Para el Gobierno, el escándalo relacionado con el token $LIBRA es un asunto cerrado. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron un decreto que disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), encargada de compilar información sobre la operación del criptoactivo, en la que se vieron involucrados tanto el mandatario como su círculo más cercano, en medio de denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 332/2025. La UTI, bajo la supervisión de Cúneo Libarona, fue creada el 25 de febrero pasado, tras el revuelo político suscitado por Milei al promover $LIBRA a través de sus redes sociales. Horas después, se constató que el valor del criptoactivo se desplomó, afectando considerablemente a los inversores que habían apostado por el activo digital.
En respuesta a las denuncias y la presión de la oposición para investigar al mandatario, el Poder Ejecutivo estableció la UTI para colaborar con el Poder Judicial, a raíz de los pedidos de información realizados por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos.
Sin embargo, el trabajo de la UTI duró menos de tres meses, y el Gobierno optó por cerrar la unidad, argumentando que la tarea “fue cumplimentada” y que la información ya “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF).
La decisión se produce a solo dos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, se alzó con el triunfo al obtener el 30% de los votos, superando a Leandro Santoro (27,3%), representante del peronismo porteño, y a Silvia Lospennato, del PRO (15,9%).
A pesar de que la victoria en la ciudad fue un respaldo a la Casa Rosada, la oposición planea intensificar su ofensiva este miércoles, tras solicitar una sesión en la Cámara de Diputados para tratar un temario que incluye, entre sus tres puntos principales, la resolución de las autoridades de la Comisión $LIBRA. En el debate legislativo, también se abordarán proyectos relacionados con el aumento de las jubilaciones, un bono jubilar, una nueva moratoria y la designación de nuevos miembros para la Auditoría General de la Nación (AGN).
Por otro lado, la Justicia ya ha solicitado información al Banco Central y a otras entidades sobre el estado patrimonial del presidente, Javier Milei, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación sobre el criptoactivo. Esta medida, que se lleva a cabo bajo secreto de sumario y está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, busca determinar si hubo algún beneficio económico en la promoción del activo digital.
Además, la imputación contra el presidente incluye presuntos actos de corrupción, con cargos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por un plazo de 90 días respecto a tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario vinculado al mundo cripto con cercanos vínculos con Milei; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum, también relacionado con el jefe de Estado.
La inhibición también abarca a familiares directos de Novelli, luego de que surgieran imágenes de cámaras de seguridad que podrían demostrar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana, poco después de lanzarse el criptoactivo.
Las imágenes corresponden al primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei, el 17 de febrero de 2025, y muestran a la madre y la hermana de Novelli -María Alicia Rafaele y María Pía Novelli- ingresando a la sucursal Martínez del Banco Galicia con bolsos aparentemente vacíos, y saliendo una hora más tarde con esos mismos bolsos, aparentemente llenos de dinero.
Las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial poco después, confirmándose que se encontraban vacías.
La Fiscalía investiga si los movimientos registrados en video constituyen una maniobra para ocultar activos generados a partir de la operación con el activo basado en tecnología blockchain.
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