La reacción del Gobierno nacional, horas después de conocido el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, fue inmediata y rotunda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en X un mensaje desafiante: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. La funcionaria sostuvo que la medida judicial pretende avanzar sobre una herramienta que, en su juicio, ordenó la calle y garantizó previsibilidad al funcionamiento de la vida pública.
Monteoliva vinculó en su mensaje la resolución judicial con intereses políticos: afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. Allí adelantó la línea oficial: “No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar”. Además defendió el dispositivo como un instrumento avalado por la experiencia reciente: “Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Esa postura se repitió en un comunicado del Ministerio de Seguridad titulado “SIN PROTOCOLO ANTIPIQUETES NO HAY ORDEN”. En el texto se resaltó que la Justicia “ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones” y que la mayor parte de la sociedad avala su utilización. El escrito afirmó que “el Protocolo es legítimo” y que permitió “garantizar la libre circulación” desde su puesta en marcha.
“El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”, afirmó la cartera. Al mismo tiempo, la cuenta oficial del Ministerio reafirmó la postura sin concesiones: “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.
El fallo que declaró nulo el protocolo
La respuesta oficial llegó tras la decisión del juez federal Martín Cormick, que hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y declaró la nulidad de la Resolución 943/23, elaborada durante la gestión de Patricia Bullrich y mantenida cuando Monteoliva asumió. Según el magistrado, el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales por vía administrativa.
El fallo afirmó que la ilegitimidad del acto se configura “de manera manifiesta” y se apoyó en los artículos 1 de la ley 16.986 y 7 de la ley 19.549 para declarar la nulidad. Además, habilitó una vía penal para quienes se consideren afectados por la aplicación del protocolo: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad (…) deberán denunciar ante la Justicia en lo Penal”.
El CELS celebró el pronunciamiento y destacó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”. La entidad sostuvo que la resolución “se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la policía porque también modifica leyes procesales”. Añadió que “el Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.
Los antecedentes que quedaron bajo la lupa
La discusión judicial irrumpió tras un año de intensa aplicación del protocolo en las calles. Su último uso masivo tuvo lugar a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Para esa fecha Monteoliva ya dirigía el Ministerio, aunque las fuerzas seguían actuando según los criterios fijados en la Resolución 943/23.
Uno de los episodios más delicados ocurrió el 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo fue alcanzado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta cerca del Anexo del Senado. Grillo aún no se ha recuperado por completo y continúa internado en un centro de rehabilitación. El caso permanece en investigación penal y es un ejemplo concreto del impacto del protocolo en la práctica.
El fallo contó además con el respaldo de dirigentes sindicales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla” y definió la sentencia como “un gran avance contra la represión”. A su juicio, la intervención judicial “pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, aunque llega tarde: “Si se hubieran animado antes, se hubieran evitado más de 1400 heridos en las manifestaciones”.
JD / EM
