“Las imágenes de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe presentan una realidad cada vez más habitual: armas, drogas y dispositivos de Mercado Pago.” Con esta declaración, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, avivó la controversia pública entre el gobierno provincial y la empresa Mercado Libre tras el anuncio de la plataforma de diferenciar la carga impositiva provincial y nacional en sus servicios de compra-venta y pagos digitales.
La disputa se originó el martes, cuando Mercado Libre anunció que, a partir del 8 de julio, su plataforma y la aplicación Mercado Pago mostrarían de manera discriminada los impuestos nacionales y provinciales en cada transacción.
El propósito es hacer más transparente la carga impositiva de cada jurisdicción, un tributo que ha sido objeto de críticas por parte de comerciantes y empresas, debido a las distorsiones y el encarecimiento de precios que provoca.
Según la compañía, esta decisión responde a las crecientes disparidades en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias, lo que ha dificultado mantener cargos uniformes para la venta en la plataforma a nivel nacional.
“Hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las crecientes diferencias en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes operan y compran en aquellas con menor carga impositiva”, explicó la firma en su comunicado.
La medida implica que, en la práctica, los costos para los vendedores podrían disminuir en provincias como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa o Santiago del Estero, mientras que aumentarían en jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe o Jujuy, donde los gravámenes de Ingresos Brutos superan el promedio nacional.
Las provincias aplican alícuotas del Impuesto sobre Ingresos Brutos de entre 3% y 9% a los servicios financieros ofrecidos en sus jurisdicciones. Este tributo afecta a cada comisión cobradas por las billeteras virtuales y, en algunos casos, por los bancos, lo que encarece las operaciones formales y dificulta la reducción del uso de efectivo en las economías locales.
Santa Fe posee la tasa más alta, con 9%, seguida por Jujuy (7%) y Córdoba (6,75%). En ciertos distritos, la carga de Ingresos Brutos puede llevar a que estas empresas operen con márgenes negativos. El negocio fintech depende de gran escala y márgenes reducidos, por lo que una presión impositiva excesiva podría comprometer su continuidad.
Mercado Libre calificó este tributo como “un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización y genera mayores costos”.
Pocas horas después del anuncio, Pablo Olivares cuestionó la interpretación de la empresa y atribuyó la medida a una represalia. El funcionario explicó que la Gobernación había exigido a la firma de Marcos Galperín un mayor control en la concesión de dispositivos Point, argumentando que parte de los sistemas de la empresa se han visto implicados en actividades ilícitas.
“Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta en línea”, afirmó Olivares, quien acusó a la empresa de buscar “falsas excusas para discriminar precios a sus usuarios”.
En una publicación en la red social X, el ministro profundizó su argumento: “Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde comienzos de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entregan dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se han secuestrado dispositivos Point de Mercado Pago”.
Olivares subrayó la paradoja de que, mientras Mercado Libre facilita indirectamente transacciones relacionadas con el narcotráfico, el Estado provincial debe destinar recursos obtenidos de Ingresos Brutos para financiar políticas de seguridad y acciones policiales contra esas mismas actividades ilícitas.
