Este domingo el Gobierno nacional sufrió una significativa derrota electoral, atribuida, en gran parte, al intenso conflicto con los gobernadores. En este marco, lejos de buscar un diálogo constructivo, el Ejecutivo decidió vetar el jueves pasado la Ley Nº 27.794, sancionada el 20 de agosto de 2025 por el Congreso. Esta ley pretendía modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un reclamo histórico de los mandatarios provinciales.
La decisión se formalizó en el decreto presidencial 652/2025, en el que se argumenta la necesidad de “mantener la naturaleza discrecional de estos fondos, destinados a ser una herramienta excepcional para abordar emergencias y desequilibrios financieros provinciales, no como parte de la masa coparticipable de distribución automática”.
El proyecto vetado proponía que los ATN —creados por la Ley Nº 23.548— se distribuyeran según los coeficientes de coparticipación establecidos en esa normativa, incluyendo los porcentajes correspondientes a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa legislativa buscaba transformar la administración de los ATN, que hasta ahora había sido discrecional por parte del Gobierno Nacional, hacia un sistema de distribución automática entre las provincias. Sin embargo, para la Casa Rosada, esa reforma desvirtuaba la finalidad de esta herramienta de intervención rápida del Estado nacional y comprometía la discrecionalidad como mecanismo constitucional.
Veto presidencial a la Ley de Distribución de los ATN: aspectos clave para comprender el conflicto entre Nación y provincias
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Fin a la discrecionalidad: el objetivo principal era limitar el uso discrecional de estos fondos por parte del Ejecutivo. Los gobernadores denuncian que los ATN son utilizados como moneda de cambio en la negociación política, favoreciendo a provincias aliadas y perjudicando a las opositoras.
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Distribución automática: el proyecto de ley establecía que los fondos de los ATN, financiados con el 1% de la masa coparticipable y el 2% del Impuesto a las Ganancias, debían repartirse automáticamente de acuerdo con los coeficientes de coparticipación federal.
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Financiamiento para emergencias y necesidades provinciales: la reforma intentaba asegurar que los recursos, concebidos originalmente para asistir en situaciones críticas, llegaran de manera predecible a las provincias, sin depender de decisiones políticas circunstanciales.
No obstante, el veto de Javier Milei subrayó que transformar los ATN en un sistema de distribución automática privaría al Estado nacional de una herramienta fundamental para corregir desigualdades y responder a crisis específicas.
“La privación de este instrumento ante contingencias graves implica un deterioro concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”, sostiene el decreto, que además cita el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece un reparto solidario y equitativo.
Esta decisión presidencial ya había sido anticipada, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de los gobernadores, quienes interpretan el veto como un nuevo capítulo en la disputa por los recursos federales.
Tanto mandatarios opositores como oficialistas habían respaldado el proyecto de ley con el objetivo de lograr un reparto que, según su perspectiva, resulta más justo y previsible en el contexto de la complicada situación fiscal de varias provincias.
El reclamo por un esquema de redistribución automática de los ATN no es una novedad. Desde hace años, los gobiernos provinciales critican el criterio discrecional con el que el Ejecutivo nacional gestiona estos fondos, afirmando que, en múltiples ocasiones, las transferencias responden a afinidades políticas más que a necesidades objetivas.
La sanción de la norma en el Congreso, que contó con un respaldo transversal de distintos bloques, evidenció un consenso excepcional entre las provincias que ahora se ve frustrado por el veto presidencial.
Razones del veto presidencial a la distribución automática de los ATN
El veto presidencial reafirma la vigencia del artículo 5° de la Ley Nº 23.548, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de distribuir los ATN bajo la supervisión de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
Según la Casa Rosada, este diseño responde a una “necesidad estructural” del federalismo argentino, que requiere mecanismos ágiles para hacer frente a crisis repentinas. Como ejemplo, el Gobierno mencionó las transferencias extraordinarias realizadas en 2024 y 2025 para abordar emergencias hídricas, climáticas, económicas y alimentarias.
El veto también alude al Pacto de Mayo, acuerdo firmado por el presidente y varios gobernadores para revisar de manera integral el régimen de coparticipación federal. Según el Ejecutivo, cualquier modificación en la distribución de los ATN debe surgir de un consenso amplio entre Nación y provincias, en línea con el carácter de “pacto federal” que la Constitución asigna a la coparticipación.
“Aceptar modificaciones unilaterales al régimen de coparticipación implicaría desconocer el carácter de pacto federal”, advierte el decreto, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con este veto, el Gobierno no solo impide la reforma impulsada por los gobernadores en el Congreso, sino que reabre un debate más profundo sobre el federalismo fiscal argentino.
Los gobernadores, que requieren y solicitan un alivio financiero inmediato, ahora deberán decidir entre insistir en el Congreso para reunir los dos tercios necesarios y revertir la decisión presidencial o negociar un nuevo acuerdo con la Casa Rosada.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la solución no radica en “reformas parciales ni decisiones coyunturales”, sino en alcanzar un consenso duradero que permita reconfigurar todo el esquema de coparticipación federal.
NG
