El Gobierno de Javier Milei se prepara para recibir noticias desfavorables desde Nueva York, especialmente del tribunal del distrito sur de Manhattan presidido por Loretta Preska, quien lleva a cabo el complejo y costoso juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
Según información a la que tuvo acceso Infobae, el fallo desfavorable podría llegar en las próximas horas, lo que genera preocupación en la Casa Rosada, donde están convencidos de la existencia de “buitres domésticos” que operan contra Argentina por diversas razones, ya sean políticas, coyunturales o económicas.
“Alimentan a los buitres con la mano. Argentina no renunciará a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para proteger los intereses de todos los argentinos”, aseguran fuentes cercanas al Presidente.
Se refieren a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, así como a exfuncionarios, estudios de abogados privados, analistas e incluso empresas que, según alegan, podrían estar actuando de manera insidiosa para beneficiarse en Vaca Muerta a expensas de una YPF que, aunque no es parte de la causa, podría verse afectada. Además, como parte de la estrategia, el Estado solicitará la intervención del Gobierno de Estados Unidos, tal como ocurrió el año pasado cuando Joe Biden se encontraba en la presidencia.
Aunque aún no se ha precisado la naturaleza del fallo inminente, hay múltiples asuntos pendientes sobre el escritorio de Preska. En los próximos días, deberá decidir si suspender la sentencia de entrega de las acciones. Las opciones podrían incluir: convocar a una conferencia con las partes en su despacho (o de manera virtual) para escuchar argumentos adicionales; suspender la sentencia a la espera de decisiones en casos relacionados; o acceder al pedido de Argentina para postergar la sentencia, permitiendo que el país recurra directamente a la cámara, con o sin condiciones. Si opta por alguna de estas líneas de acción, Argentina apelará buscando ese beneficio.
Todas estas tensiones podrían, eventualmente, derivar en un desacato para el país, si así lo solicita el demandante. También existe el riesgo de que se exija la presentación de una garantía, cuyo incumplimiento sería considerado un desacato directo.
Mega causa
Este es otro capítulo de la demanda por la cual el país fue condenado, en 2023, a abonar USD 16.000 millones. A esto se suma que la actual gestión heredó, junto al caso YPF, casi USD 30.000 millones en pasivos judiciales.
La extensa demanda, que lleva una década, tiene su origen en la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Se gestionó de manera incorrecta y ahora se enfrentan las consecuencias de esa mala praxis. Mientras se tramita la apelación del fallo, Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia multimillonaria, ha presentado nuevos pedidos ante Preska. Uno de ellos provocó un verdadero temblor en las últimas horas, cuando la jueza ordenó que el 51% de las acciones que el Estado posee en la empresa pasen a Burford como parte de pago.
Posterior a la última decisión de Preska, Kicillof ofreció una conferencia de prensa en la que explicó los detalles y defendió el proceso de expropiación del que fue protagonista como viceministro de Economía durante el gobierno de CFK.
Desde la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados del Estado encabezado por Santiago Casto Videla, destacó que los demandantes utilizan las palabras del gobernador para reforzar su posición ante Preska. “El lunes 7, los demandantes presentaron su oposición al pedido de suspensión del turnover efectuado por Argentina. En el escrito citaron y acompañaron una transcripción traducida de la conferencia del Gobernador Axel Kicillof, quien sigue entorpeciendo y empeorando la posición argentina”, informó el organismo.
“Resultan indignantes las maniobras de los ‘buitres domésticos’. Deberían guardar silencio. En la presentación de los demandantes hay un extenso anexo donde reproducen textualmente lo que dijo Kicillof. Utilizan su defensa en contra del país, parece que no necesitan otros argumentos. Asimismo, por diversas vías, se intenta propagar la idea de que existen divisiones entre los funcionarios responsables de establecer las estrategias para este caso, lo cual es erróneo; hay un gran trabajo en equipo y completa alineación”, expuso una alta fuente oficial en diálogo con Infobae.
El Gobierno no ocultó su descontento por las apariciones mediáticas de ex Procuradores, como Facundo Saravia Frías y Carlos Balbín, ambos durante el gobierno de Cambiemos. “No es momento de hablar, digan lo que digan. Tendrían que haberlo hecho en su momento. Ahora, no ayudan”, subrayaron.
Cómo sigue la estrategia
En estos momentos, el Gobierno está definiendo con rapidez cómo continuará su estrategia judicial, con más funcionarios incorporándose directamente al caso, o al menos más que meses atrás. Las reuniones son intensas en la Procuración, involucrando a funcionarios de la Casa Rosada, Economía y Cancillería, entre otros. ¿YPF participa en esas discusiones? Existen diversas versiones al respecto, pero ninguna confirmación oficial por parte de las partes. No la habrá: uno de los argumentos de Burford es demostrar el “alter ego” entre el Estado y la empresa; es decir, que son lo mismo. Una reunión oficial no haría más que fortalecer esa teoría.
Parte de la estrategia implica afirmar que no habrá negociación alguna con Burford. Esta postura no es nueva: es la misma que adoptaron los abogados del Estado durante los gobiernos que precedieron esta causa, incluyendo los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Burford envía señales de interés en negociar y afirmar que no le preocupan las acciones de la empresa, pero no obtiene respuesta. Fuentes cercanas al caso indican que el Estado no debería negociar, ya que sentarse con el principal beneficiario del fallo establecería un precedente desfavorable para Argentina. Otros expertos en la causa argumentan que, en su momento, Burford habría acordado por menos de una cuarta parte de la sentencia actual (que suma USD 2,5 millones en intereses diarios y ya supera los USD 17.000 millones).
“No se negociará nada. La estrategia es exclusivamente judicial ante la corte de Preska. Lo confirmó el Presidente: se llegará hasta las últimas consecuencias en las instancias judiciales. Hay mucha especulación en torno a una negociación, ya que hay muchos que pueden beneficiarse de manera considerable. Aquí confluyen poderes políticos, corporativos y del sector petrolero”, sostienen en el Gobierno.
Los argumentos oficiales se centran en la “naturaleza excepcional del caso”, que no se trata de una disputa comercial normal y que podría ocasionar un “daño irreparable e incumplimiento legal”: la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y a perder el control sobre YPF de forma irreversible.
Simultáneamente, los abogados del Estado esperan que Preska no se pronuncie sobre el pedido de suspensión de la medida y que, así, puedan presentar una apelación sólida. “Y estamos trabajando en el frente internacional. En su momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció a favor del país y estamos negociando para que eso se repita. Y no se trata de amiguis, esta sentencia es problemática porque sienta jurisprudencia al permitir que Estados Unidos interfiera en otros estados soberanos. Queremos reforzar ese pedido”, expresó el Gobierno.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de EEUU recomendó a Preska que desestimara la solicitud de Burford para quedarse con las acciones de YPF. En la presentación, firmada por Damian Williams, fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se afirma que conceder la orden de “turnover” solicitada por los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana del país. ¿Se repetirá esta posición si Donald Trump es presidente?
La Cancillería está trabajando en este asunto, según pudo conocer este medio. Se podría solicitar que otros países actúen como amicus curiae en favor de Argentina, como sucedió anteriormente en este caso con Uruguay, Paraguay y otros. También se están considerando solicitudes formales a países europeos. La diplomacia avanza para definir los nombres.
A la luz de los fallos de Preska hasta la fecha, la estrategia internacional no ha evitado decisiones desfavorables multimillonarias ni órdenes de entrega de las acciones de YPF. En las próximas horas, se anticipa otro revés.
