El Gobierno nacional valora la decisión tomada hoy por el juez federal Daniel Rafecas de iniciar el juicio en ausencia para los diez acusados del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un acontecimiento que marcó la historia argentina el 18 de julio de 1994. Según datos oficiales, esta resolución es consecuencia de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA) y da inicio a una etapa largamente demandada por organizaciones de víctimas y familiares tras tres décadas sin respuestas judiciales sobre el ataque que causó 85 muertes y más de 150 heridos.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró públicamente el fallo y subrayó la importancia de la nueva normativa que permitió avanzar en el expediente. “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que promovimos, la Justicia ahora cuenta con las herramientas necesarias para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”, afirmó el funcionario. Durante sus declaraciones, destacó el alcance de la medida al considerar que, de esta manera, “podremos juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah que están prófugos y que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”.
La decisión del juez Rafecas representa un cambio significativo en el expediente, dado que los principales sospechosos siguen fuera de la Argentina y, según la investigación oficial, no se han presentado ante la Justicia a pesar de los constantes pedidos de captura internacional. La implementación del juicio en ausencia, respaldada por la reciente normativa, permite que el proceso avance aun sin la presencia física de los acusados, una modalidad concebida para evitar que delitos de lesa humanidad o terrorismo queden impunes.
El Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, señaló que la norma establece un precedente en la política criminal del país en relación a crímenes sin prescripción. “La ley de Juicio en Ausencia previene la impunidad de los crímenes y, en última instancia, brinda justicia a los familiares de las víctimas tras más de 30 años de espera”, afirmó el funcionario. Amerio enfatizó que la herramienta legal fue diseñada para que la falta de extradición o la negativa de otros países a entregar a ciudadanos señalados como responsables no impida el avance judicial local. “Cuando afirmamos que estamos dotando a la Justicia de herramientas para hacer justicia con los delincuentes, nos referimos a esto”, sostuvo.
El apoyo del Ejecutivo a la labor judicial se produce en un contexto de reclamos históricos por parte de víctimas y organismos de derechos humanos que han exigido la implementación de procedimientos excepcionales para casos de terrorismo internacional. Las autoridades subrayaron que la introducción del juicio en ausencia responde a “una deuda pendiente del Estado argentino” en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron afectados por el atentado de 1994.
La resolución difundida este jueves incluye la notificación internacional a través de canales diplomáticos y la implicación de organismos de cooperación policial, con el objetivo de garantizar las garantías procesales y el derecho de defensa de los acusados ausentes. Al mismo tiempo, la UFI AMIA avanzará con medidas probatorias para reconstruir los hechos y definir las responsabilidades individuales de los imputados por el atentado.
La normativa establece que, ante la incomparecencia injustificada de los sospechosos, el proceso penal podrá llevarse a cabo con la designación de defensores oficiales y la producción de pruebas que permitan, eventualmente, emitir una sentencia sobre la responsabilidad en los hechos. Fuentes judiciales indican que la decisión de Rafecas se basa en tratados internacionales firmados por Argentina y en la legislación local promovida en los últimos meses por el Ministerio de Justicia.
El Gobierno nacional reiteró, en diversas comunicaciones, su compromiso de intensificar la lucha contra el terrorismo y de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para llevar ante la justicia a los responsables de ataques masivos. Esta decisión se considera un avance hacia la resolución definitiva del atentado a la AMIA, que sigue impune más de tres décadas después de su ocurrencia.
Según la información divulgada, el procedimiento judicial incluirá audiencias públicas, intercambio de documentación con organismos internacionales y la participación de familiares y representantes de las víctimas, quienes han expresado su apoyo a la aplicación del juicio en ausencia como una vía para finalmente alcanzar una resolución judicial tras años de retrasos en las investigaciones.
La resolución adoptada por el juez Rafecas cumple con las exigencias del derecho internacional y asegura el debido proceso, indicaron voceros judiciales, quienes anticiparon que los próximos pasos incluirán la citación formal de los acusados y la continuación de la investigación bajo las normativas establecidas por la nueva legislación.
El anuncio de este jueves marca un hito en la causa AMIA, abriendo la posibilidad de que los mismos responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten por primera vez un proceso formal, independientemente de su presencia física en los tribunales del país. Autoridades nacionales, familiares de las víctimas y organizaciones comunitarias seguirán de cerca el desarrollo de esta etapa, en espera de avances concretos en la búsqueda de justicia.
La medida adoptada por el juez Rafecas, solicitada por la UFI AMIA y respaldada por el Ejecutivo, forma parte de un conjunto de acciones impulsadas para erradicar la impunidad en crímenes de terrorismo, en un contexto regional donde expertos advierten sobre la importancia de fortalecer la vigilancia y la cooperación internacional en materia penal.
