El Gobierno presentó este jueves un paquete de medidas que flexibiliza los controles sobre el uso de dólares “bajo el colchón”, conocido entre los libertarios como el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Esta iniciativa se ejecutará en dos etapas: la primera consiste en desregulaciones y ajustes que se implementarán mediante un decreto presidencial, mientras que la segunda se enfocará en un proyecto de ley que busca proteger estos cambios normativos, evitando que sean alterados con facilidad por futuras administraciones nacionales.
Con estas medidas, el Poder Ejecutivo podrá realizar gran parte de las transformaciones a su criterio, ya que estarán al alcance de decretos, resoluciones o normativas de las distintas áreas involucradas, como la Agencia de Recaudación y Control Tributario (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta información ya ha sido comunicada y las medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de junio de este año.
Quedan aún detalles por definir en la segunda fase. El proyecto de ley que el Gobierno desea presentar incluye modificaciones a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario, aspectos que solo pueden ser ajustados a través del Congreso.
“Expresamente, se reducirá el plazo de prescripción y se blindarán los derechos de los argentinos que se adhieran a este régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias,” explicó esta mañana el titular de ARCA, Juan Pazo, quien estuvo acompañado en la presentación por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli.
“Si bien aún no está listo, será pronto”, afirmaron otras fuentes de la Presidencia. De hecho, la medida presentada esta mañana no fue completamente conocida ni por altos funcionarios del Poder Ejecutivo, ni por quienes deberán negociarla en la Cámara de Diputados, ni siquiera por los bloques aliados al oficialismo.
El proyecto no necesita un tratamiento acelerado. Desde la perspectiva del Gobierno, sería ideal que se aprobara lo antes posible, aunque son conscientes de que, con la proximidad de las elecciones nacionales, la actividad legislativa disminuirá progresivamente.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció hace días en el Amcham Summit que el Gobierno no podrá imponer algunas de las reformas más importantes que tiene en mente, como las laborales, previsionales o impositivas.
No obstante, desde ese sector aseguran que las probabilidades para este proyecto son diferentes. “Nos encontramos bien con los números en este tipo de asuntos”, afirman. Por su parte, una alta fuente de la Casa Rosada reconoce que considera “muy probable” que el proyecto tenga éxito, y que, en caso contrario, se intentará nuevamente después de los cambios legislativos.
La relación entre La Libertad Avanza y los bloques del PRO y la UCR se ha reactivado tras las elecciones porteñas, donde los libertarios fueron reconocidos como el eje conductor del espectro político que va del centro a la derecha. Según informó Infobae, los líderes de bancada de ambos espacios, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, se comprometieron a respaldar a la Casa Rosada en las propuestas que pretendan llevar al recinto.
Sin embargo, aún es incierto cuánto esfuerzo destinarán y cuál será el margen para que se apruebe en ambas cámaras. Desde los bloques aliados reconocen que la medida es considerablemente más “aceptable” que lo que se anticipaba anteriormente, pero esperaban que el Ejecutivo les presentara los borradores de la iniciativa, ya que no tenían conocimiento de que los libertarios estuvieran elaborando un proyecto de ley. “No sabemos qué contiene”, afirma un influyente legislador.
Con el apoyo de los amarillos y los radicales no se alcanza para lograr mayoría en ninguna de las cámaras. La clave para la aprobación está en lo que puedan acordar los libertarios con los gobernadores, quienes ayer fueron cruciales para evitar que la oposición en contra del Gobierno obtuviera quórum para tratar leyes previsionales que podrían haber puesto en riesgo el objetivo de superávit fiscal, tan valorado por el Ministerio de Economía, así como el nombramiento de los directores de la Comisión Investigadora $Libra.
El Gobierno busca establecer alianzas con opositores dialoguistas y gobernadores para tres objetivos: movilizar iniciativas, rechazarlas o impedir que se logre el quórum necesario para iniciar la sesión. Algunos suelen acordar en casi todos los casos, mientras que otros sólo colaboran según la situación.
Por ejemplo, quienes contribuyeron a no dar quórum el miércoles fueron diputados cercanos a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba). Este número ha demostrado ser más amplio en otras iniciativas consideradas clave para el oficialismo, como la Ley de Bases o la preservación de diferentes vetos presidenciales.
“Muchos gobernadores están predispuestos a colaborar con el Gobierno para permitir gobernabilidad, especialmente con una medida económica que podría reactivar las economías regionales”, indican desde Diputados. Aseguran que mientras la iniciativa no afecte la coparticipación, “dificilmente enfrentarán presión social”. Además, consideran que será más costoso para la oposición oponerse a este tema.
En una de sus declaraciones de esta mañana, Pazo afirmó que las provincias “tendrán incentivos para garantizar su aprobación” debido a los posibles beneficios que podría traer la nueva normativa tributaria. Algunos de los gobernadores, sin embargo, han respondido que estaban ajenos a esta situación: “Están más preocupados por la caída de la recaudación y ven un panorama complicado debido a la disminución de la coparticipación.”
