló que durante años hubo decisiones judiciales que beneficiaron a una sola parte. Aseguró que la nueva selección de jueces buscará incorporar criterios objetivos y probos en la resolución de litigios, por encima de favoritismos.
El encuentro con empresarios sirvió también para detallar los principales incentivos fiscales previstos. La senadora anunció la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FALN), al que las empresas destinarán el tres por ciento de sus contribuciones patronales para afrontar pasivos laborales como despidos o jubilaciones. Ratificó que este mecanismo da seguridad ante ventas, sucesiones o cierres, ya que al comprar una empresa el fondo permanece en la compañía y cubre los pasivos laborales previstos.
Bullrich explicó que la agenda oficial elimina impuestos internos a seguros, telefonía, automóviles, embarcaciones y aeronaves, y reduce la carga fiscal para incentivar la compra de maquinaria e inversiones entre ciento cincuenta mil dólares y treinta millones de dólares. Explicó que el nuevo régimen permitirá la devolución acelerada del IVA en tres meses, la amortización acelerada de ganancias y menor presión sobre aportes patronales para quienes generen nuevos puestos de trabajo.
La funcionaria destacó que la iniciativa busca un crecimiento sostenido de las empresas argentinas en la próxima década. “Queremos que cada una de las empresas del país, de los comercios, de los servicios, en diez años tenga siete sucursales”, afirmó. Aclaró que el objetivo no es que las pymes se estanquen, sino que pasen de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, con más exportación, innovación e incorporación de personal registrado.
En materia de regularización laboral, la propuesta contempla la condonación de deudas y un reconocimiento previsional de hasta sesenta meses para trabajadores no registrados, aplicable únicamente a nuevas incorporaciones verificables. Para la economía colaborativa, Bullrich puso el ejemplo de las plataformas digitales, donde cerca de quinientas mil personas trabajan como monotributistas y, bajo la reforma, accederán obligatoriamente a seguros por riesgo laboral.
Por último, la senadora afirmó que el Gobierno impulsa una reforma impositiva amplia, coordinada con provincias y municipios, para eliminar tributos locales que complican la actividad comercial. Subrayó que tasas como ingresos brutos en algunos distritos no están vinculadas a servicios concretos y terminan desalientando la inversión y la generación de empleo formal.
En una de las preguntas finales, Bullrich se refirió además a un nuevo pacto fiscal que el Gobierno buscará acordar, para que gobernadores e intendentes se comprometan a no crear ni subir tasas que no ofrezcan una contraprestación real.
Temas Relacionados
Patricia BullrichPaolo RoccaPropymesreforma laboralúltimas noticiasEconomía-Argentina
