CÓRDOBA.- Desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la última baja de retenciones, conocida este martes, un productor de soja en campo propio de la zona núcleo verá una mejora de US$76 en su margen neto por hectárea, mientras que un arrendatario de esa misma región obtendrá US$38. En la zona extrapampeana, el propietario registrará un aumento de US$58 y quien alquila la tierra, de US$52. Ese impacto en la rentabilidad agrícola para la campaña 2025/26 es el que estima Franco Artusso, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, quien contempló el nuevo esquema fiscal. Las alícuotas están entre 27% y 37% por debajo de las de 2023. Además, en los últimos dos años el Gobierno le devolvió al campo por este concepto US$1950 millones.
El economista aclara que el efecto no es homogéneo y depende de las características de cada productor. Sobre esa base distingue por zona y por régimen de tenencia de la tierra. En todos los casos asume una escala de 500 hectáreas, una rotación 50% soja–50% maíz y rendimientos medios por región.
De la comparación entre ambos escenarios surge que, según la zona y el régimen de tenencia, el esquema tributario vigente implica una mejora de entre US$38 y US$76 por hectárea en la rentabilidad neta respecto de lo que se habría registrado en 2025/26 si las alícuotas de las retenciones no hubieran bajado.
Esto se explica por una reducción de la carga tributaria total —entendida como el porcentaje de la renta generada (ingresos menos costos) que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos— de entre ocho y 20 puntos porcentuales, según el caso.
Artusso, quien reconoce la importancia de la medida tomada por el gobierno nacional, advierte que aun así la carga tributaria “continuará siendo muy elevada” en 2025/26: entre 53% y 73% para propietarios y arrendatarios de zona núcleo y entre 67% y 123% para los de la región extrapampeana. Plantea que, con el peso de los impuestos superando el 50%, “significa que, en dólares por hectárea, el productor seguirá pagando más por tributos que lo que logre conservar como margen neto” el próximo año.
Añade que el hecho de que la carga tributaria resulte superior al 100% para arrendatarios de la zona extrapampeana implica que los impuestos “siguen haciendo inviable a la actividad”, dado que los márgenes son negativos tanto para propietarios como para arrendatarios.
La carga tributaria “continuará siendo muy elevada” en 2025/26: entre 53% y 73% para propietarios y arrendatarios de zona núcleo y entre 67% y 123% para los de la región extrapampeana
Para el economista, estos datos muestran “la importancia de continuar con el proceso de reducción” de las retenciones, porque muchas de esas tierras que hoy no son rentables por los impuestos —zonas marginales, de menor productividad y mayor distancia a los puertos, especialmente si pagan alquiler— podrían volver a serlo y reactivar la expansión de la frontera agrícola.
“Si bien la reducción de alícuotas fue pequeña y queda mucho camino por recorrer (sobre todo en el caso de la soja), lo importante es que se anuncien reglas claras y permanentes y se eviten medidas transitorias, como algunas de las que se observaron este año”, detalla.
En su informe, Artusso también estima la recaudación por derechos de exportación (DEX) sobre granos y sus derivados en 2026 con alícuotas que están entre un 27% y un 37% por debajo de las de 2023. Los ingresos por esa vía rondarían los US$5030 millones, contabilizando únicamente productos agropecuarios y sus derivados. Si se hubieran mantenido las tasas de fines de 2023, la recaudación habría ascendido a casi US$7000 millones, suponiendo constantes los volúmenes de producción y exportación.
En 2026 la recaudación por retenciones se ubicaría en US$5030 millones
Es decir, las modificaciones aplicadas en los últimos dos años implicaron una devolución cercana a US$1950 millones al complejo productivo. La reducción más reciente tendría un impacto fiscal anual de aproximadamente US$520 millones, equivalente a una cuarta parte del monto ya devuelto.
La baja de las retenciones, reseña, es “un esfuerzo fiscal significativo a nivel nacional, pero su impacto sobre la producción puede verse limitado si no existe una coordinación efectiva con provincias y municipios”.
En esa línea, Artusso sostiene que muchas veces, a nivel subnacional, se registran aumentos en alícuotas y tasas que “terminan neutralizando parte de la ganancia de competitividad buscada. Sin un esquema articulado de políticas tributarias entre niveles de gobierno, la capacidad de la medida para inducir mayor inversión y producción queda sustancialmente acotada”.
