CÓRDOBA.- La reciente aprobación oficial del uso “voluntario” de biocombustibles “en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles” en embarcaciones fluviales y marítimas ha sido bien recibida por el sector, aunque hay voces que sugieren que la misma lógica debería aplicarse para la autorización de vehículos con tecnología flex que ya se producen en el país.
Marcelo Kusznierz, consultor y gerente de Relaciones Institucionales de Doble L Bioenergías, una productora instalada en Santa Fe, elogió en sus redes sociales a la Secretaría de Energía por ser “pragmática con las energías que requiere el mundo”. Desde las pymes del sector, indicaron a LA NACION que esa es la postura de la industria, aunque aclararon que todavía esperan detalles sobre la implementación.
La normativa que permite el uso de biocombustibles para satisfacer la demanda de combustible en el sector marítimo no establece una mezcla obligatoria, como sucede con las naftas y el gasoil para los vehículos del parque automotor argentino. La utilización de biocombustibles en este sector será libre, y el precio será determinado por la negociación entre los actores privados, sin regulación.
Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, explicó que la legislación argentina no contemplaba este uso y que gracias a “gestiones iniciadas” por Explora, una productora de Santa Fe controlada por el grupo Endriven, se logró la resolución 252/2025 que lo habilita. Así, se eliminó el límite de mezcla previamente existente, derogando la prohibición estipulada en la Ley 27.640, añadió.
La normativa establece la figura regulada del “Operador de Búnker” en el Registro de Biocombustibles. Esto significa que las empresas ahora pueden registrarse para suministrar combustible a buques (bunkering) que incluyan biocombustibles, siempre que cumplan con ciertas exigencias de almacenamiento, trazabilidad, calidad y compatibilidad técnica.
“Esta actualización normativa reconoce explícitamente que los biocombustibles reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, y afirma que se pueden utilizar en estado puro”, puntualiza Boerr.
Para el experto, se trata de un “avance” para el sector, pero, aun en este contexto, subraya que hay otros aspectos clave que la Secretaría de Energía ignora: “No está cumpliendo con la legislación vigente al publicar precios de biodiésel que no cubren los costos de producción, además de hacerlo de forma tardía, generando así un ambiente de incertidumbre –lo que en economía se traduce en una mayor tasa de interés–. Además, los precios se informan en pesos, a pesar de que el 85% de sus costos están denominados en divisas, dado que los commodities se transaccionan en dólares, y esto ocurre a pesar de los esfuerzos del propio Estado para que incluso los automóviles se vendan en dólares y en cuotas.”
El diputado Carlos Gutiérrez celebró la medida, pero exigió más: “¿El mismo criterio no debería aplicarse a los vehículos con tecnología flex? Que, además, se producen en Córdoba y están contemplados en la Ley 27.640”.
Sobre este punto, Gutiérrez agrega que el aumento de precios anunciado por YPF, justificado en los cambios de impuestos específicos sobre los combustibles, es “superior a lo necesario para la compensación y genera un margen adicional en el contexto de una empresa que ha obtenido más de US$2000 millones en plena emergencia energética.”
Asimismo, el diputado nacional cordobés del bloque Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, reiteró su celebración por la medida, pero insistió en la necesidad de avanzar más: “¿El mismo criterio no debería aplicarse a los vehículos con tecnología flex? Que, además, se producen en Córdoba y están contemplados en la Ley 27.640”.
Gutiérrez ha dejado en claro la necesidad de crear una nueva ley de biocombustibles que contemple el desarrollo de bioenergías como parte de una política de innovación sustentable, dado que el esquema actual tiene 19 años.
