El Gobierno ha acelerado el ajuste del gasto en la antesala de las elecciones para mantener controladas las cuentas públicas, tras un julio que concluyó con déficit financiero por el pago de deuda. En agosto, las erogaciones se redujeron un 5,5%; sin embargo, en el acumulado del 2025, el gasto muestra un aumento del 1,2%, un fenómeno que puede explicarse de manera puntual.
Así lo reveló un informe anticipado basado en datos oficiales de la consultora Analytica. En la comparación con el mismo período de 2024, uno de los principales cursos presupuestarios ejerció presión sobre la “motosierra”: la fórmula jubilatoria, que se activó automáticamente en abril del año pasado, está vinculada a la inflación y ha ido ganando protagonismo en el conjunto del gasto.
A lo largo de 2024, y con mayor intensidad este año, el gasto previsional comenzó a elevarse. Dado que la actualización jubilatoria se realiza con el índice de precios de dos meses previos (es decir, este mes se abonará un incremento del 1,9% debido al IPC de julio), en un contexto de desaceleración del ritmo de aumentos de precios, este desfase hace que el costo para las cuentas públicas se incremente.
Más allá de la comparación interanual, la dinámica del gasto en agosto mostró una caída del 5,5%, que según Analytica representa el mayor ritmo de recorte presupuestario en lo que va del 2025. Las jubilaciones crecieron en un 6% real, mientras que el gasto en obra pública se desplomó un 70% (respecto a un año que ya había experimentado recortes), los subsidios económicos disminuyeron un 41%, las transferencias a provincias cayeron un 25%, los gastos en bienes y servicios se redujeron un 20% y el gasto en personal, es decir, salarios públicos, aumentó un 8,5 por ciento.
En lo que va del año, el gasto ha crecido un 1,2%, y al desglosar ese dato se observa un aumento de las jubilaciones del 15%, una proporción similar para programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, debido a la misma razón de indexación de gasto que aplica a las jubilaciones. En el diagnóstico anual, las transferencias a provincias aumentaron un 85,8 por ciento.
Por el contrario, los subsidios han sufrido un desplome del 50% durante 2025 en comparación con los primeros ocho meses del año pasado. El gasto en salarios públicos creció un 9,5%, la obra pública se redujo en un 51,7%, y otros programas sociales (como Potenciar Trabajo o plan Progresar) casi alcanzaron una disminución del 20 por ciento.
El Gobierno presentó su propuesta preliminar para el Presupuesto 2026, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y proseguir con las políticas de ajuste necesarias para garantizar la sostenibilidad económica. En este contexto, uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la inclusión de una “regla fiscal”, que busca evitar un aumento desmedido del gasto público sin la correspondiente generación de recursos genuinos.
Esta regla funcionará mediante un mecanismo que ajustará automáticamente las partidas presupuestarias si los ingresos tributarios superan las expectativas. Simultáneamente, algunos capítulos del Presupuesto estarán sujetos a recortes en caso de que la situación económica resulte adversa.
Para 2025, el Poder Ejecutivo se comprometió a alcanzar un resultado positivo superior al proyectado a principios de año: un 1,6% del PBI, cifra que ya ha sido “oficializada” en la última revisión de metas acordada con el FMI. En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI.
El FMI estima que, en adelante, el Gobierno deberá avanzar en un ajuste más amplio. Para 2026, debido al aumento del peso de los intereses de la deuda, se requeriría un superávit primario del 2,2% del PBI para lograr el equilibrio financiero. Esta exigencia fue parte de las negociaciones recientes entre el Fondo y la Casa Rosada, que resultaron en diversos acuerdos.
Uno de los puntos acordados es que el Presupuesto 2026 incluirá un análisis integral de sostenibilidad y riesgos fiscales. También se incorporará como novedad un objetivo “estructural”: “institucionalizar” el déficit cero mediante una ley, norma que ya existe pero que deberá ser reformulada.
El Fondo también destacó que “se requerirá una disciplina fiscal rigurosa y constante, junto con reformas fiscales en materia de tributación, coparticipación de ingresos y pensiones, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo”. Además, proyectó que el superávit primario deberá aumentar al 2,5% del PBI hacia 2027, a medida que crezcan los pagos de intereses tras la eliminación de las restricciones cambiarias y el retorno a un financiamiento internacional.
