El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia real ante el auge de las bicicletas eléctricas y el aumento de accidentes graves y víctimas mortales vinculados a estos vehículos, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de unidades ilegales en las principales ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y entidades educativas buscan estrategias para afrontar el fenómeno.
Según el diario británico The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 heridos en 2024 y 233 durante los primeros siete meses de 2025, además de cuatro muertes. En Queensland, las cifras preliminares consignan 239 siniestros y cuatro fallecidos en el mismo período. Las autoridades admiten que el número real podría ser mayor debido al subregistro de incidentes menores.
El repunte de accidentes desató un debate nacional sobre la conveniencia de prohibir estos vehículos, endurecer su regulación y reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas reconocen que, si bien las bicicletas eléctricas aportaron a la movilidad y al cuidado ambiental, el contexto actual muestra consecuencias preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, definió a estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y enfatizó la urgencia de “detener la entrada de estos vehículos al país”, otorgando a la policía autoridad para “retirarlos, destruirlos y eliminarlos”.
Su uso se aceleró tras la relajación de las normas de importación en 2021, que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Ben Boucher, estudiante de 16 años, dijo que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su trayecto escolar: “Simplemente es más fácil moverse“, declaró a The Guardian.
No obstante, advirtió sobre el riesgo de que menores desconozcan las normas de tránsito. Max, otro estudiante de 15 años, contó su experiencia en clases de educación vial, donde entendió la importancia del casco, aunque expresó su inquietud porque muchos compañeros y sus padres ignoran que estos vehículos pueden superar los 50 km/h.
En 2025, el gobierno federal fijó una potencia máxima permitida de 250 vatios y una velocidad límite de 25 km/h. Sin embargo, comerciantes y expertos sostienen que numerosos modelos eluden el control oficial.
Nueva Gales del Sur, que había autorizado motores de hasta 500 vatios, debió alinearse con los límites nacionales. Aun así, los usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades superiores.
El debate escaló a la política nacional. “Los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves“, advirtió Butler. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha desbordado.
Por su parte, la líder opositora Natalie Ward exigió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles”, y alertó sobre el avance de agrupaciones juveniles que medios llaman ebikie gangs. Estas posturas reflejan el desacuerdo sobre cómo gestionar una potencial emergencia sanitaria.
El fenómeno impactó en el comercio. Francisco Furman, dueño de Manly Bikes en Sídney, relató a The Guardian que, tras la muerte de un usuario en diciembre, las ventas cayeron en una temporada normalmente activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio“, explicó. Además, redujo su inventario ante la incertidumbre sobre cambios regulatorios futuros.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, propietario de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no alcanzarán para resolver el problema, porque muchas bicicletas pueden ser modificadas para superar los límites legales.
También afirma que continúa la venta de modelos ilegales para uso privado, que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los usan igualmente en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo“, aseguró.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa vigente. El comisionado adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, afirmó a The Guardian que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Además, los denominados rideouts, encuentros de ciclistas adolescentes organizados por , son objeto de nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne, estas reuniones han convocado a cientos de jóvenes y generado quejas de residentes y autoridades.
Las alternativas a considerar incluyen el refuerzo de los operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, impulsa un programa piloto de formación en escuelas con la intención de extenderlo a todo el estado.
La entidad sostiene que la intervención policial debe ser el recurso último y promueve informar a adolescentes, padres y comerciantes sobre la normativa vigente. Paralelamente, colectivos como Bike Life Australia colaboran con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de equilibrar la movilidad sustentable con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para numerosos comerciantes, la adopción de estas bicicletas ya es irreversible y sus consecuencias, tanto positivas como negativas, forman parte de la dinámica urbana nacional.
