Mediante un decreto que será publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ha decidido establecer la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo que unificará la gestión de cinco hospitales nacionales. Su dirección estará a cargo de Diego Masaragian, actual director de Hospitales en el Ministerio de Salud de la Nación.
La ANES será responsable de la administración de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esto significa que la entidad concentrará en un único espacio la gestión administrativa, financiera y jurídica de estos centros de salud. No obstante, cada hospital mantendrá una Dirección Ejecutiva Médica particular, acorde a su especialidad o estructura asistencial específica.
Este decreto es uno de los tres que se oficializarán en el Boletín Oficial este martes, justo al final de las facultades delegadas administrativas que el Gobierno obtuvo mediante la Ley Bases.
A este decreto se suma la integración del Instituto Nacional del Cáncer (INC), una medida ya anunciada hace meses. Así, las funciones que antes estaban a su cargo se transformarán en una unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud. “El INC ya operaba con personal, presupuesto y líneas de trabajo dentro del Ministerio. Esta medida no interfiere en la continuidad de los programas ni en el equipo profesional a cargo de los mismos; simplemente optimiza su estructura organizativa”, explicaron fuentes oficiales.
También se contempla en esta normativa la supresión del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). “Fue creado por ley en 2015, pero nunca se puso en marcha: carecía de sede, personal y presupuesto asignado. Su estructura solo existía en el ámbito normativo”, afirmaron en Salud.
En la edición del Boletín Oficial de hoy se decidió, en otro decreto, integrar (y en consecuencia disolver) el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) a la esfera del Instituto Malbrán. “Ya desarrollaba allí la mayor parte de sus actividades, y esta medida busca evitar la duplicidad de funciones”, justificaron voceros oficiales.
En otra normativa distinta, Milei ha decretado la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales del ministerio. Asimismo, derogó la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC, tales como el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.
Los hospitales mencionados anteriormente son diferentes a los cinco abarcados en el primer decreto, ya que tienen una estructura jurídica distinta: son entes jurisdiccionales, lo que implica que son administrados tanto por el Gobierno Nacional como por otros distritos. Cada uno cuenta con sus respectivos consejos de administración, que definen sus propios procesos de gestión, licitación y operativos.
El nuevo organismo de Salud que creó el Gobierno
Al indagar sobre los motivos detrás de la creación del organismo, altas fuentes del sector Salud destacan que una de las razones fue “la detección de graves irregularidades en los procesos de licitación, servicios tercerizados y compra de insumos, evidenciadas por auditorías realizadas en el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales”, lo que motivó la unificación de los procesos de gestión para “eficientizar su uso”.
Un ejemplo que esgrimen es el de las licitaciones para insumos como medicamentos. “Cuanto mayor sea la cantidad disponible para comprar, más se disminuirá el precio por unidad”, afirman. Como caso extremo, mencionan una licitación de Omeprazol adjudicada antes de la actual administración a 400 veces el precio de farmacia. Observan que, en promedio, los medicamentos presentaban un sobreprecio del 200%.
Meses atrás, se implementó un primer cambio en el proceso de licitaciones, exigiendo que quienes la formulen utilicen el precio de referencia reflejado en el listado Kairos, que es una guía de medicamentos y remedios en el ámbito farmacéutico y sanitario. La última recomendación es que se considere el precio de salida del laboratorio. Esto plantea un alto nivel de complejidad, ya que se deben estimar los costos, algo que las empresas no están obligadas a informar.
Si efectivamente se logra implementar este nuevo parámetro, el precio de referencia ya no tomará en cuenta el proceso de distribución logística ni la venta en farmacias, lo que son eslabones esenciales en la cadena de comercialización de medicamentos y, lógicamente, incrementan el precio final en las góndolas.
Para evaluar esta situación, altos funcionarios del ministerio sostienen: “Cuando el Estado adquiera conforme a ese parámetro, no es necesario licitar toda la cadena. El Ministerio de Salud dispone de sus propios servicios logísticos. Creemos que podemos utilizarlos o, en su defecto, licitar un proceso de distribución complementario”.
“La ANES no supone la creación de nuevas instituciones, sino la consolidación de cuatro organismos existentes en una única entidad descentralizada. Esta unificación permitirá reducir estructuras innecesarias y facilitar la normalización de precios en la adquisición de bienes y servicios”, enfatizan.
A través de este organismo descentralizado también se gestionarán las licitaciones de servicios como seguridad, limpieza y alimentación, un aspecto relevante en relación al presupuesto asignado a cada uno de los cinco hospitales. “Planeamos que la licitación sea única para los cinco hospitales”, aseguran fuentes confiables, aunque podrán existir excepciones en casos particulares.
Esto probablemente implique una reducción en la cantidad de trabajadores contratados. En Salud creen que cada hospital tenía una “sobrecarga de personal” en los pliegos. “En seguridad hay mucha tecnología que se puede implementar. Se puede crear un sistema de alarmas que reduzca la cantidad necesaria de personal”, justifica una funcionaria libertaria.
“Los recursos son limitados y la eficiencia en su uso se ha convertido en un imperativo. Lo contrario implicaría la vulneración de derechos fundamentales de la población y de los contribuyentes”, concluye un comunicado oficial emitido por voceros del Gobierno.
