Los gobernadores del bloque Fuerza Patria (FP), alineados con el peronismo, se congregaron este martes en la Casa de La Pampa para manifestar críticas conjuntas contra la reforma laboral presentada por el Gobierno del presidente Javier Milei. A pocos días de conocido el proyecto, reclamaron recuperar un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, al tiempo que anunciaron una agenda parlamentaria común para coordinar medidas.
Convocado por Sergio Ziliotto, el encuentro puso de manifiesto la unidad frente a la reducción de alícuotas en Ganancias, que según los mandatarios perjudica de manera directa la coparticipación y las finanzas provinciales. Señalaron que la reforma laboral “se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal” y alertaron que “cada decisión del actual Gobierno nacional agrava la situación”, generando tensiones económicas y financieras que repercuten en la prestación de servicios.
Asistieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora y el nuevo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. También participaron alrededor de 20 legisladores nacionales del PJ, incluidos Jorge Taiana y Santiago Cafiero, quienes respaldaron la postura de los mandatarios y se comprometieron a impulsar iniciativas en el Parlamento.
En su comunicado conjunto, los gobernadores subrayaron que el federalismo es un pilar esencial para lograr un desarrollo equilibrado y justo, y alertaron que el retiro progresivo del Estado nacional ha dejado a las provincias casi en soledad frente a la provisión de servicios públicos indelegables. Recordaron además que, desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, y advirtieron que nuevas medidas oficiales, como la reforma laboral en debate, podrían profundizar esa desigualdad.
A la vez, denunciaron incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización de obras públicas, factores que agravan las brechas territoriales. Exigieron que el federalismo sea abordado como una estrategia integral de desarrollo, inclusión y equidad, y ratificaron que trabajarán de manera coordinada en el Congreso para proteger los recursos provinciales, garantizar transparencia en la distribución de fondos y fortalecer la autonomía jurisdiccional.
Por último, remarcaron la necesidad de construir consensos entre provincias de distintas fuerzas políticas que aseguren políticas sostenibles y equilibradas, capaces de favorecer un crecimiento territorialmente inclusivo, y avisaron que el bloque FP permanecerá atento ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo la estabilidad financiera.
Qué cambios introduce y cómo impactan trabajadores y empresas
El paquete de reformas laborales impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei propone transformar de manera estructural las relaciones laborales en Argentina, con modificaciones que afectan de lleno a trabajadores y empresas. Incluye medidas de flexibilización de contrataciones, ajustes en compensaciones y limitaciones a derechos sindicales, con el objetivo declarado de reactivar el empleo formal, reducir la alta informalidad y mejorar la competitividad laboral.
Se plantea un mecanismo alternativo de indemnización, negociable entre empresas y sindicatos, destinado a bajar los costos de contratación y disminuir la litigiosidad laboral. Al mismo tiempo, se introduce el concepto de “banco de horas”, que permitiría acumular y compensar horas extras en períodos de menor actividad, con el supuesto consentimiento del trabajador, y ofrecería mayor flexibilidad operativa a las empresas.
En materia de negociación colectiva, la reforma propone limitar la ultraactividad de los convenios y favorecer la preeminencia de los acuerdos por empresa, de modo que las condiciones puedan adecuarse a la realidad de cada compañía por sobre los convenios de actividad. Se complementa con la posibilidad de pactar una jornada laboral de hasta 12 horas y con la figura de la “negociación dinámica” del salario, que habilita el pago de bonos o premios vinculados a la productividad y al cumplimiento de metas.
Otros puntos destacados incluyen la extensión del período de prueba a seis meses y la autorización para fraccionar las vacaciones. Además, se busca encuadrar el trabajo en plataformas digitales bajo un régimen de autónomos con acceso a seguros, promover un blanqueo laboral con descuentos en contribuciones patronales para las empresas que amplíen su plantel, permitir el pago de sueldos en moneda extranjera y establecer una limitación al derecho de huelga mediante la ampliación de los servicios considerados esenciales.
El Gobierno defiende la reforma argumentando que la “incertidumbre jurídica” frenó el empleo privado formal y que el elevado costo de contratación impulsó la informalidad, que supera el 43% de los trabajadores. No obstante, los especialistas discrepan sobre el efecto real de estas medidas en la generación de nuevos puestos.
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